Bolivia: desgarradores detalles sobre las masacres de Pedregal, Sacaba y Senkata

Desde Bolivia, un informe especial sobre cómo fueron los brutales ataques contra las marchas a favor de Evo Morales en los que fueron asesinados 37 personas. Para Álvaro García Linera, fueron las armas enviadas por el anterior gobierno argentino.

Bolivia espera expectante el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las masacres producidas en Pedregal (La Paz), Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) que el organismo hemisférico de protección y promoción de DDHH entregaría este martes 20 de julio.

En ese informe se compilarán decenas de testimonios de familiares de los muertos, de heridos y de apresados.

Luego de la renuncia de Evo Morales, 37 bolivianos fueron asesinados por uniformados y paramilitares. Y también se registraron más de cien heridos y casi dos centenares de detenidos.

En relación a las víctimas, el exvicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, recordó que Paulino Condori y Percy Conde murieron por disparos de balines: “Heridos por perdigones de escopeta, esos cartuchos que regalaron, que entregaron a la policía y a las Fuerzas Armadas, han matado gente, han herido gente”.

En declaraciones al programa televisivo «Papel, piedra y tijera», del canal La Razón Digital, García Linera aseguró que Condori y Conde “murieron por disparos de cartuchos de escopeta” y agregó que las municiones empleadas, en ambos casos, fueron las entregadas por el entonces gobierno de Argentina en noviembre de 2019.

Una bandera del MAS como torniquete

La violenta represión contra los movilizados, que estaban furiosos por el golpe de Estado y por el hecho de que los insurrectos hubieran quemado en plena plaza principal de La Paz la wiphala (enseña indígena reconocida como bandera nacional a la par y, con el mismo valor, que la rojo, amarillo y verde), comenzó el 11 de noviembre de 2019. Cuando Jeanine Áñez todavía no había asumido la presidencia.

En esas horas el poder real estaba en manos de militares y policías, que determinaron “pacificar el país”. Quisieron hacerlo a bala, sangre y golpes.

A las 10 de la mañana de aquel 11 de noviembre de 2019, pocas horas después de la renuncia de Evo Morales y del propio García Linera, el albañil Josué Pillco Catunta recibía en la zona sur de La Paz la descarga de balines:

“De un disparo me llegaron 8 balines. Asustado, me escapé de los policías, que minutos antes estaban gasificando a la gente. A los que caían, los arrestaban y los subían a la camioneta. Un balín perforó mi brazo y destrozó mi dedo. Luego me llegó a la cadera, a la rodilla, al estómago y dos a la espalda. El balín que perforó mi estómago hacía que perdiera fuerza”, relató Pillco.

Pillco fue internado en el hospital municipal Los Pinos, de La Paz. Hasta ese lugar llegaron dos bomberos (que en Bolivia conforman una rama de la policía), que estaban encapuchados. Sobre aquel episodio, el albañil revivió lo que siguió después:
“Entraron y dijeron: ‘enfermeras, váyanse, nosotros vamos a atenderlo’. Ellas se fueron y ahí los bomberos me dijeron: ‘¿Qué estabas haciendo ahí?, ¿quién te ha pagado?’.”

Pilco recordó: “Yo tenía una bandera del MAS amarrada a mi pierna para que pare la sangre. Un bombero me dijo: ‘Aquí está, vos eres masista, vos estabas bloqueando, hablá’. Y yo le contesté: ‘No, yo estaba yendo a trabajar’. ‘Mentira, mentira’, me dijeron y me empezaron a sopapear y a golpear de mi estómago. Uno de los bomberos, entonces, agarró la pinza, y como tenía una herida en el estómago, me punzó ahí y me hizo gritar. Me hizo sangrar. Ese bombero encapuchado me torturó: usó una pinza para hundirla en las heridas de balín que tenía”.

Al retirarse, los uniformados instruyeron a las enfermeras para que no lo atendieran.

Felizmente, un médico se apiadó y lo operó. Le sacó diez centímetros de intestino comprometido por los balines. Para que no sea arrestado por la policía, en su historial médico le pusieron “operado de gastritis”.

La masacre de Sacaba

El puente de Huajllani se encuentra al ingreso de la ciudad de Cochabamba. Hasta ahí llegaron, el 15 de noviembre de 2019, miles de manifestantes, sobre todo del trópico cochabambino, que es la zona donde se encuentran los cocales, los cultivos de coca.

Horas después, la televisión mostraba las imágenes de cuerpos sin vida de once bolivianos. La Defensoría del Pueblo, en su informe sobre la vulneración de Derechos Humanos en Bolivia durante el lapso 2019-2020, señaló: “El 15 de noviembre de 2019, tres días después de que el gobierno interino tomara el mando, las fuerzas del Estado abrieron fuego contra una marcha que pasaba por la ciudad de Sacaba, dejando al menos once muertos y 120 heridos. Todos los asesinados y heridos eran civiles, indígenas. Ningún policía o soldado resultó herido. En respuesta, la presidenta interina Añez aprobó el Decreto Supremo 4078, que concedía inmunidad a las fuerzas de seguridad, provocando una condena generalizada por parte de la comunidad internacional”.

Las fuerzas del Estado abrieron fuego contra una marcha que pasaba por la ciudad de Sacaba, dejando al menos once muertos y 120 heridos. Todos los asesinados y heridos eran civiles, indígenas. Ningún policía o soldado resultó herido.INFORME DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Uno de esos heridos fue Hernán Maldonado Rosales, de 30 años, afiliado al sindicato agrario Tamborada 3 del Trópico. Maldonado Rosales perdió la vista tras ser herido por un impacto de balín que le destrozó el ojo.