La Vicepresidenta detalló las «Veinte Mentiras de la Causa Vialidad»

Previo al veredicto, que se conocerá el próximo 6 de diciembre, Cristina Fernández de Kirchner se presentó ante el Tribunal Oral Federal número 2 y posteriormente dio a conocer un listado con las acusaciones que considera falsas.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner enumeró las «Veinte Mentiras de la Causa Vialidad», una suerte de catálogo sobre las acusaciones que se formularon en su contra en esa investigación, tras formular sus últimas palabras en el juicio oral y público que se sigue por el supuesto desvío de fondos para favorecer la realización de obras públicas en Santa Cruz.

Previo al veredicto, que se conocerá el próximo 6 de diciembre -tal como anunció hoy el Tribunal Oral Federal (TOF) número 2- la titular del Senado escribió en sus redes sociales un listado con las acusaciones que considera falsas y fundamentan la imputación en su contra en este juicio.

El detalle de la denuncia

• Como la «mentira 1», la exmandataria aseguró que tanto el expresidente Néstor Kirchner como ella «asignaron fondos a la provincia de Santa Cruz para obras viales de manera ilegal y arbitraria». Al respecto detalló que «las decisiones en materia de inversión pública son de resorte exclusivo de los órganos políticos y no existe ninguna norma jurídica que fije límites sobre cómo se debe llevar a cabo su distribución»
• Al exponer «la mentira 2», sostuvo que «los proyectos de ley de presupuesto elaborados por el Poder Ejecutivo (entre 2003 y 2015) fueron diseñados de manera arbitraria e ilegal por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner», la vicepresidenta señaló que «se acreditó en el juicio» que el proceso «cumplió con todos los controles legales y financieros y contó con la intervención de todas las oficinas competentes». «Se acreditó que desde la Presidencia de la Nación jamás se impartió directiva alguna a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) indicándose cómo debían efectuar su tarea» y «la Fiscalía nunca convocó como testigos al juicio ni a los Ministros de Economía del período 2003-2015 ni al personal técnico que cumplió funciones dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública».

• En «la mentira 3», Cristina recordó que «el Congreso de la Nación tuvo una participación marginal en la sanción de las leyes de presupuesto». La expresidenta aclaró que «la ley de presupuesto es conocida como la «ley de leyes» y resulta ser una de las normas más debatidas en el Congreso» lo que también quedó «acreditado» en el juicio.
• En «la mentira 4», afirmó que «los legisladores fueron obligados desde el Poder Ejecutivo Nacional para votar de manera afirmativa los proyectos de leyes de presupuesto que eran remitidos al Congreso». La Vicepresidenta reseñó que en el juicio «quedó acreditado que jamás se presionó o coaccionó a los legisladores para votar favorablemente las leyes de presupuesto del período 2004-2015». Además afirmó que «la propia oposición durante los ejercicios 2010 y 2011 presentó proyectos de presupuesto alternativos que incluían las mismas obras que son cuestionadas». Asimismo, dijo que » las leyes de presupuesto del período fueron votadas afirmativamente por legisladores de la oposición, tales como Graciela Camaño, Federico Pinedo, Cristian Ritondo, Gerardo Morales y Pablo Tonelli. Y naturalmente, por quien se desempeñó en todo el período como jefe del bloque de senadores del oficialismo, Miguel Ángel Pichetto».

• En «la mentira 5», explicó que ni Néstor Kirchner ni ella aumentaron las partidas del presupuesto a través de DNU sin intervención del Congreso para beneficiar a las empresas de Lázaro Báez». «Todos los DNU que ampliaron partidas fueron expresamente validados por el Congreso de la Nación» y contaron con «los controles de legalidad practicados por los servicios jurídicos» y además todos, «ampliaron partidas presupuestarias con carácter general», herramienta «utilizada por todos los gobiernos constitucionales a partir de la reforma del año 1994 y tiene una clara justificación económica».

