El Estado tenía plazo hasta la medianoche de ayer para dar su respuesta ante la justicia de EE.UU. en la demanda que enfrenta por la expropiación de la petrolera; el país busca revertir el fallo que lo obliga a pagar US$16.100 millones más intereses.

El Estado argentino presentó anoche una respuesta a la moción que hizo la ONG Republican Action for Argentina (RAFA) para pedir que se revoque el fallo en su contra por la expropiación de YPF, en la que el país fue sentenciado a pagar una indemnización de US$16.100 millones más intereses. Cerca de la medianoche, la Procuración del Tesoro reiteró ante los tribunales internacionales “su voluntad de que se esclarezcan de una vez por todas los hechos que rodearon la adquisición de las acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi”, según dijeron fuentes oficiales.

“La respuesta expresa también la firme voluntad de este Gobierno en colaborar con su par de los Estados Unidos en cualquier investigación que pueda arrojar luz sobre los hechos y circunstancias que rodean este asunto sin que ello implique abandonar sus planteos en el sentido de que los tribunales estadounidenses no son el foro adecuado para resolver las pretensiones de los demandantes en este caso”, agregaron.

La estrategia de la defensa argentina en este caso quedó a cargo de Juan Ignacio Stampalija, nuevo subprocurador del Tesoro, que reemplazó a Andrés De La Cruz, a quien se le aceptó la renuncia el viernes pasado. Stampalija ingresó junto con el nuevo Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, quien a su vez sucedió a Rodolfo Barra, echado del Gobierno un mes atrás.

Hoy salió un decreto en el Boletín Oficial en el cual se acepta “la excusación” por Castro Videla para intervenir en el caso por la expropiación de YPF. En su pasado en el sector privado, integró el estudio de abogados de Alberto Bianchi, quien fue uno de los expertos jurídicos que presentó el fondo Burford, que compró el derecho a litigar contra el país en la quiebra de las empresas Petersen.

Por lo tanto, para evitar “conflictos de intereses”, se decidió que Stampalija quede a cargo de los temas internacionales.

“El Gobierno argentino, bajo el presidente Milei, toma muy en serio todas las acusaciones de corrupción y se compromete a investigar a fondo cualquier acusación creíble. Debido a su firme compromiso en la lucha contra la corrupción, incluida la corrupción histórica, la República apoyaría y cooperaría plenamente con cualquier investigación que el Gobierno de los EE. UU. pudiera llevar a cabo sobre los temas planteados por RAFA, sin perjuicio de sus argumentos de que los tribunales estadounidenses no son el foro adecuado para resolver las reclamaciones de los demandantes en este caso, dijo el abogado Robert J. Giuffra, del estudio Sullivan & Cromwell.

Los beneficiarios del fallo de YPF, los fondos Burford y Eton Park, también presentaron sus escritos y dijeron que la ONG RAFA “no presenta ningún argumento que demuestre que tiene un interés jurídicamente reconocible en las transacciones comerciales, la reestatización de YPF o los activos relacionados que están en el centro de este caso”. En cambio, dijeron, la ONG “pretende actuar en defensa del interés público, quizás como un ‘querellante’, o fiscal privado, según el derecho argentino”, contó Sebastián Maril, director de Latam Advisors, quien sigue de cerca los juicios contra el país en el exterior.

“Además de estas deficiencias sustantivas, RAFA también ha incumplido los requisitos procesales básicos de la Regla 24. Quienes buscan intervenir deben notificar a todas las partes conforme a la Regla 24(c), pero en su lugar, RAFA envió sus documentos por correo directamente al Tribunal, sin notificar a las partes y sin ninguna justificación válida para un tratamiento ex parte”, agregaron los beneficiarios, representados por el estudio jurídico King & Spalding.

La ONG se presentó la semana pasada en el juzgado de Loretta Preska de la Corte del Distrito Sur de Nueva York para pedir que se revoque el fallo y logró que la jueza emitiera una orden de vista a las partes involucradas en el juicio. “Es de suma trascendencia que se avalen las razones de la presentación para proteger los derechos de todos los argentinos”, había dicho a LA NACION Fernando Irazú, representante de RAFA.

Según el abogado, la sentencia es “un fraude procesal que consuma un fraude internacional en un esquema criminal por el cual se llevan el fruto de una corrupción gubernamental que ha afectado a YPF y a todos los argentinos”. Irazú se presentó en el juzgado de Preska con información y documentos sobre la supuesta compra fraudulenta, en 2008, del 25% de las acciones de YPF por parte del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, en connivencia con el matrimonio Kirchner.