La mujer que denunció a Bussi por abuso sexual se encadenó en la Casa Rosada
En reclamo de justicia, la joven se encadenó en las rejas de la Casa Rosada para denunciar la impunidad en la causa en la que denuncia a Ricardo Bussi por abuso sexual en el despacho que él tiene en la Legislatura.
Debido a la falta de respuestas, Lupe, nombre con el que se conoce a la joven, viajó a Buenos Aires para participar del 11º encuentro de Familiares Sobrevivientes de Femicidios para reclamar justicia y proponer medidas concretas contra los femicidas.
“Quiero que me escuche el Presidente también, porque no se hizo visible mi caso, parece que se hace oídos sordos. Fue más de tres veces a Tucumán y nunca habló sobre los casos de femicidios y abusos que estamos viviendo en la provincia. Somos más de seis que denunciamos abusos en el poder político. Todas importamos, Tucumán también importa. Además del abuso, Bussi mandó gente para que me maten, dispararon a mi casa, quisieron secuestrar a mis hijas. No estoy protegida por el Estado. No puedo volver a Tucumán: me persiguen todo el tiempo. Quiero que me escuchen, quiero justicia, y quiero vivir”, expresó Lupe a los medios de prensa.
Bussi, hijo del genocida Antonio Bussi, es legislador provincial de Fuerza Republicana y el año rechazó la aplicación de la Ley Micaela que postula la capacitación con perspectiva de género a funcionarios de todo el país.
El 6 de junio se cumplió un año de la denuncia de Lupe y hasta el momento no hay ninguna persona imputada. La causa ya pasó por tres jueces de instrucción y una serie de vaivenes que reflejan el entramado político y judicial que obstaculiza el avance del proceso.
“Tenemos miedo de que sea una desaparecida más en democracia”, dice el abogado Salvador Iovane cuando explica el estado en el que está la causa de “Lupe. Y pareciera que en esas palabras se podría sintetizar la complejidad de este caso que empezó hace poco más de un mes pero que hasta el día de hoy prácticamente no tuvo avances por parte de la Justicia.
El abogado denuncia que desde que la mujer decidió contar públicamente lo que le había pasado, ella y su familia empezaron a recibir amenazas. Desde policías que pasaban por la puerta para pedirle dinero hasta gente armada que entraba a su casa.
“La situación es muy grave, porque la Justicia de Tucumán no le está dando ningún tipo de protección, entonces su vida realmente está corriendo peligro”, se alarma Iovane.
