El Gobierno dio el primer paso hacia la eliminación de la obra pública

El ministro de Infraestructura se reunió con el Grupo de los 6 (bancos, construcción, sociedad rural, industria, comercio y la bolsa) para delinear una mesa de trabajo con el foco puesto en la eliminación de la obra pública.

El ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, inició las rondas de negociaciones con las principales cámaras patronales nucleadas en el Grupo de los 6 para modificar el régimen de obras de infraestructura vigente. Es decir, La Libertad Avanza movió fichas hacia el fin de la obra pública con financiamiento público. Las provincias serán las más perjudicadas.

Ferraro convocó a los empresarios y sindicatos a una mesa de trabajo para «iniciar la articulación del sector público con el privado para alcanzar la participación de las empresas en la ejecución y financiamiento de grandes obras y proyectos».

El encuentro se dio en el marco del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), creada en 2021 para abordar cuestiones clave relativas a la infraestructura como caminos rurales, conectividad, agua y saneamiento, logística y transporte, energía, minería e infraestructura social; para ser consideradas por los distintos gobiernos.

Durante el cónclave, Ferraro planteó que se «buscará que todas las obras que despierten el interés de las empresas sean afrontadas por el sector privado». «Detrás de cada gran obra, hay futuros usuarios dispuestos a pagar por ella», sentenció Ferraro.

“Existen grandes posibilidades para actualizar la infraestructura existente en concesiones caídas con tenencias precarias que han provocado un severo proceso de desinversión. A esas oportunidades, se sumarán llamados para la presentación de nuevos proyectos de iniciativa privada. Lo que estamos planteando es un cambio en el rol del Estado para que actúe como un promotor y facilitador de grandes obras de infraestructura en todo el país”, señaló el ministro.

El funcionario adelantó que deberán realizarse cambios legislativos, que incluyan programas de incentivos para las iniciativas que puedan acoplarse al nuevo esquema de negocios propuesto por El Estado.

“Valoramos infinitamente esta convocatoria porque el objetivo del CPI es trabajar en conjunto con las autoridades de turno y que a tres días de haber asumido nos convoquen a esta reunión, es música para los oídos. Desde ya estamos 100% de acuerdo en trabajar en conjunto a partir de mañana”, sostuvo Gustavo Weiss, titular de la Càmara de la Construcción.

El titular de la UIA también fue parte de la reunión. “Mirar el país federalmente es algo que nosotros consideramos imprescindible, por el deterioro del entramado. Además, el rol y la participación del sector privado, que desde ya agradezco, es algo que nosotros veníamos reclamando. Esta es una oportunidad para cumplirlo y, la verdad, tenemos que hacerlo”, expresó Daniel Funes de Rioja.
Qué había dicho Caputo

En el segundo día de Javier Milei como presidente de la Nación, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un paquete de medidas para la reducción del Estado que impactará en las provincias, tanto en el empleo como en la relación política con los gobernadores. En el marco del plan económico «motosierra», informó que el Gobierno nacional no enviará más transferencias discrecionales a las provincias y el fin de la obra pública nueva.

Caputo informó que el Gobierno va a «reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias» ya que son recursos que, según él, «lamentablemente» en «historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos».

«La realidad es que no hay plata para pagar más obra pública que, como todos los argentinos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos o de los empresarios de turno. La obra pública ha sido siempre uno de los focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina. Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo», explicó.

Según arrojó un informe de la consultora LGC, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en 2022 representaron 0,04% del Producto Bruto Interno y en lo que corre de 2023 equivalen a 0,02%, por lo que el ahorro por esta vía sería más bien menor.