El legislador Canelada insistió con la promulgación de la ley de Acoso Callejero

Este viernes, el autor del proyecto, legislador José María Canelada, realizará una presentación en Casa de Gobierno solicitando y argumentando la necesidad de la promulgación de la norma que, según trascendió, sería vetada por el Ejecutivo.

Se trata de una norma que no genera grietas, al menos en la Legislatura (cosechó elogios de todas las bancadas), y que fue celebrada tanto por los organismos estatales que deben proteger y asistir a las mujeres, como por las organizaciones feministas.

No obstante, para los especialistas del Ministerio de Seguridad sobran argumentos para considerar que la norma es impracticable. En un informe que la cartera elevó a Fiscalía de Estado, y que se conoció este jueves, Seguridad enumeró una serie de fundamentos con los que recomendó el veto de la norma que sanciona el acoso callejero.

En primer lugar, la consideró inconstitucional, pues el punto de partida es otra norma que fue declarada inconstitucional hace 12 años; se rechaza el incremento de 60 a 90 días la sanción máxima de cualquier contravención; la definición de las acciones consideradas acoso callejero no es precisa; la aplicación de sanciones de privación de libertad podría incrementar los problemas de la crisis carcelaria.

En base a este informe, la Fiscalía de Estado deberá realizar el suyo propio para ponerlo a disposición del gobernador Osvaldo Jaldo, que tiene la palabra final.

Luego de darse a conocer esta situación, el autor del proyecto, legislador José María Canelada, informó que se presentará en Casa de Gobierno para solicitar su promulgación y defender con argumentos la necesidad de que la norma se aplique.

Más allá del planteo del parlamentario y del apoyo de los diferentes bloques, abogados especializados en la materia ya habían advertido que el proyecto es inconstitucional y no aporta soluciones de fondo a la problemática.

“No importa su inconstitucionalidad. No importa que el procedimiento previsto para que esa ley funcione sea ilegal. Lo importante parece ser que parte de la sociedad crea que algo se está haciendo”, sostuvo la abogada Sofía Fares, integrante del Equipo de Género y Derechos Humanos de Andhes sobre la ley de Acoso Callejero. “De esta forma, se dicta una modificación de manera inconsulta con la sociedad civil que reclama respuestas integrales y no acciones que parecen ser meros parches a una problemática estructural”, añadió.

En este sentido, resaltó que, en 2010, a través del conocido como Fallo Núñez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que el procedimiento previsto en el código contravencional tucumano “no está en condiciones de satisfacer el estándar constitucional mínimo”. Entonces, la ley de acoso callejero le agregaría nuevas conductas pasibles de aplicar a un procedimiento inconstitucional.

Lo que dice la ley

El proyecto representa una modificación con respecto al régimen contravencional, vigente desde la Dictadura. La nueva modificación prevé hasta 90 días de arresto o 90 días multa para las personas que acosen sexualmente en espacios públicos o con acceso público.

Según lo establecido por la nueva norma, se entiende por acoso sexual todo acto de naturaleza o connotación sexual ejercido por una o más personas en contra de otra u otras sin su consentimiento, acciones que afecten la dignidad, la libertad, el libre tránsito y el derecho a la integridad física y moral de las personas, sin distinción de sexo, identidad u orientación sexual.

A su vez, la norma prevé agravantes en los casos en que el acoso sea realizado por dos o más personas, si la víctima tiene menos de 19 años o más de 60, o si el acto está basado en la desigualdad de género.

La preocupación de los abogados de ANDHES se sustenta en que consideran que se otorgaría “a una policía no capacitada en perspectiva de género, facultades para determinar si existe o no acoso callejero. Hablamos de la misma policía que no actúa correctamente ni siquiera en casos de violencia física más extremos, como ser feminicidios y transfemicidios”, sentencia el documento firmado por Fares.