La periodista Irene Benito deberá comparecer como imputada en una causa ya archivada

La periodista del diario La Gaceta que fue denunciada por un supuesto perjuicio al Colegio de Abogados de Tucumán, confía en la Justicia y en la verdad, aunque teme ser victima de un grupo de funcionarios judiciales y políticos con ánimo de venganza por su tarea periodística, en la que investigó y puso en evidencia diversos hechos de corrupción.

«La persona que hizo la denuncia en mi contra (el abogado Alfredo Falú), es alguien a quien he investigado concretamente en un proceso que se llama causa Teves (Roxana Teves que acusó al estudio de abogados de los hijos del actual ministro Fiscal de la Corte, Edmundo Jiménez), pero él forma parte de esa trama y la fiscal Mariana Rivadeneira, la que me cita a indagatoria, también es una funcionaria judicial a quién he investigado desde el minuto cero. Por eso no deja de llamarme la atención que por una causa que fue archivada en abril pasado (por la inexistencia de delito), ahora la misma fiscal me cita a indagatoria«, expresó la periodista Irene Benito al expresar las sensaciones que la invaden ante el requerimiento judicial para el próximo 21 de diciembre.

En diálogo con Radio Prensa, la periodista del diario La Gaceta explicó que «la denuncia tiene como fondo la presunta existencia de un perjuicio a la institución por la publicación de un libro (manual de estilo para mejorar la escritura de los abogados), que fue entregado el 16 de diciembre de 2019 en mano de los presidentes de los colegios de abogados de la Capital y del Sur, y eso fue lo que ellos declararon en la causa penal«.

La causa penal de la que es objeto la periodista, fue instruída por la Fiscalía de Instrucción en Homicidios y Delitos Complejos, cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira, e involucra además al expresidente del Colegio de Abogados de Tucumán, Francisco García Posse, y ambos deberán declarar en calidad de imputados en una causa en la que se investiga un presunto fraude a la entidad profesional, equivalente a la fecha a unos 3.000 dólares.

La medida está dispuesta para el día 21 de diciembre, “bajo apercibimiento de ser conducida por la fuerza púbica en caso de incomparecencia injustificada”, según reza la notificación del Poder Judicial.

La Fiscalía consideró que existen elementos de convicción suficientes para sospechar la participación de los citados en los hechos investigados.

Los antecedentes

La causa fue iniciada por una denuncia del abogado Falú del 24 de noviembre de 2020 y se enmarca en una presunta defraudación al Colegio de Abogados de Tucumán. “Aprovechándose de su condición de Presidente de la institución, Francisco Ramón García Posse habría dispuesto el pago de la suma de treinta mil pesos ($30.000) el 03.12.2015 a Giselle Irene Benito de la cuenta ‘fondos a rendir diversos’ de la entidad profesional, y que corresponderían al anticipo por un supuesto libro que no apareció a la fecha, lo que ocasiona un perjuicio económico a la citada entidad profesional”, citó la causa.

En tal sentido, Falú indicó que “el libro en cuestión, debía presentarse en junio de 2016 como parte de los festejos del Bicentenario de nuestra Patria. Sin embargo, nadie lo reclamó ni pidió la devolución del dinero (equivalente a U$S 3.000 de entonces), y luego de radicada la denuncia hicieron aparecer más de 4 años tarde unos apuntes o fragmento del trabajo comprometido, que podrían haber hecho a las apuradas para intentar atenuar las responsabilidades. Recordamos que la propuesta de trabajo inicial incluía 20 capítulos, y lo presentado sería solo 1 (breve diccionario de palabras)”.

Entrevistado por Tomas, el abogado Falú rechazó que la denuncia contra Benito «sea un intento de acallar a la prensa o atentar contra la libertad de prensa«, y enfatizó que «se trata de una denuncia concreta vinculada a una maniobra de la periodista y el entonces presidente del Colegio de Abogados de Tucumán y que deberá dilucidarse en sede judicial«.

Falta de garantías

Luego de rechazar las acusaciones, la destacada periodista que cuenta con el respaldo del medio que representa, manifestó que «creo en la Justicia, en la verdad, pero la fiscal no tiene objetividad para investigarme y si realmente le interesaría la credibilidad y en la legitimidad del Poder Judicial, tendría que apartarse de la causa y dejar esto en alguien que pueda hacer una investigación justa y razonable, y sobre todo inobjetable«.

«Acá todo está distorsionado, porque los inocentes tenemos ir a dar cuenta a la Justicia. Los que investigamos ahora somos investigados y en definitiva, a mí me están aplicando el mismo patrón que en su momento se advirtió en la causa Teves y en otras que derivaron en hechos de público conocimiento«, aseveró Irene Benito.

Ante una consulta, la también abogada afirmó que  «creo en la Justicia, pero la verdad que aquí no tengo garantías. No hay ánimo de un proceso justo. Lo que veo es un ánimo de venganza, intento de silenciar a la prensa crítica y un panorama espantoso para los tucumanos«.

Por último, Benito afirmó que «estamos en un escenario turbio, pero la historia tiene giros y espero que la gente pueda sacar sus conclusiones respecto a este tema y pueda darse cuenta aquí quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios«. Con las recientes “caídas” del oficialismo histórico del C.A.T. (lista Moreno-Alberdi-Belgrano) y cambio de autoridades, salió a la luz un cruce de mails entre García Posse y Benito de los que surge que entre ellos acordaron lo relativo al “libro de estilo”, y que el Consejo Directivo se limitó a aprobarlo al día siguiente de haber recibido García Posse de modo personal la propuesta de trabajo de Benito. 

La Fiscal cambió de postura
En abril pasado, la fiscal Mariana Rivadeneira decidió el archivo de la causa al considerar que la demora en la entrega del libro comprometido por Irene Benito no representaba delito alguno. Pero ante una nueva presentación de pruebas (un cruce de mail entre la periodista y García Posse), realizada por Alfredo Falú despertaron el cambio de opinión de la representante del ministerio público.

Teniendo en cuenta los nuevos elementos, que echarían por tierra los descargos de los denunciados, la Justicia dispuso la citación de Benito y García Posse al considerarlos sospechosos de fraude en perjuicio del Colegio de Abogados de Tucumán.

Fuente: Radio Prensa