Cano propone que conductores bajo efectos de alcohol o drogas cubran los costos de atención por accidentes viales

En el marco de la crisis de siniestros viales que enfrenta Tucumán, la Legislatura Provincial debate un proyecto de ley que busca responsabilizar económicamente a los conductores que, bajo los efectos del alcohol, drogas u otras sustancias, ocasionen accidentes de tránsito. Impulsada por el legislador José Cano, esta iniciativa, denominada “Responsabilidad y Prevención en Siniestros Viales”, apunta a generar conciencia, reducir la siniestralidad y garantizar que los gastos públicos no recaigan en el Estado y la sociedad.

El proyecto establece que los conductores responsables de accidentes graves deberán reintegrar los gastos médicos, logísticos y materiales derivados de los siniestros. Esto incluye los costos de atención en hospitales públicos, traslados en ambulancias, reparación de infraestructura dañada y cualquier otro servicio público movilizado.

“El objetivo no es solo sancionar, sino generar un cambio cultural en la conducción. Es imprescindible que los responsables entiendan que sus actos tienen consecuencias, tanto legales como económicas”, sostuvo Cano.

Medidas alternativas para infractores sin capacidad de pago

Para quienes no puedan cubrir los costos, la ley propone alternativas orientadas a la educación y la prevención. Las alternativas propuestas abarcan desde Trabajo comunitario relacionado con la seguridad vial, participación obligatoria en programas de educación vial, hasta Planes de pago accesibles ajustados a la situación económica del infractor.
En caso de incumplimiento, los conductores serán incluidos en un registro especial que afectará la renovación de su licencia de conducir. “Sabemos que no todos los responsables tendrán los recursos para pagar, por eso ofrecemos alternativas que fomenten la reflexión y eviten que esta conducta se repita”, explicó el legislador.

Destinos de los fondos recuperados

Los recursos reintegrados serán utilizados para fortalecer la seguridad vial en la provincia.

Según el proyecto, el dinero se distribuirá un 75% destinado al sistema de salud pública, otro 15% para campañas de concientización vial, y un 10% restante para infraestructura y programas comunitarios vinculados a la seguridad vial.

“Este esquema no solo garantiza justicia económica, sino que además asegura que los fondos recuperados tengan un impacto directo en la prevención y atención de futuros incidentes viales”, destacó Cano.

Datos alarmantes y ejemplos exitosos
Tucumán registra una de las tasas de mortalidad vial más altas del país, con motociclistas como las principales víctimas. Según estadísticas recientes, el 67% de las víctimas fatales son motociclistas, muchas veces por no usar casco o conducir bajo los efectos del alcohol.

Provincias como Salta y Neuquén ya aplican normativas similares. En Neuquén, los reintegros económicos financiaron mejoras en infraestructura vial y campañas educativas, reduciendo significativamente la cantidad de conductores ebrios en las rutas.
“Es hora de que Tucumán adopte medidas efectivas para frenar esta problemática. No podemos seguir permitiendo que el costo de la irresponsabilidad lo pague toda la sociedad”, subrayó el legislador radical.

El proyecto no solo busca sancionar, sino también promover una transformación cultural en la conducción. A través de la educación, la concientización y las sanciones justas, se espera reducir los siniestros viales y salvar vidas.

“Este proyecto no es una solución aislada, es una herramienta que nos permitirá avanzar hacia un Tucumán más seguro y responsable en sus rutas. Es nuestra oportunidad de actuar ahora para proteger el futuro de todos”, concluyó Cano.