El legislador de Avanza Tucumán volvió a poner en agenda el costo de los servicios públicos y cuestionó el impacto de los aumentos eléctricos sobre las familias, los comerciantes y las pymes. Reclamó controles más estrictos y respuestas sobre las inversiones de la distribuidora.
El legislador provincial José “Pepe” Seleme volvió a marcar una posición crítica frente a la política tarifaria del Gobierno de Tucumán y apuntó directamente contra EDET por la actualización de sus tarifas eléctricas. Con fuertes declaraciones, el parlamentario cuestionó tanto a la empresa distribuidora como al Ejecutivo provincial, al considerar que los usuarios siguen soportando aumentos sin encontrar respuestas equivalentes en la calidad del servicio.
“La convirtieron en una aspiradora del bolsillo de los tucumanos”, expresó Seleme, al referirse a la situación de los usuarios frente a los nuevos incrementos autorizados por el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT).
El dirigente de Avanza Tucumán puso el foco en un escenario económico que golpea especialmente a los sectores comerciales y productivos. Advirtió que cada actualización tarifaria significa una nueva dificultad para quienes deben sostener sus actividades en medio de una estructura de costos cada vez más exigente.
En esa línea, cuestionó que los comercios tengan que afrontar simultáneamente alquileres, salarios, impuestos y servicios públicos, sin contar con márgenes suficientes para absorber nuevos incrementos.
“Este nuevo aumento va a matar hasta el último comercio que todavía resiste en Tucumán”, sostuvo, en una de las expresiones más contundentes de su intervención.
El reclamo por los controles y las inversiones
Seleme también trasladó su cuestionamiento al funcionamiento del sistema de regulación eléctrica. La discusión se reavivó luego de la Resolución N.º 868/26, que autorizó una actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), componente que remunera los costos propios de la distribuidora.
El legislador planteó que los aumentos deben estar acompañados por inversiones verificables y mejoras concretas en la prestación. En particular, hizo referencia a los cortes de energía y los problemas de tensión que afectan a distintos usuarios, una preocupación que adquiere mayor relevancia ante la llegada de las altas temperaturas.
Su planteo apunta a una cuestión central: qué reciben los tucumanos a cambio de las tarifas que pagan y qué mecanismos de control se aplican sobre la empresa concesionaria.
Con este posicionamiento, Pepe Seleme vuelve a instalar el debate sobre el costo de los servicios públicos y la responsabilidad del Estado en la defensa de los usuarios. Su reclamo pone bajo discusión no solamente el valor de las facturas, sino también la calidad de las prestaciones, las inversiones comprometidas y el papel de los organismos de control frente a una problemática que atraviesa la economía cotidiana de miles de tucumanos.


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