Caso Érika Álvarez: allegados a la mujer detenida creen que hablará para mejorar su situación procesal

La eventual decisión de Justina Gordillo de declarar ante la Justicia aparece como un punto central en la investigación por el crimen de Érika Álvarez, causa en la que Felipe “El Militar” Sosa está acusado. La mujer, empleada judicial que se desempeñaba en la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, fue imputada por su presunta colaboración en maniobras de encubrimiento posteriores al hecho.

Según la acusación, Gordillo habría participado en el ocultamiento del cuerpo, en la desaparición del teléfono celular de la víctima y en la huida de Sosa, quien durante la audiencia fue mencionado como su ex pareja. En el debate en el que se le dictó prisión preventiva, la imputada afirmó que no padece adicciones y sostuvo que no conocía personalmente a Érika, una versión que contrasta con testimonios brindados por la familia de la joven.

El fiscal Pedro Gallo sostiene que Gordillo estuvo presente en una reunión realizada en una vivienda de calle Santo Domingo al 1.100, en Yerba Buena. En ese domicilio, según la hipótesis del Ministerio Público, se habría desarrollado un encuentro en el que tuvo lugar una situación de sexo grupal, contexto en el que se produjo el hecho que terminó con la muerte de Álvarez.

Aunque la investigación prácticamente descarta que la mujer haya tenido una intervención directa en el homicidio, su testimonio es considerado determinante para esclarecer qué ocurrió antes y después del crimen. Los investigadores estiman que en la reunión participaron al menos cuatro personas y que, tras el asesinato, se habrían sumado otras dos que podrían haber intervenido en tareas de encubrimiento. Hasta ahora, Gordillo es la única de ese grupo que fue identificada formalmente.

En paralelo, atraviesa un cuadro personal complejo. El avance de la causa habría impactado en su salud mental y actualmente estaría siendo evaluada por un psiquiatra que deberá emitir un diagnóstico. Sus defensores, María Florencia Abdala y Camilo Atim, optaron por no realizar declaraciones públicas por el momento.

Personas cercanas a Gordillo señalaron que, una vez que logre superar el impacto emocional de su situación procesal, podría prestar declaración con la intención de mejorar su posición en el expediente. “Quienes la conocemos sabemos que va a romper el silencio”, indicaron.

Por su parte, los abogados de Sosa, Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, plantearon que el episodio se desarrolló en un escenario de excesos y desorganización cuya dinámica concreta todavía está bajo análisis. Advirtieron que simplificar ese contexto podría conducir a conclusiones erróneas.

Los letrados también remarcaron que no está en discusión que el hecho investigado ocurrió en el domicilio de Sosa y que la víctima estuvo allí, dato que, afirmaron, nunca fue negado por la defensa. Señalaron que corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial avanzar en la determinación precisa de lo sucedido en ese ámbito.