Alquilar una vivienda se volvió un sueño

En medio de un contexto socioeconómico que lejos se encuentra de desacelerar su proceso inflacionario, la caída de los salarios y una impotente ley regulatoria, la posibilidad de acceder a una vivienda se redujo drásticamente.

Para muchas personas, comprar una casa es un sueño inalcanzable debido a que el costo de las propiedades es muy alto, por eso la gente se ve obligada alquilar, lo cual es cada vez más difícil debido a que muchos propietarios e inmobiliarias ponen requisitos imposibles de cumplir para un ciudadano común y porque es necesario invertir casi la mitad del sueldo para lograrlo.

Muchas familias, parejas o jóvenes saben que no tienen posibilidades de ahorrar para dar un anticipo y mucho menos acceder a un crédito que puedan pagar, salvo en casos muy especiales, pero la realidad es que no hay créditos a cuotas pagables. El monto mínimo con el que se debe contar para acceder a una vivienda de alquiler es de 250.000 mil pesos para pagar un mes de comisión a la inmobiliaria, un mes adelantado y un mes de depósito, sin contar expensas y servicios. 

Lógicamente, los precios varían en función de otras características propias tales como antigüedad o si posee cochera, además de su entorno como infraestructura, disponibilidad de transporte, cercanía a zonas comerciales, entre otras.

Sí el poder costear un alquiler ya es difícil, este no es el único problema para quienes están buscando casa ya que se suman las condiciones impuestas por las inmobiliarias o propietarios, el solicitante que triplique el monto del alquiler y los garantes, uno que triplique el monto del alquiler y el otro con propiedades o vehículos a su nombre.

Una ley para acceder a una vivienda

La ley 27.551, más conocida como Ley de Alquileres, está vigente desde el 30 de junio de 2020. Esta ley prevé un plazo mínimo de 3 años para los contratos de alquiler de inmuebles, no se pueden realizar aumentos trimestrales ni semestrales, no se puede exigir el pago de alquiler anticipado de más de un mes y los depósitos de garantías deben ser devueltos al momento de restituir el inmueble, entre otras cosas.

A pesar de varios intentos de cambios y reformulación de la actual ley, lo cierto es que la norma provocó controversias y distorsión en el mercado, al prohibir al propietario actualizar el valor locativo, provocando retracción de la oferta. Entonces el propietario advierte que no es justo para él y termina retirando sus unidades del mercado, cuando hay menos ofertas aumentan los precios. La ley terminó por perjudicar también al inquilino, porque cuando finalmente llega el incremento en el mes 13 es un golpe fuertísimo, hoy el aumento representa el 93 por ciento, lo que significa que se duplica el precio del alquiler.

En este punto, desde el Gobierno se buscaría avanzar en una nueva norma que regule los alquileres. La decisión del Gobierno nacional provocó dudas en quienes buscan una vivienda para alquilar y en quienes tienen que renovar su contrato. «Suspender por DNU la aplicación de una ley del Congreso necesariamente tendría visos de inconstitucionalidad, ya que implicaría que el Poder Ejecutivo se arrogaría la capacidad de legislar salteándose al Legislativo”, además “deben estar tranquilos porque los cambios no se darán de forma breve y en caso que así sea, se abrirán espacios de negociación, mientras no se dicte una nueva norma, los nuevos contratos se deberán regir por la antigua ley de alquileres”. explicó Ruth Pertusi, abogada y escribana especializada en inmobiliario y de la construcción.