Denuncian penalmente a Rodríguez Larreta por usar datos biométricos sin “justificación racional”
Se trata de posibles irregularidades en el «uso de datos biométricos por parte del gobierno de la Ciudad» provistos por el Renaper, en suscripto con el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA en 2019, conducido en aquel momento por Marcelo D’Alessandro, quien renunció al cargo por la filtración de chats de otra causa.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció penalmente por «violación de secretos» a las autoridades del gobierno porteño por la presunta utilización de datos biométricos sin una «justificación racional».
La investigación fue realizada por el fiscal Sergio Rodríguez, quien el último jueves resolvió, en un expediente de 31 páginas, efectuar la denuncia penal por hechos que se encuadran en el de «acción pública previsto en el artículo 157» del Código Penal. Ese artículo prevé penas de un mes a dos años de cárcel e inhabilitación al funcionario público que «revelare hechos, actuaciones, documentos o datos que por ley deben ser secretos».
El viernes último, la causa fue sorteada y será el Juzgado Federal y Correccional N° 3 el que en adelante investigue los hechos. En las actuaciones previas, el fiscal había consignado que tomó conocimiento a partir de notas periodísticas de posibles irregularidades en el «uso de datos biométricos por parte del Gobierno de la Ciudad» provistos por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), en el marco de un convenio suscripto entre ese organismo y el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA en 2019, cartera que en aquel momento era conducida por Marcelo D’Alessandro, quien renunció al cargo por la filtración de chats de otra causa.
En ese convenio se estableció que el Renaper brindaría «información disponible en sus sistemas informáticos» para «identificar y/o verificar la identidad de las personas sobre las cuales el Ministerio desarrolle las tareas requeridas por el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma».
Pero en el mismo acuerdo se establecía que «se encontraba prohibida la utilización de la información brindada» para «fines distintos a los mencionados».
Las personas espiadas
Entre las personas por las que el Gobierno porteño solicitó datos se encuentran la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la fallecida titular de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini; el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni; el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni; la diputada nacional del Frente de Izquiera Myriam Bregman; el dirigente social Juan Grabois.
El fiscal Rodríguez relevó que la mayor cantidad de solicitudes recayeron sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (226 consultas), el desaparecido policía proteño Arshak Karhanyan (92 veces) y el presidente Alberto Fernández (76 consultas).
Pero también hay dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) y personas afines al principal partido de la oposición: la presidenta del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich; la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió; el precandidato a jefe de Gobierno porteño Ricardo López Murphy; el diputado de Avanza la Libertad José Luis Espert; el gobernador jujeño y precandidato a presidente del radicalismo, Gerardo Morales; el diputado radical Facundo Manes y el precandidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei.
