El Gobierno intervino la fundación de Patricia Bullrich
La medida fue dictaminada por el Ministerio de Justicia por un lapso de 180 días hábiles. Sospechan que las actividades realizadas en el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad sirvieron para financiar actividades proselitistas. Investigan los ingresos y egresos.
El Gobierno tomó la determinación de intervenir por 180 días hábiles el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), presidido por la precandidata presidencial Patricia Bullrich.
De acuerdo con la denuncia impulsada por el Ministerio de Justicia, la intervención solicitada por Ricardo Nissen, se fundamenta tras la instrucción realizada por la Inspección General de Justicia, en la cual se determinó que desde el IEES se desplegaron acciones ajenas a su objeto social y además fue utilizado para fines distintos para los que se le otorgó autorización para funcionar.
Las actuaciones sumariales detalladas en la instrucción indican que “se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar, en todo o en parte, acciones de proselitismo político, en franca contradicción con el objeto social autorizado y los fines de creación de la persona jurídica de que se trata».
Esta serie de irregularidades también se extiende al arco administrativo y contable: según la nota publicada en la web del Ministerio de Justicia, el organismo pasó «en pocos meses de no tener fondos para solventar los gastos corrientes, a recaudar más de $90 millones».
Desde el organismo público consignan que estos ingresos coinciden con las actividades políticas in crescendo con su campaña electoral pensando en las PASO de agosto, entre las cuales figuran facturas telefónicas, almuerzos y cenas y también pagos a Gerardo Milman.
El Ministerio de Justicia agrega: «La intervención por 180 días hábiles dispuesta el día de la fecha se concreta luego que la resolución recaída en la Causa “Inspección General de Justicia c/Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil s/Medidas Precautorias” (CIV 24775/2023), que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 28, ha adquirido firmeza».
En ese sentido, se advierte que este accionar «no sólo vulnera las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de asociaciones civiles, sino también podría implicar una violación de la ley 26.215 la cual regula la financiación de partidos políticos».