• En la «mentira 6»: negó que los gobiernos kirchneristas hayan utilizado los fondos del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/2001 sin intervención del Congreso para financiar de forma ilegítima a las obras viales en la provincia de Santa Cruz», la Vicepresidenta afirmó que ese fideicomiso «existía con anterioridad al año 2003 y había sido creado durante la Presidencia de Fernando De la Rúa, con el propósito de financiar proyectos de inversión viales».
• En tanto, en la «mentira 7», que sostiene que Cristina dictó el Decreto N° 54/2009 incorporando a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) como beneficiaria del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/2001 pese a la opinión contraria de los servicios jurídicos y con el propósito de que se asignaran fondos a las empresas de Lázaro Báez». Cristina señaló que «quedó acreditado en el juicio que este decreto constituyó una simple norma de asignación de funciones» y que el mismo «fue refrendado por distintos Ministros» y «contó con todos los controles de legalidad practicados por los distintos servicios jurídicos en la esfera administrativa» así como también «jamás existió un dictamen jurídico que aconsejara que este decreto no fuera firmado» y, por otra parte, «el decreto no tenía relación alguna con la asignación de fondos para ninguna obra vial en particular».

• En el ítem siguiente, titulado «mentira 8», se dijo que se hizo uso de las decisiones administrativas, cuya competencia corresponde a los Jefes de Gabinete, para redireccionar recursos económicos en favor de Lázaro Báez». La funcionaria explicó que «todos los ex Jefes de Gabinete declararon bajo juramento de decir verdad que jamás recibieron instrucciones direccionar partidas presupuestarias para financiar proyectos viales en la provincia de Santa Cruz».

• En la «mentira 9», desestimó que el Ministerio de Planificación y la Dirección Nacional de Vialidad hayan aumentado ilegalmente las partidas correspondientes a las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez». Cristina aclaró que «las decisiones adoptadas en el área de Planificación y en la DNV se corresponden con las autorizaciones otorgadas expresamente por la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de decisiones administrativas y no con directivas impartidas desde la Presidencia de la Nación».

