Alberto Fernández dejó inaugurado el 139 periodo de sesiones ordinarias en el Congreso
Parte del discurso del Presidente Alberto Fernández
Querido pueblo argentino:
Siempre he sentido que esta ocasión de dar el discurso en el que rindo cuentas de lo hecho en el año que ha pasado y propongo acciones para el año legislativo que se inicia, es la oportunidad que tengo de hablarle a cada argentino y cada argentina. De decirles francamente lo que pienso. Transmitirles donde encuentro dificultades y donde están nuestras oportunidades.
Llego a este Honorable Congreso con mis convicciones intactas, mi corazón abierto para hablarles con la humildad de quien puede reconocer errores, con la satisfacción de quien puede compartir logros colectivos, con la certeza de que unidos y unidas pudimos dar pasos históricos para mitigar efectos negativos de la pandemia que aún nos asola.
Por eso este 1 de marzo vengo no sólo en cumplimiento de mis responsabilidades constitucionales, sino también a proponerles que nos tomemos un momento de reflexión colectiva. Reflexión con las distintas fuerzas políticas aquí presentes y reflexión con la sociedad argentina toda en circunstancias tan excepcionales como las que nos tocan vivir.
Hace un año vine a este Honorable Congreso de la Nación para hablar frente a ustedes y frente a todo el pueblo argentino. Aquel día, como hoy también, traía la voluntad inquebrantable de poner de pie un país que había quedado de rodillas y sumido en el pozo de la desigualdad y la pobreza por las políticas que en los años previos se habían practicado.
Sólo diez días después de aquel discurso, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia del COVID-19, un virus desconocido para el ser humano, impiadoso para su salud, para el que no teníamos ni vacunas para prevenirlo, ni remedios para eliminarlo cuando nos atacaba.
En los días subsiguientes imágenes aterradoras recorrieron el planeta. Europa, Estados Unidos, el mundo central en pleno, era atacado por ese virus sobre el que nadie sabía y que era capaz de hacer estallar los sistemas sanitarios y, de ese modo, entregar a la muerte a cientos de miles de seres humanos.
Se inició así una crisis global, donde el mundo entero debió aprender sobre la marcha a enfrentar una situación inesperada y caótica.
Crisis en la cual el conocimiento científico para abordarla evolucionó y continúa modificándose.
Crisis que contó con muy escasos mecanismos de coordinación entre los países.
Crisis sanitaria que, en el caso argentino, coincidía con un escenario de extrema debilidad económica y social.
No estábamos en una situación cómoda. Arrastrábamos una sociedad debilitada por el hambre y la pobreza, una economía escuálida y endeudada como nunca antes lo había estado, un sistema de salud quebrado que mantenía cerrado hospitales, dejaba vencer vacunas y permitía pasivamente la diseminación de enfermedades que creíamos desterradas. Debíamos enfrentar el incendio sabiendo que otros habían acabado con el agua.
A pesar de este panorama vertiginoso y grave, y gracias al aporte solidario de millones de argentinas y argentinos, pudimos desplegar medidas sanitarias, económicas y sociales para mitigar el impacto de la inédita calamidad planetaria. Invito a todas y todos para sentirnos colectivamente reconocidos como sociedad.
La Argentina pertenece a los numerosos países donde los gobiernos hicieron todo lo que estaba a su alcance para mitigar la enfermedad y la muerte. Con el trabajo de la sociedad, de diversas organizaciones e instituciones y del Estado en todos sus niveles, hemos tenido un logro inmenso en 2020: evitamos que saturara el sistema de salud. Gracias a ese trabajo colectivo cada persona que lo necesitó tuvo atención sanitaria.
Tal vez el espanto de lo que veíamos y el tomar conciencia de lo débiles que éramos, nos dieron la energía necesaria para hacer frente a tanta tragedia. Desde el primer día tomamos decisiones y desde el primer día enfrentamos críticas. Primero los que reclamaban cuidar la rentabilidad antes que la salud. Más tarde los que negaban la existencia de la pandemia y nos acusaban de ser parte de un complot universal para mantener encerrada a la gente. Cualquier razón se volvió válida para incitar banderazos y romper los protocolos impuestos con la sola idea de deteriorar la credibilidad de un gobierno que convencido buscaba preservar la salud de su pueblo.
Nuestra voluntad inquebrantable la tuvimos entonces y también la mantenemos ahora. La lucha contra las consecuencias del coronavirus ha sido en todo el planeta más extensa de lo que inicialmente se pensó. Ni un solo día bajamos los brazos. Ni ante la inclemencia del contagio, ni ante la crítica injusta.
Sin aislamiento y distanciamiento hubiera habido mayor la velocidad en los contagios y un sistema de salud que estaba en condiciones de abandono hubiera colapsado. Cuando los sistemas colapsan, la mortalidad aumenta de manera significativa.
Este no es el logro de un Gobierno sino el de una Nación puesta de pie para superar adversidades.
