El COE elabora medidas acorde a las disposiciones del Decreto Provincial
El gobierno provincial dio a conocer el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 7/1, donde «tomó conocimiento y compartió» los argumentos con que se funda el DNU Nº 334/21 del gobierno nacional, en cuanto a que «las medidas (de restricción) dispuestas resultan necesarias para proteger la salud pública, y razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro país», a raíz del aumento de casos del coronavirus.
El instrumento legal, que lleva la firma del gobernador Juan Manzur y la totalidad del gabinete provincial, en su artículo 2 «encomiénda al Comité Operativo de Emergencia de Tucumán (COE) el dictado de las disposiciones reglamentarias relativas a lo dispuesto en el DNU N°334/2021 del Poder Ejecutivo Nacional», que el jueves a la noche adelantó el presidente Alberto Fernández.
Por tal motivo, en su artículo 3 habilita como día hábil hoy sábado 22 «al solo efecto de la registración del presente acto administrativo», entendiendose de las medidas que adopte este organismo.
Suspensión
En el considerando del instrumento público tucumano 7/1 remarca que el DNU 334/21dado a conocer en la noche del viernes por Nación, dispone, «entre el 22 de mayo y el 30 de mayo de 2021 y los días 5 y 6 de junio de 2021, la suspensión de la presencialidad en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales para los lugares definidos como en situación de Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario o en situación Alarma Epidemiológica y
Sanitaria; así como la obligación de permanencia en los hogares por parte de las personas y la restricción de la circulación nocturna».
En otro párrafo, la normativa provincial asegura que «que la vacunación es una estrategia muy efectiva para disminuir la mortalidad y enfermedad grave, pero se debe complementar con medidas sanitarias tendientes a disminuir la circulación y las actividades de riesgo, con el objetivo de disminuir la circulación del virus. En efecto, si no se disminuye el número de casos, seguirían ocurriendo casos graves y registrándose personas fallecidas».
El Decreto provincial sostiene que «todas las actividades que aumenten la circulación de las personas o que se realicen en espacios cerrados, mal ventilados, con aglomeración de personas o sin respetar las medidas de distanciamiento y uso adecuado de barbijo, conllevan alto riesgo de transmisión de SARS-CoV-2».
La normativa provincial asegura que todas las decisiones del Estado Nacional, desde la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria realizada «se encuentran en consonancia con lo establecido por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos».
En otro punto el instrumento legal que se elaboró en las últimas horas destaca y coincide con Nación que «ante la actual situación epidemiológica, las medidas de prevención de COVID-19 se deben fortalecer en todo el territorio nacional, evaluando las particularidades de cada partido o departamento, la dinámica de la epidemia y el conocimiento adquirido acerca de las actividades de mayor riesgo».
El DNU provincial está firmado, además de Manzur, por la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, la secretaria General de la Gobernación, Silvia Pérez, el ministro de Economía, Eduardo Garvich, la ministra de Salud, Rossana Chahla, el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, su par de Interior, Miguel Acevedo, el titular de la cartera de Seguridad, Claudio Maley, el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer y el ministro de Desarrollo Productivo, Alvaro Simón Padrós.
