El Ministerio Fiscal formuló cargos en su contra por el hecho ocurrido el miércoles pasado en la localidad de Yerba Buena.

Por pedido del MPF, este viernes 15 de agosto se desarrolló una audiencia multipropósito en contra de cuatro masculinos –de 23, 32, 33 y 44 años– que fueron aprehendidos el último miércoles por un incendio producido en una finca situada a 150 metros al sur de la Ruta 325, en el ingreso a la localidad de Yerba Buena, departamento Simoca. En el caso interviene la Unidad Fiscal de Investigación y Enjuiciamiento de Delitos Contra la Propiedad y la Integridad Física, del Centro Judicial Monteros, dirigida por Mónica García. El auxiliar de fiscal, Hugo Campos, se encargó de formalizar la investigación, formular cargos en contra de los imputados (son familiares) y solicitar medidas a los fines de cautelar el proceso.

Según la acusación, uno de los imputados, en su calidad de propietario/arrendatario de la finca destinada a la plantación y cultivo de caña de azúcar, ordenó a los otros tres acusados (sus empleados) que se constituyan en el lugar y prendan fuego la caña de azúcar que se encontraba cortada y tirada sobre los surcos. Fue así que, el pasado miércoles, a las 13:00 horas aproximadamente, y a fin de cumplir con la orden impartida, los empleados intencionalmente prendieron fuego a las cañas de azúcar, generando gran cantidad de humo que invadió la Ruta 325 y dificultó la visibilidad de los conductores que circulaban por allí. Esto significó un peligro real y concreto para la integridad física y de los bienes de las personas, como así también para las propiedades linderas.

Un flagelo en la provincia

Al momento de demandar que se impongan medidas de coerción, Campos manifestó: “Estamos ante un hecho grave que constituye un flagelo en Tucumán, que es la quema indiscriminada de cañaverales. No solamente destruye nuestro ambiente y la salud pública, sino que también genera gravísimos riesgos viales. Tenemos muchos antecedentes de choques en rutas que se han cobrado vidas a raíz de esta práctica que es cada vez mayor en nuestra provincia. Un Estado de derecho no debe tolerar esto”.

“Estamos ante un delito (incendio por estrago en carácter de coautores) que tiene una pena en expectativa que va de 3 a 10 años; una pena elevada que puede ser de cumplimiento efectivo”, agregó el investigador, que requirió que se ordene la prisión preventiva por 10 días para el propietario/arrendatario de la finca y se dicten medidas cautelares de menor intensidad (reglas de conducta) con respecto a los otros tres trabajadores rurales, por el plazo de dos meses, con el objetivo de prohibir el entorpecimiento de la investigación.

En su resolución, el juez rechazó el primer pedido fiscal y, en consecuencia, dispuso el arresto domiciliario por ocho días con presencia permanente de consigna policial; en tanto que sí hizo lugar a la segunda petición.

Teléfono de denuncia

El Ministerio Público Fiscal endurece su posición contra los incendios forestales y quema de vegetación. En ese sentido, el organismo judicial recuerda que existe una línea telefónica (381 319 5131) en la que la comunidad puede denunciar las quemas, de forma anónima si así lo requiere. Al mismo tiempo, reitera la vigencia de resoluciones que endurecen las penas contra los responsables de estos ilícitos.