Y el sueldo dónde está?

Por: Dr. Gustavo Morales

M.P 3924 (Colegio de abogados de Tucumán)

Una vez más, el sector de la Corte de Tucumán estrechamente vinculado al muy cuestionado Vocal Decano – Dr. Antonio Daniel Estofán – pretende tomarnos por ingenuos y. probablemente, convencido de las distracciones que genera el advenimiento de las vacaciones estivales. Es que el hombre de extrema confianza de aquel magistrado, el Secretario Administrativo CPN Gustavo Adolfo Ahmad, en un accionar execrable no sólo desde el punto de vista jurídico sino también ético, aprovechando el fallecimiento de un funcionario del Poder Judicial de Tucumán con cuatro décadas de prestación de servicio, acaecido el 31 de diciembre de 2020, no efectuó el depósito correspondiente a dicho mes y tampoco el SAC. La victima se trata del «Prosecretario Categoría C», Oscar Daniel Oliva y cuanto sus familiares fueron a reclamar, los primeros días de enero de 2021, esta anómala situación, sumada a otra ilegalidad consistente en la obstinada negativa, hasta la actualidad, en realizar la entrega de la boleta de sueldo original, recibieron la insólita respuesta de Ahmad que «todo eso lo enviamos al sucesorio» (sic) Otro aspecto llamativo es que al momento de esbozar esta disparatada y mendaz expresión, no sólo Ahmad sino la Corte de Tucumán desconocían, formalmente, la existencia de la muerte del funcionario Oliva porque no constaba ninguna presentación con la respectiva acta de defunción – única prueba con la que se acredita el fallecimiento de cualquier persona – . Cabe entonces el interrogante: ¿Y el sueldo de Oliva dónde está?

Además, rápidamente, se pudo constatar que tampoco existía juicio sucesorio – como había aseverado falsamente el criticado Ahmad A esta altura, probablemente , formando parte del patrimonio de Ahmad y de su socio Antonio Daniel Estofán, quien no sería ajeno a esta dinámica porque en los hechos maneja el presupuesto del Alto Tribunal Provincial, la tramitación de las jubilaciones – presunto cohecho de por medio -, las licitaciones – en su inmensa mayoría a través de contrataciones directas v las más escandalosa es la relación con la empresa «Brillante» – y los fondos de la Justicia de Paz a través de la Secretaria Carina María Rosa Sleiman – cónyuge de Ahmad. Con ironía un abogado denominó a este entramado corrupto «La justicia turca». Desde el sector al que represento adelanto nuestra solidaridad con los familiares del difunto Prosecretario y el inicio de acciones legales como de la apertura de una instancia de diálogo con la Presidencia de la Corte para que, si aún lo desconoce, tiene como vecino a un sujeto que degrada a la judicatura y que conmueve a la sociedad con procederes deshonestos. «La corrupción en las instituciones incide en el ejercicio de una serie de derechos fundamentales y afecta directamente la calidad de vida de las personas» (cfr. Huergo María Victoria – «Notas sobre prevención, investigación y juzgamiento de la corrupción» – en obra colectiva «Administración Pública y Corrupción» – Directores: Marcelo Lamoglia – Nicolás Rodríguez García – Scotti Editora – 2016 – págs. 190)