El juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez dejó al descubierto una trama de presuntas relaciones entre personas investigadas por narcotráfico, empresarios, dirigentes políticos, integrantes de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales. Mientras Felipe El Militar Sosa enfrenta la acusación por el crimen, sus abogados aseguran que teme revelar información comprometedora. En paralelo, la Justicia recibió actuaciones para investigar posibles delitos vinculados con drogas que surgieron durante la investigación del homicidio.
Las sospechas sobre el entorno de la víctima y del principal acusado adquirieron mayor relevancia a partir de los testimonios incorporados al debate. Sin embargo, hasta el momento no se acreditó judicialmente que los contactos mencionados hayan participado en actividades ilícitas relacionadas con el asesinato ni que exista una organización criminal detrás de la muerte de la joven.
El fiscal Pedro Gallo remitió información a su colega José Sanjuán, especializado en narcomenudeo, para que evaluara los datos vinculados con estupefacientes que aparecieron en el expediente. Por su parte, Carlos Garmendia, abogado de la familia Álvarez, realizó una presentación ante la Justicia Federal. No trascendieron públicamente los resultados de esas actuaciones.
Uno de los principales interrogantes gira alrededor del silencio de Sosa. Su defensor, Marcelo Cosiansi, sostuvo que el imputado recibió amenazas y que tendría miedo de contar lo que sabe. No obstante, las supuestas intimidaciones no fueron esclarecidas y tampoco se identificó públicamente a sus presuntos responsables.
El acusado, ex integrante del Ejército Argentino y de la Legión Extranjera francesa, permanece detenido desde hace más de nueve meses en el penal de Benjamín Paz, donde cumple un régimen de aislamiento. Sus abogados también denunciaron problemas relacionados con su estado de salud y el suministro de medicamentos.
La defensa sostiene que Sosa no fue responsable de la muerte de Érika, aunque admite que habría intervenido en el traslado y abandono del cuerpo. Sin embargo, el imputado todavía no ofreció ante el tribunal una reconstrucción completa de lo sucedido.
Las referencias al narcotráfico aparecieron especialmente en los testimonios sobre las relaciones personales de la víctima.
Según la información incorporada al expediente, Érika habría mantenido un vínculo sentimental con Carlos El Paraguayo Ferreyra, señalado en investigaciones por el traslado de importantes cargamentos de estupefacientes desde Paraguay hacia la Argentina.
Ferreyra había sido detenido en Alberdi y posteriormente trasladado a Chaco, donde era requerido judicialmente. Tiempo después habría regresado a Tucumán y, según versiones recogidas durante la investigación, actualmente podría encontrarse en una localidad cercana a la frontera con Bolivia.
Su presunta relación con la víctima generó nuevos interrogantes sobre las personas que frecuentaban su entorno, aunque no se estableció que tuviera intervención en el femicidio.
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