Trabajamos en cada decisión con las gobernadoras y los gobernadores de las 24 jurisdicciones, a quienes aprovecho esta oportunidad para brindarles mi más sincero reconocimiento.
Nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud dieron un ejemplo en la frontera más expuesta de la pandemia.
Nuestros empresarios se movilizaron para brindar asistencia alimentaria de emergencia junto al Estado, organizaciones gremiales, iglesias y movimientos populares, y para impulsar la producción argentina de 3.300 respiradores.
Nuestros científicos se unieron en redes de investigación para producir kits de detección temprana, barbijos, tratamientos de la enfermedad como es el caso del suero equino hiperinmune, e innumerables aportes de todas las disciplinas.
Nuestras Fuerzas Armadas protagonizaron el operativo militar más importante desde la gesta de Malvinas, para acercar apoyo logístico, humanitario y social en los barrios más populares.
Las fuerzas de seguridad federales trabajaron articuladamente con todas las provincias y jurisdicciones, con niveles de exposición muy elevados.
Nuestros diplomáticos cooperaron para repatriar a 205 mil personas en los primeros meses de la pandemia, en el operativo de asistencia consular más grande de la historia argentina.
Las universidades hicieron una veloz transición hacia la enseñanza virtual, organizaron el voluntariado en diferentes zonas del país, contribuyeron a procesar tests y, articulando con el CONICET, produjeron contribuciones científicas muy relevantes. Ante la necesidad de suspender las clases presenciales
Se implementaron medidas para acompañar a quienes contaban con tecnología y conectividad, así como a quienes, en contextos de vulnerabilidad o aislamiento geográfico, necesitaban otras opciones.
En este tiempo, personalmente, he sufrido con cada fallecimiento. Para mí quienes perdieron la vida en la pandemia nunca fueron números o estadísticas. Siempre fueron seres humanos, con historias personales y afectos. Otra vez, manifiesto aquí mi acompañamiento para quienes han perdido un ser querido.
Mientras el trabajo común nos convocaba a millones, debimos enfrentar a esos mismos sectores que pretendieron desmoralizar al ciudadano medio hablando también de la ausencia de una estrategia económica.
Aquel reproche fue y es definitivamente inmerecido. Junto al cúmulo de medidas sanitarias, fuimos también capaces de impulsar medidas económicas y de protección social para paliar los efectos de la inédita calamidad que atravesábamos.
Dispusimos en marzo el congelamiento de los precios de alimentos, bebidas, productos de limpieza e higiene personal.
Decretamos la creación del Ingreso Familiar de Emergencia que consistió en tres pagos de $10.000 que alcanzó a más de 9 millones de personas. Nunca en la historia argentina se había creado una política de ese alcance.
Suspendimos los cortes de los servicios públicos por falta de pago en los segmentos vulnerables de la población.
Prohibimos los despidos sin causa o por fuerza mayor. La doble indemnización ya regía desde el 13 de diciembre de 2019.
Creamos el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. El 70 % de quienes son empleadores en Argentina recibieron asistencia del Estado a través del pago del salario complementario a sus trabajadoras y trabajadores, préstamos subsidiados y/o reducción o postergación de las cargas patronales. El 99,5 % de las empresas asistidas fueron PyMES.
En el marco del ATP también creamos una línea de crédito a tasa cero por hasta $150.000 para las y los trabajadores independientes formales (monotributistas y autónomos). A las y los trabajadores del sector cultura, les dimos un plazo de gracia de 12 meses.
Para atender la demanda alimentaria de la población más vulnerable multiplicamos el suministro de alimentos en la red de comedores comunitarios y escolares, en articulación con las provincias, los municipios y las organizaciones sociales. Se dieron refuerzos de la Tarjeta Alimentar, la AUH y la jubilación mínima. Creció más del 400 % el crédito inicial programado destinado a políticas alimentarias.
Además, con el programa ProHuerta apoyamos a 610 mil huertas familiares, escolares y comunitarias.
En agosto decidimos ampliar el alcance de la moratoria establecida por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
Pusimos en marcha el Plan Argentina contra el Hambre, con el despliegue de la Tarjeta Alimentar que a fines de 2020, alcanzó a más de 1,5 millón de familias con niñas y niños de hasta 6 años o con discapacidad. Además, concretamos la entrega de medicamentos gratuitos a las y los jubilados del PAMI, que alcanzó a un universo de más de 2,6 millones de personas que, en promedio, tuvieron un ahorro mensual de $3.500 per cápita.
Preservamos el ingreso de jubiladas y jubilados aumentando sus haberes y otorgándoles bonos adicionales. Lo mismo hicimos con titulares de asignaciones y asalariados de menores ingresos en relación de dependencia. A todos ellos se les congelaron las tarifas de los servicios públicos.
Estas políticas amortiguaron una parte del impacto de la pandemia. Sin embargo, durante el segundo trimestre de 2020 se registró la menor circulación y así asomó el impacto más severo sobre el nivel de actividad económica.
