La justicia ratificó la condena contra la «vendedora trucha» de casas del IPV
La pena de tres años y medio de cárcel impuesta a Norma Reartes quedó firme. Había sido hallada culpable por una serie de estafas contra personas a las que le prometía una vivienda a cambio de dinero.
Un tribunal de impugnación rechazó el recurso de apelación interpuesto por su defensa y ahora se hizo efectiva su detención por pedido del Ministerio Fiscal.
En virtud de la resolución alcanzada por el Tribunal de Impugnación del Centro Judicial de Concepción, que da cuenta de la ratificación de la sentencia condenatoria impuesta sobre Norma del Valle Reartes (54), la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, que actualmente conduce Mónica García de Targa, solicitó ante el juzgado de ejecución se disponga la inmediata detención de la mujer a los fines de hacer efectivo el cumplimiento de la condena dispuesta en su contra, la cual ya se encuentra firme para ser efectuada.
En este sentido, desde el Ministerio Fiscal confirmaron que la medida ya se hizo efectiva y Reartes, condenada a la pena de tres años y seis meses de prisión, ya se encuentra en su lugar de alojamiento cumpliendo con la pena dictada en primera Instancia.
Casas IPV
Cabe destacar que, el 17 de febrero de 2023, la encartada fue declarada autora penalmente responsable del delito de Estafa en concurso real, por 19 hechos ocurridos entre los meses de junio de 2017 y enero de 2021. Sin embargo, su defensa técnica había apelado dicho fallo que finalmente fue confirmado por un tribunal superior.
La causa
A Norma Reartes se la acusó de haber estafado a un grupo de personas entre los meses de agosto de 2016 y enero de 2021. Mediante engaños, ofrecía a sus víctimas la adjudicación de casas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La mujer aducía ser empleada del organismo y tener contactos e influencias dentro del mismo para facilitar la adjudicación de las casas. La investigación se había originado luego de una serie de denuncias realizadas por un grupo de personas que se fueron acumulando con las presentaciones de nuevos damnificados. Durante el juicio se comprobó que fueron al menos 19 las víctimas a las que, procurando obtener un beneficio económico indebido, ofreció mediante llamados telefónicos las casas, pidiéndoles sumas de dinero que iban desde $20.000 pesos y ascendían hasta los $200.000.
