El Gobierno de Tucumán incorporó al proyecto de Presupuesto 2027 una disposición que podría generar controversias con los demás poderes del Estado, al establecer que las modificaciones de sus partidas presupuestarias deberán ajustarse a los lineamientos de la ley provincial. La propuesta, impulsada por la administración de Osvaldo Jaldo, alcanza al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a los organismos descentralizados y autárquicos, y será uno de los puntos que podrían concentrar el debate cuando comience el tratamiento parlamentario de la iniciativa.
La medida aparece en el artículo 29 del proyecto remitido a la Legislatura el 28 de octubre, que contempla gastos totales por $ 7,35 billones y proyecta un superávit fiscal de $ 304,5 millones para el próximo ejercicio.El documento lleva las firmas del gobernador Jaldo y del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y mantiene buena parte de la estructura utilizada en los presupuestos de años anteriores. Sin embargo, la incorporación de nuevas condiciones para modificar las partidas de otros poderes representa una de las principales novedades de la propuesta oficial.
El artículo establece que las modificaciones presupuestarias dispuestas por las autoridades de los organismos descentralizados y autárquicos, así como por los poderes Legislativo y Judicial, deberán respetar las disposiciones de la ley de presupuesto y las normas complementarias.
La redacción reconoce las atribuciones propias de cada organismo para administrar sus recursos, pero introduce expresamente la obligación de encuadrar cualquier modificación dentro de los criterios fijados por la legislación presupuestaria.En términos administrativos, la disposición apunta a establecer un marco común para los cambios que puedan realizarse durante el ejercicio sobre las asignaciones originalmente aprobadas.No obstante, algunos legisladores interpretaron que la iniciativa representa un intento del Poder Ejecutivo de incrementar su capacidad de condicionamiento sobre las decisiones financieras de los otros poderes del Estado.
La preocupación gira alrededor de los posibles efectos que podría tener la disposición sobre la autonomía presupuestaria de la Legislatura, la Justicia y los organismos que cuentan con facultades propias para administrar sus fondos.
Por el momento, esas observaciones no se tradujeron en cuestionamientos formales dentro de la comisión de Hacienda y Presupuesto, debido a que el proyecto todavía no comenzó a ser analizado por sus integrantes.
El tratamiento estará a cargo de la comisión presidida por el legislador Carlos Gallia, donde se espera que los representantes de los distintos bloques examinen tanto las previsiones de ingresos y gastos como las disposiciones administrativas incorporadas al articulado.
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