Diez intendentes firmaron el Acuerdo Fiscal y se espera que esta semana se sume el resto, con una excepción

Las oficinas del Ministerio del Interior, que encabeza Darío Monteros registraron un incesante movimiento durante la semana que pasó, protagonizado por una decena de intendentes justicialistas que ya suscribieron el nuevo Acuerdo Fiscal Municipal, mediante el cual la Provincia garantizará el pago de los salarios de todas las comunas que adhieran a esta nueva versión del que antes se llamó Pacto Fiscal.

Hasta el momento la única administración identificada con los colores políticos del oficialismo que se negó a rubricar el convenio fue Burruyacu, cuyo intendente, Jorge Leal, confía en poder sostener el equilibrio presupuestario sin necesidad de incrementar el nivel de endeudamiento con el estado provincial

Es probable que a esa nómina de jefes comunales peronistas se sumen esta semana el resto de la nómina de ese signo político y también los tres que han alcanzado intendencias de la mano de Juntos por el Cambio: Ana Quiles (Bella Vista), Pablo Macchiarola (Yerba Buena) y Alejandro Molinuevo (Concepción).

Mientras se protocolizan los convenios, el Ministerio del Interior ya alistó las liquidaciones salariales, con el fin de que los municipios cuenten con el dinero que requieren para cubrir la planilla salarial en el mismo momento en que el Poder Ejecutivo anuncie el cronograma de pagos para el resto de los estatales. 

Lo que sí lleva su tiempo es la formalización de la documentación en la que los municipios se allanan a cotejar con la Provincia el estado de la deuda anterior que, según los cálculos oficiales, rozaría los $ 100.000 millones entre todos las municipalidades que han venido recibiendo dinero de la Casa de Gobierno.
“La prioridad es la planilla salarial de todos los trabajadores municipales, que está garantizada, más los distintos funcionamiento que tienen los municipios”, manifestó el ministro del Interior.

Frente a las restricciones que el Gobierno nacional ha impuesto en el gasto público, las provincias ya no cuentan con recursos discrecionales o no automáticos que habitualmente se distribuían entre los municipios con el fin de motorizar programas de trabajos públicos.