Las universidades sólo tienen fondos para funcionar tres o cuatro meses
La decisión de prorrogar el presupuesto para el Estado de 2023; incluso con sueldos congelados, no alcanzaría para cubrir los gastos de funcionamiento.
En la Universidad Nacional de Hurlingham se anotaron alrededor de 10.000 jóvenes para comenzar a cursar en 2024. Aunque es muy austera y cuidadosa en sus gastos (es la que tiene menor relación de personal docente y no docente por estudiante de todo el sistema), si, como se anuncia, contará apenas con el presupuesto de 2023 para todo este período lectivo, le será imposible afrontar los gastos mínimos de funcionamiento. “Además de los sueldos, hay otros costos importantes en servicios, insumos, papel, toner para las impresoras, Internet, limpieza, reparaciones –comenta Jorge Aliaga, Secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de esa casa de estudios e integrante del Directorio del Conicet en representación del Consejo de Universidades–. Tenemos un edificio cuya construcción se detuvo en noviembre. Eso se puede tener parado un tiempo, pero si se rompe un caño o se vencen los extintores de incendios, hay que repararlos de inmediato”.
La decisión del presidente de prorrogar el presupuesto 2023 para el Estado, contenida en el DNU que ya está vigente, puso en pie de alerta a las universidades nacionales, unas 132 en todo el país. En cuanto se conoció el virtual congelamiento de sueldos, muchos advirtieron que podría estar en riesgo el comienzo de las clases.
Si prorrogar el presupuesto significa que se tomarán los salarios de diciembre y se los multiplicará por 13, el ritmo inflacionario del último mes implicaría que su valor real se reduciría a la mitad en un par de meses. Si se girara en enero la partida del mismo mes, pero de 2023 (sin los aumentos que se hicieron durante el año), no alcanzaría ni siquiera para el primer mes de 2024. En cualquiera de los dos casos, los cálculos más optimistas estiman que los fondos podrían evaporarse entre abril, y julio o agosto.
“El presupuesto universitario tiene dos grandes rubros: lo que se usa para pagar salarios, que en las distintas universidades equivale a entre un 65% (cuando tienen una economía ordenada) y un 90% del total –detalla el virólogo Mario Lozano, ex rector de la Universidad Nacional de Quilmes–. El resto, lo que queda por fuera de los salarios y está estipulado en el proyecto de la Ley de Presupuesto Nacional, es para funcionamiento. Eso incluye todo lo que hay que abonar, desde alquiler, equipamiento, laboratorios, computadoras o muebles, hasta becas, contratos, servicios. Esa parte en general es la que más sufre cuando hay ajustes. Durante la gestión de Jaime Perczyk como ministro de Educación, los envíos de estas partidas se cumplían con puntualidad y en diciembre se terminó de pagar la última cuota que correspondía a gastos de funcionamiento. Pero en otros gobiernos, a veces en diciembre quedaban seis meses sin pagar y se iba efectivizando durante el año siguiente. Eso depende mucho de decisiones políticas y de la cantidad de dinero que hay en la caja del Estado. En este gobierno, por lo que entiendo, lo que están diciendo es que no solo va a estar afectada la partida de funcionamiento. Si el presupuesto que rige es el de comienzos de 2023, alcanzaba para pagar salarios y gastos calculados en diciembre de 2022. Pero debido a la inflación y las paritarias, los sueldos de docentes y no docentes universitarios tuvo aumentos que no podían estar contemplados en ese momento y que en la práctica se fueron incorporando como partidas adicionales. Si esas partidas no están, lo único que podrían hacer las universidades para sostener el año es aplicar una quita salarial impresionante. Como eso no va a suceder, se supone que con esta decisión que informó el Estado Nacional, el presupuesto para sueldos no alcanzaría para más que tres a cuatro meses en total. Por supuesto que también se verían afectados los gastos de funcionamiento. Sería una calamidad para el sistema universitario”.
Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA necesitó el año último 200 millones de pesos para mantenerse en funcionamiento (sin sueldos). Con una inflación del 220 o 230%, ahora necesitarían unos 600 millones; es decir, que con los 200 millones que les alcanzaron para todo el año llegarían hasta abril como máximo. Y lo mismo con los sueldos: con el mismo monto que solventaron los sueldos durante todo 2023, llegarían aproximadamente hasta julio o agosto. Lógicamente, si no se envían partidas extras, la conflictividad a partir de marzo, que es cuando se reanudan las clases será enorme.
”La preocupación es grande –dice Aliaga–. El presupuesto con el que el Estado arranca 2024 no fue actualizado por la inflación ni pasó por el Congreso; se prorrogó el que estaba vigente. Entonces, tiene aprobado para gastar en 2024 lo mismo que gasto en 2023. Cualquiera se da cuenta de que lo que se gastó en 2023 tiene que ver con cosas que tenían un costo distinto en enero que en febrero o en marzo. De hecho, el presupuesto del año pasado estaba armado con una inflación estimada en el 60%, y luego hubo ajustes porque la inflación terminó superando el 140%. Y cuando hablamos de personal del Estado, eso incluye al Conicet, a las universidades, pero también a los hospitales… Si en enero se pagan los mismos sueldos que en diciembre, eso ya sería un golpe para el bolsillo, y lo mismo en febrero y marzo. Si uno multiplica diciembre por la cantidad de meses, con ese presupuesto se acaba la plata más o menos a mitad de año. ¿Ahora, eso va a pasar? Yo supongo que no, que la estrategia es pagar enero y cuando lleguemos a marzo verán lo que hacen. Incluso podrían otorgar un aumento de sueldo, pero si la inflación fue del 100%, que sea del 50%. Entiendo que la prioridad pasa por eliminar en el menor tiempo posible el déficit del Estado y, me parece, ir a una dolarización. Con un agregado, que es cambiar todo el régimen de funcionamiento de la economía para que solamente sobrevivan las empresas que son ‘competitivas’ dentro de lo que plantean. Estamos en un momento en el que el problema no es el Conicet o una universidad. Hay una decisión de tirar por la borda un cúmulo de legislación que se fue elaborando a lo largo de décadas y volver a una situación que que prácticamente es previa a la Ley Sáenz Peña. El último ingreso a la carrera del investigador tenía una cláusula que aclaraba que se iría instrumentando ‘en la medida en que hubiera crédito presupuestario’. Lo que uno sabía es que siempre, hasta ahora, había habido crédito presupuestario. Ahora, no está claro que vaya a haber”.
La incertidumbre no hace más que acrecentar la angustia de docentes e investigadores. En la red social X, el biofísico Rodrigo Quiroga, de la Universidad Nacional de Córdoba, escribió: “Aparentemente, el presupuesto para Universidades y Conicet no será el de diciembre 2023 multiplicado por 13, sino el de 2023, sin ajustar por inflación. Sería tan catastrófico, que entre profesores e investigadores nadie quiere creerlo. Es la destrucción completa y total del sistema científico y universitario. ¡Sin necesidad de pasar por el congreso!”
Ya días antes del balotaje el Consejo Interuniversitario Nacional presentó una declaración aprobada por unanimidad en defensa de la universidad pública. Las máximas autoridades y representantes de las casas de estudio ratificaron que quieren “una Argentina con más educación pública de calidad, sin aranceles que expulsen a estudiantes ni políticas educativas mercantilistas que piensen en la educación como un bien transable, que condene al país a una mayor desigualdad y exclusión de amplios sectores sociales”.
El texto destaca: “Es con más becas y no con ‘vouchers’. Es con más universidades públicas y no con aranceles. Es con más carreras acordes a las necesidades de las y los estudiantes, y no con menos carreras solo para quienes puedan pagarlas. Es con más científicas y científicos investigando, y no con laboratorios vacíos. Es con más educación universitaria pública, con más conocimiento, con más ciencia y con más arte como la Argentina encontrará la senda del desarrollo”.
La inversión pública en el sistema de ciencia y tecnología, y en las universidades asciende a un 0,34% y un 0,7% del PBI, respectivamente.
Fuente:/ El Destape
