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Crisis carcelaria: una problemática de larga data sin respuestas del Estado

Matías Pisarello, coordinador de seguridad y DDHH en Andhes, analizó la crisis que atraviesa el sistema carcelario en Tucumán, y al respecto consideró que, más allá de la responsabilidad que le compete a los poderes del Estado, “tenemos una deuda gigante como sociedad”.

Los hechos recientes de intentos de motín en varias comisarías de la capital y de la tragedia de la Brigada Femenina, en Concepción (perdieron la vida 4 presas producto de un incendio), colocaron nuevamente en la tapa de todos los diarios y en agenda de todos los medios la crisis carcelaria que atraviesa la provincia, decretada hace 6 años por la Legislatura. Desde aquel momento a la fecha, la situación de los espacios para alojar a quienes están privados de su libertad no ha mejorado.

“Es una crisis de larga data, que tuvo su momento cúspide en 2015 con el fallecimiento de dos presos en la Brigada Norte. A partir de allí, tomo participación la Justicia y a partir de 8 sentencias judiciales exhortó al ejecutivo que se resuelva la crisis carcelaria con diversas acciones, lo cual nunca se hizo”, explicó Matías Pisarello, coordinador de seguridad y DDHH en Andhes.

“No se reduce a la falta de espacios en Villa Urquiza, es una problemáticas mucho más compleja. Aquellos que tuvimos la posibilidad de visitar las comisarias podemos dar cuenta de que son patéticas. No son lugares aptos para que trabajen personas, y mucho menos, para que haya personas alojadas”, agregó.

Pisarello analizó además que la modificación del Código Procesal Penal agravó la situación, porque no se acompañó ese proceso con inversión en infraestructura. “El nuevo código trajo resoluciones mucho más rápidas. Quintuplicó las sentencias judiciales y aumentó las penas privativas de libertad. La Justicia se volvió más rápida para dictar penas, pero no hay lugares donde alojar a los que reciben esas penas”.

Ante esto, Pisarello consideró que se deben implementar medidas alternativas a la sanción privativa de libertad. “Es responsabilidad de las juezas prever otras alternativas. Las personas que cometan delitos deben tener una sanción, de eso no hay ninguna duda, pero hay que buscar nuevas formas para aplicar la justicia porque estamos viendo que no está funcionando la privación de la libertad”.

“Resolver la crisis carcelaria no solamente es responsabilidad del Poder Ejecutivo, esto involucra a los 3 poderes del Estado, pero también a la sociedad toda. Hay muchas cosas que como sociedad nos tenemos que comprometer a modificar”, sentenció.

Fuente:/Radio Prensa

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