La Caja Popular denuncia «animosidad» del Tribunal de Cuentas
Tras una auditoria, el Tribunal de Cuentas dio inicio a un proceso judicial para determinar la responsabilidad sobre una deuda alegada con el Siprosa. Desde la entidad financiera, denuncian la existencia de «parcialidad e ignorancia».
El Tribunal de Cuentas (TC) ha concluido una auditoría iniciada en noviembre de 2023, señalando presuntas anomalías en el área de Juegos de la Caja Popular de Ahorros (CPA). El informe destaca una deuda significativa con el Sistema Provincial de Salud (Siprosa), ascendiendo a más de $3.000 millones, acumulada por la falta de transferencia de fondos desde 2020 hasta 2023. Sin embargo, representantes de la CPA alegan que las acusaciones son un acto de venganza del presidente del TC, relacionado con una denuncia penal contra un miembro de su familia.
Los miembros del TC, Miguel Terraf y Sergio Díaz Ricci, han decidido iniciar un juicio de responsabilidad contra el interventor de la CPA, José César Díaz, basándose en los resultados de la auditoría. Además, han informado a la Justicia sobre los hallazgos y documentos recabados durante la investigación administrativa, sugiriendo la posible comisión de delitos como la violación de deberes de funcionarios públicos o malversación de fondos públicos.
Darío Amatti, subinterventor de la CPA, ha respondido a la resolución del TC, criticando el proceso como una muestra de “animosidad, parcialidad e ignorancia del TC, esta vez en la interpretación de la ley que establece la forma en que parte de los fondos provenientes del juego deben ser destinados al Siprosa”.
La auditoría identificó una “grave irregularidad” en el manejo de fondos por parte de la CPA, destacando un incumplimiento reiterado en la transferencia del 25% de los ingresos brutos del sector de juegos entre 2020 y 2023. Esta suma, que asciende a aproximadamente $3.381 millones más intereses por mora, podría haber contribuido significativamente a la gestión de las crisis sanitarias de la covid-19 y el dengue.
