Dante Mirra: “El Congreso puede hacer una nueva Ley de Tierras mañana si quiere”
El abogado constitucionalista analizó el fallo de la Corte Suprema sobre el DNU 70/2023 y explicó por qué el máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras. Además, advirtió sobre la inseguridad jurídica y analizó los cuestionamientos a la candidatura de Osvaldo Jaldo para un nuevo mandato.
El fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales volvió a poner en el centro de la discusión el alcance del DNU 70/2023 y el rol que deben cumplir la Justicia y el Congreso. Para el abogado constitucionalista Dante Mirra, el máximo tribunal no resolvió si el decreto es constitucional o no, sino que rechazó la demanda por una cuestión procesal vinculada con la legitimación de la entidad que había iniciado el reclamo.
“La Corte no ha hecho nada, no lo trató al caso directamente”, sostuvo Mirra al analizar la resolución durante una entrevista en Parte de Prensa.
El especialista explicó que el artículo 154 del DNU 70/2023 derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales, dentro de un decreto que modificó cientos de normas. Esa ley establecía, entre otras restricciones, un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales.
“Nunca se vio un DNU ómnibus”, señaló Mirra al referirse a la magnitud del decreto. Según explicó, la Constitución establece los DNU como un mecanismo excepcional para situaciones en las que no pueda seguirse el procedimiento legislativo ordinario, ya que los contenidos de una ley corresponden al Congreso.
En ese sentido, recordó que el DNU fue rechazado por el Senado, mientras que la Cámara de Diputados no había completado el tratamiento. También cuestionó que la legislación que regula el trámite de los decretos establece que el Congreso debe aprobarlos o rechazarlos en su totalidad.
“No podríamos decir ‘volteamos la parte del DNU del artículo 154 respecto a la tierra y seguimos con lo demás’. Es imposible o todo o nada”, explicó.
La Corte Suprema, en su reciente fallo, consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no tenía legitimación para promover la acción y sostuvo que no estaba configurado un caso judicial que habilitara un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión. El tribunal aclaró que no estaba resolviendo la validez constitucional del artículo 154.
Mirra puso el foco entonces en una cuestión central: si el Congreso considera necesario recuperar una regulación sobre la propiedad de tierras rurales, puede hacerlo mediante una nueva ley.
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