• Sobre la «mentira 10», que sostiene que durante los años 2003 y 2015, el Poder Ejecutivo Nacional impidió que el Congreso de la Nación tuviera conocimiento sobre cuál era el destino de las partidas presupuestarias incluidas en las leyes de presupuesto (apagón informativo)», la Vicepresidenta dijo que «quedó demostrado que la Fiscalía deliberadamente ocultó los créditos presupuestarios aprobados por el Congreso para cada una de estas obras en las sucesivas leyes de presupuesto, lo cual desmiente el argumento de que fueran subvaluadas».
• En la «mentira 11», que afirma que el Congreso aprobó las Cuentas de Inversión sin efectuar ninguna evaluación seria», la Vicepresidenta remarcó que «las Cuentas de Inversión contienen un detalle exhaustivo de los pagos» y que «El personal administrativo de la DNV explicó que no hubo ningún pagos efectuados a las empresas de Lázaro Báez o a cualquier otro contratista que no estuviese debidamente registrado ante los sistemas del organismo y en los sistemas informáticos administrados desde la ONP».
• En «la mentira 12», es la que sostiene que a finales de noviembre de 2015, se ordenó aumentar las partidas presupuestarias de las obras adjudicadas a Lázaro Báez para que le fuera pagada una suma superior a los 500 millones de pesos». Fernández de Kirchner recordó que «durante el año 2015 el PEN redujo considerablemente las partidas presupuestarias asignadas por el Congreso a Santa Cruz para realizar obras viales» y que «a finales del mes de noviembre de 2015 no se hizo ningún pago en favor de las empresas de Lázaro Báez».
• En relación a la «mentira 13»: El 30 de noviembre de 2015 Fernández de Kirchner viajó a la provincia de Santa Cruz para reunirse con Lázaro Báez y diseñar el plan limpiar todo, que consistía en el abandono de las obras realizadas en Santa Cruz y el despido de todos los empleados de las empresas de Báez» la funcionaria manifestó que «la noticia periodística aportada por la Fiscalía tendiente a acreditar dicho encuentro no correspondía al día 30/11/2015 sino al 29/11/2015» y que «el día 30/11/2015, en el mismo momento en que según la Fiscalía Fernández de Kirchner tenía un encuentro con Báez, Fernández de Kirchner participaba de un acto público en Río Negro que fue transmitido en vivo y en directo para todo el país».
• Sobre la «mentira 14», la que asegura que las relaciones comerciales entre Lázaro Báez y Néstor Kirchner y Cristina Fernández eran actos ilegales que encubrían el retorno de ganancias ilícitas producidas a raíz de la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz», la Vicepresidenta señaló que «los contratos comerciales que enumera la Fiscalía como prueba de un delito ya habían sido denunciados muchos años antes, determinando la justicia que no constituían ilícito» y que «es falso que tales contratos representen supuestos retornos en favor de la familia Kirchner, pues son actos en los cuales se intercambian prestaciones reciprocas (vgr., pago del precio de un alquiler o la compra de un bien)».
• La «mentira 15», es la que señala que la expresidenta dio las órdenes para que se adjudicaran de manera ilegítima obras viales en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez» fue descartada por la titular del Senado al explicar que «la Presidencia de la Nación no tiene competencia alguna en los procesos de licitación, ejecución o pago de los proyectos viales investigados en la causa ni en ningún otro que se hubiese realizado en el período 2003 y 2015».
• La «mentira 16», que se omitieron llevar a cabo controles que impidieran la comisión de irregularidades en las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez, pese a las alertas efectuadas por el ex Ministro de (Economía) Roberto Lavagna y por la AGN» fue desestimada también en el hecho de que «no existe ninguna disposición constitucional, legal o reglamentaria que imponga a la Presidencia de la Nación el deber de controlar los actos administrativos que lleva a cabo la DNV ni mucho menos los que desarrolla un órgano provincial (AGVP)». «El ex Ministro Lavagna explicó que su denuncia fue canalizada a través de la Comisión de Defensa de la Competencia y que Néstor Kirchner no debía tomar ningún tipo de intervención en ese trámite».
• En la «mentira 17», la exmandataria desmintió el uso del aparato estatal para que la obra pública vial de Santa Cruz se concentrara en un único grupo empresario y que su titular (Báez) pudiera apropiarse de otras empresas radicadas en la provincia de Santa Cruz». Recordó que «la concentración de obra pública en empresarios locales es un fenómeno que se da en forma generalizada en el resto del país» y que «los testigos que vinieron al juicio explicaron detalladamente las razones por las que se producen tales concentraciones sin que ello pueda suponer ningún tipo de irregularidad (así lo declaró entre otros Ángelo Calcaterra, -un empresario vinculado a las empresas del expresidente Mauricio Macri-«.
• La «mentira 18», es la que sostiene que de los gobiernos se dictaron leyes provinciales fundamentales (obra pública) con el exclusivo propósito de que las empresas de Báez ganaran las licitaciones de Santa Cruz». Eso, según la titular del Senado, fue refutada en el hecho de que «se encuentra acreditado en el juicio que casi todas las provincias argentinas cuentan con sus propias leyes de obra pública», y que el Congreso de Santa Cruz votó libremente» esa normas».
• Respecto de la «mentira 19», que asegura que en todas las licitaciones ganadas por las empresas de Lázaro Báez se pagaron sobreprecios millonarios», Cristina sostuvo que «la Fiscalía jamás pidió un estudio pericial que demostrara esta acusación» y que «el estudio pericial se realizó exclusivamente a instancias de las defensas y fue limitado por el Tribunal a sólo cinco obras elegidas según criterios fijados por los acusadores».
• Por último, «la mentira 20», Cristina indició que el argumento que las obras «no se demoraron de manera injustificada, ni presentaron deficiencias constructivas». «La prueba incorporada al juicio (documental, testimonial y pericial) demostró que las demoras que las obras registraban se encontraban debidamente justificadas en los distintos expedientes administrativos sustanciados al respecto», puntualizó.

Fuente:/telam.com.ar