El 2 de julio habría una sesión especial para tratar proyectos sensibles para el Ejecutivo, como el financiamiento universitario. Además, se pretende avanzar en la reglamentación de los DNU, que la expresidenta promovió cuando era senadora.

Con diferentes iniciativas, la oposición dicta el ritmo de los debates en Diputados y marca en el Congreso una agenda que incomoda al Gobierno. Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, mantienen en alerta permanente a La Libertad Avanza.

En ese sentido, ya le solicitaron a Martín Menem, titular de la Cámara baja, una sesión especial para el 2 de julio, con la intención de tratar el financiamiento universitario y la emergencia sanitaria, entre otros temas. También está en agenda una modificación a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

El pedido lleva la firma de Pablo Juliano (Democracia para Siempre), los radicales Julio Cobos y Natalia Sarapura, y el monobloque de Mario Barletta, aunque cuentan con el respaldo de los demás sectores opositores. Quieren emplazar -es decir, fijar día y hora de reunión del plenario- a las comisiones de Presupuesto y Educación, encabezadas por el oficialista José Luis Espert y el aliado Alejandro Finocchiaro, respectivamente.

Respecto al financiamiento universitario, además de las iniciativas de los legisladores Danya Tavela y Maximiliano Ferraro, está el proyecto que los rectores de distintas facultades de la Argentina presentaron en mayo ante la Comisión de Educación.

Los académicos aseguran que la propuesta, elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional, “no compromete fiscalmente al Estado”. En relación con el financiamiento, hace referencia a la ley de Coparticipación Federal de Recursos Federales, al programa “Desarrollo de la Educación Superior de la secretaría de Educación”, del Ministerio de Capital Humano, la denominada “Proporción Universitaria”.

Esta mecanismo se calculará según el último presupuesto aprobado por el Congreso. Tendrá como numerador el crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales; y como denominador, el monto proyectado de ingresos en la proporción que hace referencia a la ley de coparticipación federal.

El objetivo es garantizar las condiciones laborales y salariales de los docentes y el personal no docente para sustentar el desarrollo universitario, incluyendo la implementación plena de los Convenios Colectivos de Trabajo.

Un debate de estas características ya se realizó durante el 2024, cuando el Congreso aprobó el financiamiento para las universidades, primero en Diputados (el 15 de agosto), y un mes más tarde en el Senado. Pero la ley fue vetada por el presidente Javier Milei. Y luego el veto resultó blindado por 85 diputados, que impidieron conseguir los dos tercios del Cuerpo para rechazarlo.