La oposición pediría la Intervención Federal a la Justicia
La crisis judicial desatada por las denuncias realizadas por el Juez del Tribunal de Impugnación Enrique Pedicone contra el Vocal de la Corte Suprema Daniel Leiva avanza y ya comienzan a avizorarse nuevos planteos ante el anuncio realizado por el Diputado Nacional José Cano de solicitar el juicio político y eventualmente la intervención Federal de la Justicia tucumana.
Cano consideró que esta situación parece los bolsos de López donde lamgente está viendo algo que se hablaba en los corrillos judiciales pero ahora ya lo puede apreciar por si solos”.
Para el Diputado Nacional se observa una reacción desmedida piden estado de causas violentando el derecho a debida defensa por parte de Ricardo Bussi y que tiene todo ciudadano. “Como sociedad debemos exigir la renuncia del vocal” dijo al tiempo que informó que tienen previsto presentar un pedido de Juicio Político contra el Vocal de laCorte Daniel Leiva e incluso evaluamos la posibilidad de solicitar la intervención Federal de la Justicia tucumana”.
Cano reseñó que el problema se origina cuando el Gobernador José Jorge Alperovich derogó el decreto que administraba la selección de jueces y dejó como “único requisito el de pasar por la oficina de Pirincho Jiménez para ocupar un cargo, obvio que el nombramiento sólo era para los que demostraban pertenencia política”. “Esta es la única forma que se explica que una persona ladera de Osvaldo Jaldo y que demoró 20 años en recibirse de la noche a la mañana ocupara un lugar en la Corte Suprema de Justicia”, acotó.
En el seno de la oposición se estructura la estrategia jurídica contra el escándalo basándose en que Daniel Leiva está en la comisión de Juri de Enjuiciamiento como representante de la Corte (juzga a los jueces acusado por la comisión de juicio político), junto al fiscal de Estado (Nazur ), al Dr. Esteban Jerez representante del Colegio de Abogados y cinco Legisladores (Bussi esta también), por lo que más allá de los cuestionamientos éticos contra Jerez se observa una crisis institucional que evita el debido proceso.
