Esta mañana inició el juicio por sedición policial de 2013
Cuarenta imputados enfrentan cargos que incluyen sedición agravada por ser miembros de la fuerza, ostentación de armas de fuego, incitación a la violencia colectiva contra la Policía y obstrucción del normal funcionamiento del transporte terrestre, entre otros.
El 8 de diciembre de 2013, efectivos de la Policía de Tucumán llevaron a cabo un acuartelamiento que se prolongó durante dos días, dejando zonas liberadas en la ciudad que resultaron en trágicos incidentes con muertos y heridos. Este juicio es un recordatorio de los acontecimientos de ese día y busca determinar la responsabilidad de los acusados en los hechos que ocurrieron hace una década.
Los fiscales a cargo de la investigación, Adriana Giannoni (ya jubilada) y Diego López Ávila (actualmente titular de la Unidad Fiscal de Robos) solicitaron que los más de 40 acusados enfrenten a un tribunal y señalaron como cabecillas a Diego Herrera, Pablo Pérez, Federico Castro, Eugenio Mamaní, Ángel Chaile (fallecido), Walter García, Miguel Toledo, Flavia Bedmar, Sergio Hogas, Néstor Salinas, Diego Urquiza y Luis Herrera. También pidieron que se sentara en el banquillo de los acusados el ex jefe de Policía Jorge Racedo, por no haber tomado las medidas para frenar la sedición. De los 47 imputados, cuatro fueron sobreseídos, uno está prófugo y dos fallecieron.
Por este hecho, el martes 5 de septiembre a las 8.30 de la mañana, en el edificio de Tribunales Fuero Penal (España 430), inició el juicio por los delitos de: sedición agravada por ser miembros de la fuerza de seguridad y por ostentación de armas de fuego, incitación a la violencia colectiva contra la Policía, impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra, privación ilegítima de la libertad y coacción agravada con el fin de obtener concesiones del Poder Ejecutivo, hurto calamitoso agravado y robo calamitoso agravado. A varios de ellos se les sumó además la acusación de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La acusación será sostenida por los auxiliares Rafael Heredia Carreño y Gerardo Archa, dirigidos por el fiscal de Cámara Daniel Marranzino. Fuentes del Ministerio Público sostuvieron que el principal objetivo es lograr que todos los acusados sean condenados por algunos de los delitos por los que fueron imputados.
El Gobierno actuará como querellante y el Estado estará representado por José María Molina y Santiago Luis Xamena.