Reducir el impacto en todo lo que fuera posible fue nuestra decisión política. Las políticas sociales aplicadas han evitado que 2,7 millones de personas cayeran en la pobreza y que 4,6 millones quedaran atrapadas en la indigencia.
La enumeración de todo lo anterior de ninguna manera expresa un sentimiento triunfalista. Somos conscientes de que esta batalla aún no terminó. Entre fines del año pasado e inicios de este, diversos países experimentaron el impacto de una segunda y tercera ola de la enfermedad, con distintas mutaciones del virus. Por eso, insisto: el problema no está resuelto. Nos hemos cuidado y debemos seguir cuidándonos colectivamente.
Argentina y México, producimos juntos la vacuna de Oxford/AstraZéneca para todo el continente latinoamericano.
Desde fines de diciembre estamos recibiendo, a un ritmo menor al que acordamos contractualmente, dosis de la vacuna SPUTNIK V. En febrero recibimos vacunas de AztraZéneca y en los últimos días un millón de dosis de la vacuna Sinopharm, de China.
Sabemos que hay dificultades en la producción de vacunas. Pero conocemos muy bien las dificultades que atraviesa el mundo por la escasez y por el egoísmo. Lamentablemente, hay una realidad. Hoy el 10 % de los países acapara el 90 % de las vacunas existentes.
Seguiremos trabajando incansablemente y seguiremos consiguiendo las vacunas para cumplir nuestros objetivos.
Hemos iniciado el mayor operativo de vacunación de la historia argentina. Vamos a avanzar semana a semana en nuestro plan de vacunación.
En ese Plan hay prioridades muy claras. Las reglas se deben cumplir. Si se cometen errores, la voluntad de este Presidente es reconocerlos y corregirlos de inmediato. Cuando se dijo que aquellas reglas habían sido transgredidas, me he encargado de recabar la información pertinente. Aún cuando en lo personal me causaran mucho dolor, tomé las decisiones que correspondían.
Ningún gobierno de la tierra se puede arrogar el privilegio de no cometer errores, pero todo gobierno sensible sí tiene la obligación de corregir esos errores para desterrar cualquier indicio de privilegio o falta de solidaridad.
Sobre esto deseo ser claro: no llegué a la Presidencia para ser sordo a las críticas bien intencionadas. Como tampoco llegué a la Presidencia para dejarme aturdir por críticas maliciosas que responden a intereses inconfesables de poderes económicos concentrados, que en ocasiones buscan sembrar la fractura, la polarización y discordia entre el Pueblo Argentino, profundizando las heridas que como sociedad cargamos.
Los acuerdos exigen respetarnos. La pirotecnia verbal solo nos aturde y nos confunde. A lo largo de este año algunos sectores se han esforzado por generar incertidumbre y desánimo lanzando petardos cargados de falacias.
Quiero decirles sinceramente que no habrá campaña o presión que me haga claudicar en mi empeño por otorgarle racionalidad y sensatez al debate de los problemas argentinos.
A quienes señalan errores de buena fe, les agradezco de corazón la oportunidad que nos brindan de hacer mejor nuestro gobierno. No somos infalibles.
A quienes sistemáticamente bombardean a esta gestión sin la mínima objetividad, les reconozco la perseverancia, pero les recuerdo que por ese camino no van a lograr su propósito.
No dejaré por un instante de trabajar para ser el Presidente de una Argentina unida, sin dejarme arrastrar por ningún tipo de provocación, provenga de donde provenga.
Uno de los desafíos que tenemos en Argentina es poder distinguir, por un lado, aquellos fenómenos económicos y sociales que son el resultado de procesos globales, como la pandemia, de aquellos otros que son el resultado de decisiones de política económica que se han tomado aquí.
Ya en 2018 la Argentina fue sumergida en una nueva y profunda crisis en la balanza de pagos, en una grave recesión, en una caída de los niveles de actividad y de los ingresos reales y en un aumento notorio del desempleo, la pobreza y la indigencia. Como si esto fuera poco, cuando el país perdió el acceso al financiamiento internacional, el gobierno anterior solicitó el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Los U$S 44.000 millones de dólares recibidos por Argentina se esfumaron antes que asumamos nuestras funciones.
Con firmeza y esfuerzo, hemos logrado la renegociación de la tóxica deuda externa privada. La estrategia fue aprobada por este Congreso de la Nación, acompañada por el conjunto de los gobernadores, y respaldada en su negociación por los empresarios, representantes sindicales y la mayor parte de los movimientos sociales.
Este logro, permitió que Argentina se vea favorecida con un ahorro de 34.800 millones de dólares entre el período 2020-2030.
Sin embargo, el problema no ha concluido. Aún nos queda por resolver nuestra deuda con el Fondo Monetario Internacional.
Se trata de un endeudamiento singular por los montos y por los plazos de repago.
A una Argentina en absoluto default, el Fondo Monetario Internacional le adjudicó un préstamo de 55.000 millones de dólares.
