La Justicia detectó 100 expedientes «truchos», que cobraron indemnizaciones de víctimas del terrorismo de Estado

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, analiza más de 22.500 trámites por un monto que supera los $14.000 millones.

 En las últimas horas se supo, que el Ministerio de Justicia se encuentra analizando las indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado, durante la última dictadura cívico militar.

En base a declaraciones hechas por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en el canal de noticias TN, trascendió que hay 22.500 expedientes en revisión y se analizan el respaldo documental, la veracidad y legalidad de la documentación que se presentó en cada caso para cobrar las reparaciones.

En promedio, cada indemnización alcanza los $80.000.000 y en total, según reveló el Ministro, la cifra reconocida por el kirchnerismo llegó a los $14.261.528.925 a raíz de la Leyes 24.043, 24.411 y 25.914.

Hasta el momento se detectaron 100 expedientes irregulares y pagos duplicados. El 24 de abril de este año, la Jueza María Eugenia Capuchetti empezó a embargar bienes en uno de los casos.

La Justicia investiga una supuesta asociación ilícita, que se dedicaba a falsificar documentación para cobrar las indemnizaciones y por este motivo, Capuchetti ya ordenó notificar de procesamiento firme y embargo de bienes al abogado Omar Enrique Ramón García, que representa a varios de los solicitantes.

Según la investigación, en muchos casos se simulaba ser hijos de desaparecidos o víctimas de la última dictadura.

Cúneo Libarona dio el ejemplo de la causa “Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita”, donde se procesó por estafa al Estado a un grupo de personas.

En el fraude al Estado, estarían involucrados familiares de personas que estaban viviendo en el exterior; es decir, que no fueron desaparecidos.

De acuerdo a las garantías legales, las indemnizaciones del Estado para víctimas de la dictadura se amparan en seis leyes nacionales que se aplican sobre aquellas que fueron desaparecidas de manera forzosa en hecho ocurridos hasta el 10 de diciembre de 1983.

La Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias es el organismo estatal, dependiente del Ministerio de  Justicia, que confirma o no cada una de las solicitudes de reparaciones.