Por unanimidad, el Concejo aprobó una solución para que 344 familias puedan escriturar sus viviendas
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza que permite que 344 familias de la ciudad puedan escriturar sus viviendas.
El plan de regulación dominial, solicitado por el IPV, nos permitirá dar solución a más de 300 familias de dos barrios de la ciudad permitiendo que puedan regularizar su situación y que puedan escriturar sus propiedades», celebró el presidente del Concejo, Fernando Juri. «Es de fundamental importancia que los vecinos puedan tener el dominio con la escritura de la casa, resolviendo un reclamo de hace muchos años, dando muchos beneficios, porque pueden vender la propiedad, ponerla de garantía con un crédito hipotecario, hacer la sucesión… y que quienes vivan en estos complejos puedan conformar consorcios», agregó.
En la sesión, el pleno del recinto trató un expediente formulado a partir de una nota de Hugo Cabral, titular del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU). Con la ordenanza se otorga una enmienda que permite que las personas dueñas de propiedades horizontales en los barrios OESTE II y COPIAAT I, construidos por el instituto, puedan cerrar un trámite formal que les permitirá acceder al título de propiedad para ejercer el derecho pleno sobre las viviendas. Además permitirá que se puedan conformar los consorcios de los complejos habitacionales para la gestión de espacios comunes.
«Es una gran noticia porque permitirá que se beneficien más de 500 familias de manera directa e indirecta. Esta norma permitirá regularizar la situación siempre que Catastro determine que estas construcciones no violen las normativas establecidas», expuso el concejal Federico Romano Norri, titular de la comisión de Obras Públicas.
El concejal Gustavo Cobos, también miembro de la comisión, defendió la iniciativa: «Esta es una ordenanza de justicia para las 344 familias que podrán formalizar la propiedad de estas viviendas del Instituto de la Vivienda, que ya fueron pagadas pero que no podían completar el trámite burocrático. Es lo que les corresponde por derecho adquirido para dar una solución a un barrio como el Oeste II con una población estimada en 6.222 habitantes, con un promedio de 3,34 personas por vivienda. Esta norma no es una amnistía urbana sino que el objetivo es que no se perjudique la vida común en la ciudad», completó el concejal.