Ahora sabemos también, por boca del mismísimo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que en sus días de director del Fondo Monetario Internacional en representación de la administración Trump, impulsó el otorgamiento de semejante préstamo para favorecer al entonces presidente Macri en la búsqueda de su reelección.
Nuestro país ya conoce lo que es estar endeudado. Conoce lo que nos costó “ser parte del primer mundo”. Conoce también que fue el “blindaje” y que fue el “megacanje”. En todos los casos aparecen los mismos actores que se repiten con el correr de los años. En todos los casos, los mismos privilegiados que medran con la crisis. En todos los casos las mismas victimas, argentinas y argentinos expulsados a la marginalidad de la miseria.
Dije al asumir, que en mis prioridades antes que nada estaban los últimos. Nada ha cambiado en mi. No va a haber ningún ajuste que otra vez recaiga sobre las espaldas de nuestro pueblo. Gracias al acuerdo logrado con los acreedores privados, este año la Argentina se liberó de pagar 12.500 millones de dólares. Si quieren buscar quien paga el costo de ordenar la economía, encuentren allí la respuesta.
Nuestras negociaciones con el Fondo Monetario Internacional seguirán adelante, en un marco de respeto y tratando de arribar a buen puerto. El diálogo ha sido hasta aquí muy constructivo.
La Obra Pública ha sido prioritaria y lo será más aún en 2021. Al inicio de nuestra gestión encontramos el 70 % de las obras paralizadas. Reactivamos 270 obras públicas sin favoritismos ni exclusiones porque creemos en la Argentina Unida.
Hoy tenemos más de 1.000 obras en ejecución en las 24 jurisdicciones y llevamos el Plan Argentina Hace a cada rincón del país con el que alcanzaremos los 2300 municipios con obras de ejecución rápida y de mano de obra local.
Que cada familia tenga un techo sigue siendo un objetivo a cumplir. Por eso lanzamos el Plan Casa Propia-Construir futuro, cuya finalidad es alcanzar a fin del año 2023, 264.000 soluciones habitacionales en todo el territorio nacional.
La vivienda construida por el Estado, es básicamente un acto de reparación y justicia social, no solo por su calidad constructiva si no a través de cuotas accesibles en el marco de un sistema solidario, que garantice el recupero de la inversión estatal a la vez que genere un fondo que lo haga sustentable.
Un problema estructural de la Argentina que debemos reparar es la falta de federalismo. Una prioridad del gobierno nacional ha sido, desde el inicio de la gestión, gobernar junto a quienes gobiernan nuestras provincias y trazar lineamientos para un federalismo que genere un territorio y un país más igualitarios. Un país central opulento que contrasta con un norte empobrecido y una Patagonia postergada no es definitivamente un país justo. Debemos poner todos nuestros esfuerzos para eliminar las asimetrías que esta realidad exhibe.
Ese equilibrio territorial es fundamental para una agenda de desarrollo, con más producción y empleo.
Nuestro enfoque federal de las políticas públicas se estableció a través de tres orientaciones que guían la relación entre el gobierno nacional y las provincias. Previsibilidad y coordinación, trato igualitario, y apoyo a las áreas geográficas y los sectores sociales más postergados.
En enero de 2020 se sancionó un nuevo Consenso Federal que inició el camino para la recuperación fiscal de los gobiernos provinciales.
Todas nuestras políticas están definidas por este enfoque federal.
Esto es parte del Plan de Desarrollo Federal que hemos trabajado con gobernadoras y gobernadores, incluyendo medidas que interesan a más de un gobierno provincial.
El fortalecimiento del mercado interno constituye un eje clave para acelerar la recuperación de la producción y el empleo.
Incluso en pandemia, dimos pasos que vamos a redoblar para enfrentar los desafíos estructurales de la economía argentina.
La inflación es un problema multicausal. Debemos abordarlo de modo integral, con políticas macroeconómicas consistentes y sostenibles. Y con diálogo social que permita estructurar acuerdos de mayor alcance.
En enero de este año, en cuanto se detectaron algunos faltantes, tuvimos una rápida reacción que llevó a la imputación de 11 empresas en el marco de la Ley y respetando los procedimientos administrativos vigentes.
Nuestro gobierno cuida y seguirá cuidando la mesa de las familias argentinas. No es posible que como sociedad caigamos una y otra vez en el viejo sistema donde algunos amasan fortunas especulando con los precios y los consumidores retroceden en su capacidad de comprar.
Debemos hacer que los salarios crezcan y los precios se estabilicen. El sistema capitalista fracasa en el mismo instante en que los que consumen son expulsados del mercado. Ninguna sociedad crece empobreciendo a los que viven de un salario.
Hemos iniciado una mesa de concertación de precios y salarios junto al sector empresario y sindical. El diálogo va a contribuir en el proceso de desinflación.
Planteamos un debate abierto donde cada sector esté dispuesto a contribuir en beneficio del conjunto. Porque nadie se salva solo. Y porque en este contexto, es central coordinar esfuerzos para que el salario le gane a la inflación.
