Canelada y Cobos proponen sacar los tributos municipales de las boletas de luz, agua y gas
Los concejales presentaron una reforma del Código Tributario que plantea «que la Municipalidad deje de utilizar las facturas de servicios públicos para recaudar». El proyecto elimina los cargos municipales sobre agua, cloacas y gas y reemplaza los actuales conceptos de alumbrado por una única contribución cobrada directamente por el Municipio. La iniciativa forma parte de una reforma más amplia para reducir y ordenar tasas y trámites municipales
Los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos impulsan una reforma del Código Tributario de San Miguel de Tucumán que tiene como uno de sus principales objetivos terminar con el cobro de tributos municipales a través de las facturas de servicios públicos. La propuesta establece que las boletas de luz, agua y gas dejen de funcionar como mecanismos de recaudación del Municipio. En el caso de agua, cloacas y gas, se elimina directamente la contribución municipal actualmente incorporada a esas facturas. Para el alumbrado público, en cambio, se propone reemplazar los dos conceptos vigentes por una única contribución municipal que será liquidada y cobrada directamente por la Dirección de Ingresos Municipales.
“Queremos que una boleta de luz sea una boleta de luz y que una boleta de gas sea una boleta de gas. Si el Municipio cobra algo, tiene que hacerlo de frente, explicar por qué lo cobra y hacerse responsable de esa recaudación. No corresponde esconder tributos municipales dentro de servicios que presta otra empresa”, sostuvo Canelada. Actualmente, el financiamiento municipal del alumbrado se calcula en función de la factura eléctrica. El nuevo sistema propone desvincularlo del consumo particular de electricidad y relacionarlo con el servicio de alumbrado que recibe cada sector de la ciudad.
Cobos explicó que la propuesta busca cambiar también la lógica con la que se construye el sistema tributario municipal. “No alcanza con discutir cuánto se cobra. También hay que preguntarse qué estamos cobrando, por qué y qué recibe el vecino a cambio. Hay tasas que tienen sentido porque existe un servicio municipal concreto y hay otras que se fueron acumulando durante años hasta convertir cada trámite, cada papel o cada gestión en una oportunidad para cobrar algo”, señaló.
La reforma sobre las facturas de servicios públicos constituye la primera parte de una revisión más amplia del Código Tributario. Una segunda iniciativa propone eliminar algunos tributos que perdieron utilidad, reorganizar otros y reducir una serie de cobros administrativos que actualmente aparecen dispersos en la Ordenanza Tarifaria. Entre otras modificaciones, el proyecto establece que no podrán cobrarse tasas por certificados, constancias, copias o informes sobre información que ya se encuentra en poder del Municipio; por certificados de libre deuda; por el envío de boletas; por notificaciones e intimaciones de deuda; por pedidos de reconsideración; por reactivar expedientes archivados; por cursos de educación vial; ni por la rubricación o sellado de libros y registros. También se prohíben los cobros por foja, hoja de actuación, sellado o copia.
“Hay cosas que el Estado no debería cobrarle al vecino. Si la Municipalidad ya tiene una información, no tiene sentido cobrar para entregar una constancia de esa misma información. Si manda una intimación porque quiere cobrar una deuda, tampoco tiene sentido cobrarle al vecino por intimarlo. Queremos empezar a sacar esas pequeñas trabas que hacen más caro y más engorroso cualquier trámite”, agregó Cobos.
La segunda etapa también elimina como figuras tributarias independientes los regímenes de Publicidad y Propaganda, Mercados, Áridos, Camping Municipal y Venta de Publicaciones Municipales. “Simplificar no significa que el Municipio deje de controlar. Una cosa es controlar que un cartel sea seguro, que un comercio esté habilitado o que un alimento cumpla las condiciones sanitarias. Otra muy distinta es construir alrededor de cada una de esas actividades una cantidad de tasas, sellados y cargos que terminan siendo difíciles de entender hasta para quien tiene que pagarlos”, afirmó Canelada.
