Perseverancia, el libro que ubica a Daniel Leiva en al Bar Ohana

Desde el primer día de la acusación del Vocal de Cámara de Apelaciones, Enrique Pedicone contra el Vocal de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva se sucedieron intentos por desacreditar la denuncia del Camarista diciendo primero que fue Pedicone el que lo habló, luego que las grabaciones no existían y últimamente el abogado defensor de Leiva aseguró que la reunión no existía. «Hemos pedido que se audite el audio para establecer si la voz del Escribano Esteban Espeche Trápani (con Matrícula en suspenso por el tribunal de Etica del Colegio de escribanos) es la que aparece en la grabación donde ofrece el libro Perseverancia en el Bar Ohana y el Dr Leiva le contesta que ya le había adquirido dos ejemplares», comentó el Dr Gustavo Morales, abogado patrocinante en la denuncia del gremio de empleados judiciales en la que solicitan la destitución de Leiva.

Si dudas para aquellos que frecuentan los bares de Barrio Norte no pasa desapercibida la presencia de este vendedor que intenta muchas veces consumar la venta de un ejemplar y ahora aparece en las grabaciones, lo que demostraría no tan sólo la veracidad de las grabaciones sino el lugar donde se produjo. De esta manera las distintas posiciones de Leiva van cayendo a minutos de ser proclamadas y el conflicto institucional aumenta su intensidad.

Morales reseñó que primero se hizo una denuncia en la Corte, luego se solicitó el juicio Politico paraque Leiva sea removido de su cargo por las causales de mal desempeño en sus funciones y la comisión de delitos también en el ejercisio de sus funciones porque entendemos que había cometido abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y mal desempeño por la cantidd de llamadas telefónicas existentes días previos a esta reunión que mantuvieron Pedicone con Leiva.

El abogado consideró que la participación incluso de Osvaldo Jaldo está demostrada públicamente e incluso en la escalada de llamados a Daniel Leiva desde el 26 y 27 de Julio y que se profundizan luego el 1,2 y 3 de septiembre, lo que pone a Tucumán ante la posibilidad concreta de una intervención Federal de los Poderes Legislativo y Judicial. El mismo Jaldo se pone en escena y todos los días confronta con alguien, incluso hace algunas horas contra el colegio de Abogados lo que contrasta con el prudente silencio que aplicó el gobernador Juan Manzur.

El abogado de la denunciante informó que «hoy hemos realizado una nueva denuncia en contra de Leiva a la Corte, porque tiene todas las facultades, en la que solicitamos que se realice un pedido de informe a las empresas de telefonía celular para que entreguen la sábana con llamadas entrantes y salientes y la geolocalizacion de los teléfonos del Vocal Leiva y del Vice gobernador Osvaldo Jaldo para demostrar la connivencia.

Con el patrocinio de Morales, Nélida Alejandra Martínez Romero en su carácter de Secretaria Adjunta de la Seccional número 5 de la provincia de Tucumán de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, ratificó el lunes último la denuncia presentada ante el máximo tribunal tucumano solicitando “que se sustancien actuaciones de Superintendencia en contra del Vocal de la Corte Suprema de Justicia Dr. Daniel Leiva, en virtud de lo preceptuado en el Art. 121 de la Constitución de la provincia de Tucumán, en concordancia con el Art. 13, incisos 1, 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial – Ley provincial Nº 6238 y sus modificaciones”.

El abogado patrocinante, Gustavo Morales, señaló que la posibilidad de iniciar un juicio político está contemplado en los términos del artículo 47 de la Constitución de la provincia de Tucumán, y cuyas causales pasan por mal desempeño así como por la realización de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones en concordancia con los artículos 248, 249 y los 256 bis del Código Penal. «Destacamos que el objeto de la denuncia presentada hace hincapié en las inconductas del vocal de la Corte, Dr. Daniel Leiva«, dijo.

El trámite presentado hace mención al hecho ocurrido el 28 de julio de este año, cuando el magistrado de la Cámara Penal de Apelaciones, Dr. Enrique Pedicone, recibió un llamado a su celular de parte del teléfono del vocal de la Corte Suprema, Daniel Leiva. Esta comunicación está consignada en un acta por parte del secretario le dicho Tribunal de Alzada, Fernando Valladares, cuya presencia fue solicitada por Pedicone.

En ésta también se dejó constancia de las supuestas pretensiones y pedidos del vocal Leiva hacia el magistrado Pedicone, quien dijo que el vocal habló en nombre del gobernador Juan Manzur y del vicegobernador Osvaldo Jaldo, quienes le pidieron que hablara con el camarista para decirle que el legislador Ricardo Bussi debía estar siempre asustado. También, se deja constancia de que Pedicone asegura que no es la primera vez que le intenta presionar en fallos judiciales.

La particularidad dada conocer es que Pedicone no confía en los fiscales, salvo honrosas excepciones, por lo que irá directamente a la Corte de Derechos Humanos. Esta acta no haría más que reflejar una vez deleznable praxis desplegada por Daniel Leiva, quien asegurando estar actuando en nombre de Manzur y Jaldo buscó influir en un mínimo de tres oportunidades en las decisiones que debía adoptar el vocal Pedicone en su calidad de integrante de la Cámara Penal de Apelaciones.

En la denuncia presentada se dejó en claro que se tratan de graves desórdenes de conductas incompatibles con un Juez de la Democracia, por su desprecio por las garantías de imparcialidad e independencia, así como por la falta de recato, de prudencia y de pudor, lo cual debería ser observado y resguardado por parte de un juez que forma parte del Alto Tribunal Provincial. Se le señala, además, la falta de decoro y de inescrupulosidades del juez procurando concertar un acuerdo al margen de la legalidad.

Esto incurriría en un accionar que lesionaría seriamente la dignidad de la función y lo hace pasible de la remoción por mal desempeño. Por todo esto, se concluye que corresponde iniciar un sumario administrativo en contra de Daniel Leiva y que, por consiguiente, se le aplique la máxima sanción prevista en la ley orgánica del Poder Judicial sin perjuicio que la suscrita advierte la configuración de causales de remoción a través del juicio político, consistentes en “mal desempeño” y “comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”.

Se pide también que se tengan en cuenta la grabación y posterior reproducción de las manifestaciones de Leiva, aunque no hayan sido registradas bajo su consentimiento, ya que no es obstáculo para tenerlas presentes a los fines de ponderar su conducta, siempre considerando la posibilidad del juicio político. También, se le señala como responsable de que sus severas inconductas, teniendo en cuenta que las instituciones crean patrones de comportamiento social.