Para nosotros la recuperación de los ingresos reales constituye un elemento fundamental para el crecimiento. Esa recuperación es un objetivo prioritario para 2021.
El nuevo plan Potenciar Trabajo hoy alcanza a 820 mil titulares. Los beneficiarios cobran la mitad del salario mínimo y se vinculan con el mercado laboral formal. Sólo con ese programa generaremos otros 300.000 puestos de trabajo en los sectores de mano de obra intensivos.
Recuperar el salario medio en la Argentina es un desafío que debemos asumir en este tiempo de recuperación económica. Por eso quiero pedirle a este Honorable cuerpo legislativo que apure el tratamiento de la ley que facilita la reducción del impuesto a las ganancias en los salarios. Si lo hacemos, mas de un millón doscientos mil argentinos quedaran liberados de pagar ese tributo. Quienes trabajan y quienes se han jubilado se beneficiarán con ello recuperando así su capacidad de compra.
También sé que muchos trabajadores y trabajadoras monotributistas se han perjudicado por el parate que significó la pandemia después de los años recesivos que la precedieron. Es necesario que este Congreso se avoque a tratar la ley que re categoriza y otorga moratorias a más de trescientos cincuenta mil monotributistas. Eso es darle mejores condiciones para reponerse y seguir con sus tareas.
En este camino, deseo destacar especialmente otro logro colectivo.
Tenemos una ley de economía del conocimiento aprobada con amplio consenso, como eficaz política de Estado. Esto también demuestra que no es una utopía ingenua pensar en acuerdos de largo plazo, perdurables, entre todos los sectores del país.
Es prioritario para la Argentina integrarse a las cadenas globales de valor a través de la tecnología 4.0.
Este año presentaremos 6 proyectos de ley destinados a dinamizar la estructura de crecimiento que abordan nuevos desafíos tecnológicos y productivos. También son una convocatoria a la unidad nacional y productiva, para establecer los pilares de un gran Proyecto Nacional de Desarrollo e Inclusión Social.
Algunos proyectos:
He dicho una y mil veces que las tarifas deben corresponderse con las necesidades y capacidades de nuestra gente. Mi objetivo final es poder lograr tarifas diferenciales según la capacidad patrimonial de quien recibe el servicio. El propósito último es que los subsidios del Estado solo amparen a los que lo requieren.
Las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles, permitir la sustentabilidad productiva y la justicia distributiva. La pesadilla de tener que decidir entre alimentarse o pagar los servicios públicos, la incertidumbre permanente de no saber cuánto “iba a venir de luz y gas” ha llegado a su fin.
La conformación de ese nuevo cuadro tarifario va a demandar meses. Hasta tanto podamos formular una nueva Revisión Tarifaria Integral creo importante marcar un sendero en el precio de las tarifas de luz, gas y otros servicios para el próximo año.
A tal fin, enviaré al Congreso Nacional un proyecto de ley que declare la emergencia de servicios públicos y regulados con el objetivo de desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos.
Hay otro tipo de sostenibilidad que también nos importa mucho: es la climática. Por eso estamos absolutamente comprometidos con los principios establecidos en el acuerdo de París.
Estamos seguros que el desarrollo del futuro será verde o no va a ser.
Asumimos una política activa de promoción de la economía circular que incluye un plan de inversiones para erradicar basurales a cielo abierto, mejorar la disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos y las condiciones de trabajo de los recuperadores urbanos.
Consensuamos con todas las provincias mecanismos de gestión que permitan movilizar los recursos económicos del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
Se impulsará la creación de nuevos parques nacionales en seis provincias para preservar la biodiversidad.
Restituimos la Paritaria Nacional Docente para avanzar en la recuperación del salario.
Se había abandonado la política de modernización digital de nuestras escuelas. Una acción que había logrado el reconocimiento internacional con la entrega de más de 5 millones de computadoras.
Sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro. Garantizar el futuro de justicia social, de oportunidades, bienestar y dignidad que nuestro pueblo merece, requiere de fuertes decisiones en la educación.
Iniciamos este año con uno de los más significativos incrementos presupuestarios de la educación argentina en estos casi 40 años de vida democrática. Mi objetivo es recomponer al final de mi período presidencial el cumplimiento de la meta de la Ley de Financiamiento Educativo.
Otro tema clave para un desarrollo integral es la conectividad. La pandemia mostró más aún su relevancia. Establecimos el carácter de servicios públicos esenciales en competencia de los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y suspendimos los incrementos de precios hasta el 31 de diciembre de 2020. Ahora, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) debe autorizar cualquier aumento. Creamos la Prestación Básica Universal ampliando derechos para que todos y todas puedan acceder a estos servicios esenciales.
Retomamos nuestro plan satelital, que fue abandonado durante la gestión de anterior, para conectar más a los argentinos y a las argentinas.
Seguiremos desarrollando la red federal de fibra óptica, que es la red pública más importante de América Latina. Ya estamos trabajando para multiplicar por 10 la potencia de nuestra red para que los argentinos y las argentinas estén más y mejores conectados.
Cada vez son más los gobiernos provinciales y municipales que se digitalizan.
Vamos a implementar el DNI electrónico a través de un nuevo documento tarjeta con chip favoreciendo su tramitación (al igual que el pasaporte) en forma remota. Al mismo tiempo, seguiremos mejorando el otorgamiento de certificados de pre-identificación para facilitar el acceso al DNI en los sectores más vulnerables.
La inversión en ciencia, innovación y desarrollo, es crucial para la recuperación del crecimiento y su sostenibilidad. Este año más que duplicamos los recursos destinados en 2019.
Aumentamos el número de ingresos de investigadoras e investigadores y personal técnico al CONICET, el número de becas doctorales y postdoctorales, y recompusimos los estipendios de las becas.
Promulgaré la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación que garantiza el incremento progresivo y sostenido de su presupuesto en la próxima década.
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales puso exitosamente en órbita el “SAOCOM 1B”, el segundo satélite argentino de observación de la tierra que se lanza al espacio. Junto al “SAOCOM 1A” permitirá prevenir, monitorear, mitigar y evaluar catástrofes naturales o antrópicas.
Continuaremos priorizando el Plan Satelital e impulsaremos el Plan Espacial Nacional 2021-2030
Relanzamos la iniciativa Pampa Azul para promover el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la innovación productiva en el Atlántico Sur, ejercer de modo efectivo la soberanía nacional en los espacios marítimos argentinos.
Querido Pueblo Argentino:
La seguridad es un derecho democrático y el Estado tiene la obligación de trabajar incansablemente para garantizarlo.
Le hemos devuelto al Estado nacional su función primordial en la investigación criminal como respuesta ante el delito complejo y como política de prevención. Las grandes organizaciones criminales terminan resquebrajando el tejido social. Por eso, perseguir con firmeza al crimen organizado es la mejor forma de atacar la inseguridad que sufre la población.
Estas políticas han dado resultados significativos: se detectaron más delitos que causan daños directos en la economía, a través de su impacto en la alimentación, la producción, la exportación y la importación. Y se han logrado reducir.
En la política de drogas priorizamos la desarticulación de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y no la política de persecución del consumo que regía previamente. Incrementamos un 40 % el decomiso de kilos de marihuana respecto de 2019.
Con el Programa de Fortalecimiento de la Seguridad aportamos Fuerzas Federales en Buenos Aires e invertimos $3.000 millones de pesos para trabajar conjuntamente con la Provincia de Santa Fe en la prevención y reducción del delito.
El trabajo de seguridad resulta impracticable bajo las condiciones de abandono y maltrato que recibieron las y los trabajadores de las fuerzas federales. Decidí revertir la deuda salarial histórica de esas fuerzas. Además, dispuse una inversión material y humana en la reparación y compra de herramientas de trabajo modernas, en la puesta en valor de lo recuperable y en el trabajo para el bienestar y protección de las y los trabajadores de la seguridad.
Por otro lado, hemos sido inflexibles ante los casos de violencia institucional y hemos devuelto a las fuerzas federales al paradigma de derechos que le corresponde a nuestra democracia.
Seguimos trabajando para una seguridad democrática y una seguridad moderna. Las fuerzas federales tienen funciones muy claras. No serán utilizadas para carreras políticas ni para espectáculos mediáticos. Las fuerzas federales son auxiliares del Poder Judicial. Las fuerzas de seguridad no son juezas de la sociedad.
Por primera vez, elaboramos un presupuesto nacional con perspectiva de género. Además, establecimos el cupo laboral travesti trans en la Administración Pública Nacional.
Avanzamos en la implementación de la Ley Micaela en toda la Administración Pública Nacional.
Aprobamos por ley la ratificación del Convenio 190 de la OIT contra la Violencia Laboral.
Cumpliendo con la palabra que empeñé, promulgué la Ley que autoriza la Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Ley de los 1.000 días.
La Argentina logró el primer puesto en el ranking mundial de la ONU de países con políticas de género en el contexto de la pandemia COVID-19.
Pusimos en marcha el Programa AcompañAR para la asistencia integral a mujeres en riesgo por situaciones de violencias de género.
Ampliamos las capacidades y modernización de la Línea 144.
Creamos el Consejo para la Prevención y el Abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios.
Continuaremos por este camino en 2021 con el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad para reducir las brechas de género.
Pondremos en marcha el Programa de Acceso a Derechos para personas en situación de violencia, que contará con equipos interdisciplinarios que asistan y acompañen a mujeres y diversidades en todo el territorio nacional.
La reforma del Poder Judicial en su más amplia dimensión también es una demanda impostergable de la sociedad en su conjunto.
Quisiera que en mis críticas al sistema judicial nadie vea rencor ni voluntad de favorecer a alguien. Hablo como lo que soy. Un hombre que se ha criado en el mundo del derecho, que enseña a respetar la institucionalidad de la República y la vigencia de los valores democráticos.
El Poder Judicial de la Nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Sus miembros (jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios) disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad.
Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias que si tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado.
En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible.
La relación corporativa que los vincula, ha permitido que muchos de ellos permanezcan en sus cargos más allá del tope de edad que la Constitución impone.
En la Argentina de hoy, hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara. A él no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su “poder residual” pudiera afectar la investigación. Es cierto. Su poder no es residual. Está vigente.
También observamos como sale a la luz un perverso sistema en el que se entremezclan jueces, fiscales, pretensos espías y reconocidos periodistas para hacer un seguimiento ilegal de personas detenidas y para montar extorsiones judiciales. Todo se sabe y todo sigue transcurriendo como si nada pasara.
Algún miembro de este Congreso Nacional detectó la visita de jueces de la casación al entonces Presidente Macri, justamente días antes de dictar sentencias contra sus opositores políticos y solo una voz aislada de ese tribunal se alzó reclamando explicaciones. El resto lo amparó bajo el manto del silencio.
En este año también hubo decisiones judiciales llamativas. Como un per saltum que le asignó extrema gravedad al traslado de dos jueces ignotos.
Todas estas dudas, que se mezclan con otras en las que se confunden arrepentidos bien pagos con fiscales y jueces que los avalaron, me obligan a reflexionar sin tapujos sobre el modo como hoy está funcionando la institución judicial en el marco de nuestro Estado de Derecho.
Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca. Asistimos a condenas mediáticas instantáneas y sin posibilidades serias de revisión. Sufrimos la discrecionalidad de los jueces expresada en demoras inadmisibles de procesos judiciales que afianzan el clima de impunidad. Padecemos la manipulación de decisiones jurisdiccionales en función de intereses económicos o partidarios que conducen a medir los hechos con distintas varas.
Finalmente, propiciaremos el establecimiento del juicio por jurados para la sanción de aquellos delitos graves que se cometan en el ámbito federal. Estaremos cumpliendo así con una cláusula de la Constitución Nacional de 1853 que nunca se hizo operativa a nivel federal.
De lograr avanzar en esa idea, será el pueblo, constituido en jurado popular, quien con todas las garantías constitucionales podrá dictar su veredicto de inocencia o culpabilidad ante las conductas criminales que se sometan a su consideración.
Vengo a decirle al país con firmeza y convicción, que en esta hora histórica, urge reinstalar la confianza en nuestras instituciones.
Garanticemos el acceso a la justicia de cualquier ciudadano.
Terminemos con las condenas o absoluciones en función de una preferencia o presión de factores de poder.
Mantenemos viva la memoria y el honor de la y los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. Otorgamos el ascenso post mortem al grado inmediato superior para toda la tripulación del submarino ARA San Juan y se envió al Congreso un proyecto de ley indemnizatorio.
La ley del Fondo Nacional de la Defensa promulgada en 2020 prevé por primera vez un Fondo específico para financiar el reequipamiento de las FFAA que impulsa el desarrollo de la industria nacional de la defensa con creación de puestos de trabajo. Este Fondo permitirá la sustitución de importaciones, el desarrollo de proveedores y la inserción internacional de la producción local de bienes y servicios orientados a la defensa.
Argentina es el país que mayor presencia ininterrumpida tiene en la Antártida y el que más bases posee. Con protocolos ante la pandemia se está cumpliendo la operación logística y de apoyo para la permanencia efectiva en territorio antártico en la Campaña Antártica de Verano 2020-2021 para abastecer y relevar las dotaciones.
Las políticas de Estado rinden sus frutos. El Mercosur es un ejemplo de ello. El 26 de marzo, bajo la Presidencia Pro Tempore de la Argentina, festejaremos los 30 años del Tratado de Asunción, que fue la piedra basal para nuestra integración, la que permite una convivencia cordial y productiva con los vecinos y permite que, juntos, podamos negociar mejor en el mundo.
En la apertura de sesiones del año pasado he planteado que es prioridad de nuestro gobierno reivindicar la recuperación de la soberanía en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, como así también la defensa de los recursos naturales en el Atlántico Sur.
Quiero agradecer a este Congreso la aprobación por unanimidad de los tres proyectos de ley que enviamos para avanzar en la defensa de nuestra soberanía.
Con la ampliación de la Plataforma Continental, resultado de otra verdadera política de Estado llevada adelante durante más de 20 años, dejamos en evidencia la real extensión de la soberanía argentina en el Atlántico Sur. Ahora podemos ser más estrictos en la persecución de la pesca ilegal.
De aquí en más, un Consejo Nacional sobre las Islas Malvinas plural e interdisciplinario, permitirá delinear estrategias de mediano y largo plazo.
Somos un país solidario. Con México dimos impulso a la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, la CELAC, que será el marco para la distribución de vacunas a precio accesible. Nuestro presente y nuestro futuro es con la Patria Grande. Queremos una América Latina unida.
Dos veces propuse en las cumbres del G-20 un Pacto de Solidaridad Global y un Fondo Humanitario para hacer frente al impacto del coronavirus. Cuando nuestro gobierno reclama más multilateralismo, piensa en nuestro pueblo y en los otros pueblos.
Un mundo con vacunas para pocos será un mundo más injusto y más violento.
Construimos relaciones serias con las grandes potencias y los grandes bloques, como los Estados Unidos, China, Rusia, Medio Oriente y la Unión Europea. Dejamos atrás la política de sumisión y fotos. Consolidamos un idealismo realista y un pragmatismo que no olvida los valores. Buscamos resultados que se noten en la vida cotidiana.
La dirigencia política, social, empresaria, debe emprender conjuntamente el camino de la reconstrucción argentina. Ese objetivo requiere, como condición indispensable, recorrer un camino de acuerdos. Acuerdos que nos permitan lograr un desarrollo integral y sostenible del país.
Todos sabemos que hay intereses que siguen privilegiando la especulación financiera y minorías que quedan aferradas a la especulación política. Todos percibimos que minorías ultra-recalcitrantes agitan el odio como negocio personal y con mezquindades que no trepidan en emplear los más bajos medios de actuación. Los mismos que producen esas situaciones también son fabricantes del desánimo y del escepticismo. Son quienes pretenden instalar la idea de que la Argentina no tiene salida.
Con prioridades claras, con fuertes convicciones democráticas e igualitarias, el diálogo con todos los sectores es el modo en el cual construiremos la Argentina con justicia social que soñamos.
Aprendamos de nuestra experiencia histórica y de la pandemia. Salgamos de esa historia pendular y no repitamos endeudamientos, desregulaciones o aperturas que destruyen el trabajo argentino y nuestro tejido productivo.
Por eso convocamos a empresarios, empresarias, trabajadores y trabajadoras, universidades, sociedad civil, y científicos, para integrar el Consejo Económico y Social que lanzamos recientemente con sentido plural.
Se trata de un paso histórico, largamente reclamado por todos los sectores.
Será el ámbito para desplegar toda la energía creativa de la sociedad pensando en construir un futuro que comienza hoy mismo. Se trabajará en 25 metas de transformación en áreas tan importantes como la productividad con cohesión social, la comunidad del cuidado, la ecología integral, la educación y los trabajos del futuro y la innovación democrática.
Convocamos a todos los actores del país a consolidar rumbos previsibles de mediano y largo plazo.
Los argentinos y argentinas necesitamos construir un país antisísmico. Que supere los cimientos de barro que el odio, la división y los fanatismos provocan.
Un país que de seguridad económica y social a todos y todas. Seguridad a las empresas y a los ingresos de los hogares. Seguridad de inclusión social, antes que nada, a los descartados, los invisibles, los olvidados.
A nosotros nos toca enfrentar un mundo muy egoísta y desigual. Ahora, la pandemia plantea la responsabilidad de aprender de esta experiencia. Cuanto más podamos aprender como sociedad y como Estado, se generarán mejores políticas y condiciones para afrontar los desafíos del futuro.
La pandemia nos deja fuertes lecciones en los valores básicos de una comunidad nacional. Nos obliga a poner en valor “lo común”, “lo compartido”, saber que “todos habitamos la misma casa”, que todos somos sujetos y sujetas de la solidaridad, del cuidado hacia el otro y la otra.
La pandemia nos enseñó los peligros de las visiones mezquinas e individualistas.
Aprendimos que todos y todas somos vulnerables.
Sabemos que el cuidado individual es cuidado colectivo. Cuidarse es cuidar a otro.
De esta pandemia debe nacer un mundo mejor.
Mi querido Papa Francisco siempre nos ha convocado a hacerlo. Es ahora o nunca.
La Argentina tiene un horizonte. Trabajamos en la reconstrucción que podrá sentirse plenamente cuando hayamos controlado la pandemia. Nos permitirá generar empleo, incrementar paulatinamente el salario real, aumentar la producción, el crédito, las exportaciones. Y también nos permitirá recuperar y mejorar todas las dimensiones de nuestra vida social.
Quiero reiterar mi agradecimiento a la sociedad argentina por habernos acompañado activa y solidariamente en uno de los años más difíciles de nuestra historia. Nadie se salva solo. En la unidad y la solidaridad están las claves para construir una Argentina que despliegue todo su potencial económico, social, ambiental, científico y cultural.
Quiero ser recordado como un argentino que un día fue elegido como Presidente y fue capaz de servir a su Pueblo sembrando la mejor de las semillas que un ser humano puede sembrar: la unidad de su Patria más allá de las diferencias, la unión nacional más allá de la pluralidad de miradas, la concordia del país más allá de las razonables críticas.
Que esa semilla crezca y germine es una tarea de todas y todos. De este tiempo de pandemia podemos hacer renacer un tiempo de esperanza fértil para una Argentina mejor.
Unidas y unidos vamos a seguir recorriendo ese camino.