Los choferes de UBER trabajan en un nuevo proyecto de regulación con el compromiso de Jaldo

Luego de una masiva protesta en plaza Independencia, conductores de UBER fueron recibidos por el vicegobernador Osvaldo Jaldo, quien se comprometió a trabajar en un proyecto que permita la convivencia del servicio público de taxis y las plataformas digitales.

La discusión entre taxistas y los conductores de la aplicación UBER está lejos de ser zanjada. A las masivas protestas de los primeros, les siguieron masivas protestas de los segundos, con un mismo escenario, la plaza Independencia. En la misma semana, el vicegobernador Osvaldo Jaldo recibió a ambos sectores y les prometió respuestas a todos. Así, el miércoles último, el futuro gobernador firmó el decreto de promulgación de una ley que deroga una anterior, que regulaba la prestación del servicio de transporte a través de las aplicaciones digitales.

El jueves, tras el malestar que despertó en la contraparte esa acción de gobierno, Jaldo se reunió con los referentes de UBER, a quienes les prometió trabajar en otro proyecto que los incluya y les permita salir de la “informalidad”. Interesante palabra utilizada por el electo mandatario, que un día antes afirmaba públicamente que la aplicación es ilegal en Tucumán.

“Jaldo nos prometió trabajar para que salgamos de la informalidad y podamos trabajar tranquilos. Hay muchas familias que viven de esto y necesitamos una solución. Estamos muy confiados porque se mostró muy predispuesto. Estamos en contacto con su gente y vamos a trabajar para llegar a la mejor solución”, contó en Radio Prensa Walter, uno de los choferes que viene dando batalla desde que la app desembarcó en la provincia.

Según contó, el vicegobernador le solicitó que confeccionen un padrón con todos los autos y motos que utilizan Uber, para tener una idea clara del universo de trabajadores de este sector. “Ya estamos trabajando en eso, tratamos de hacerlo lo más rápido posible. Quiere tener un control de la cantidad de vehículos en las calles. La idea es presentarle el padrón lo más rápido posible. Comprometió que su equipo va a analizar otros casos, como el Mendoza, donde es legal, para ver de que manera pueden coexistir Uber y los taxis”, agregó.

En este contexto, el lunes mantendrán una nueva reunión. La idea es comenzar a diagramar una norma común para toda la provincia, que pueda ser adherida por todos los municipios, para evitar situaciones que a futuro pongan en disputa una norma provincial con las autonomías municipales.

El caso Mendocino como modelo a tener en cuenta

La discusión entre choferes de Uber y taxistas fue zanjada en esa provincia con una ley que permite la coexistencia de ambos servicios. Si bien la misma generó el rechazo de las agrupaciones de taxistas, ya que la consideraban inconstitucional, la Corte Suprema de Justicia puso punto final al debate legal con un fallo categórico a favor de las aplicaciones a finales del 2022.

Desde septiembre de 2018, cuando se sancionó y promulgo la ley 9086 (Ley de Movilidad), la contratación de servicios de transporte público a través de aplicaciones, como Uber y Cabify, son legales en Mendoza.

En un primer momento, los propietarios de taxis intentaron frenar la aplicación efectiva de la normativa y presentaron una demanda judicial por entender que violaba la constitución provincial. Tres años después, la Corte provincial avaló el funcionamiento de las plataformas, alegando -entre otras cosas- que también pueden usarlas los taxis y remises tradicionales.

Entre los puntos que rechazaban los taxistas, se destacaba la crítica al cambio de calificación de “transporte público” a “transporte de interés general”, afirmando que generaba inseguridad jurídica, y que “se afectan las garantías de ejercer en condiciones dignas y equitativas de labor con igual remuneración por igual tarea y estabilidad en el empleo y una retribución justa”.

Desde el gobierno señalaron que la figura legal creada por la ley es un sandbox regulatorio (espacio de prueba) para responder a la necesidad de impulsar la regulación al acelerado ritmo de la innovación, pero que, como tal, puede variar y mejorar según la experiencia de usuarios y consumidores, sin alterar la esencia de los derechos que tienen las partes intervinientes.

Entre los ítems más destacados de la normativa, se encuentran varios puntos que también contemplaba la ley que se sancionó en Tucumán en 2020 y que fue derogada esta semana. En primer lugar, sostiene que se trata de un servicio privado donde la tarifa no está regulada, sino que la rige el mercado. Además, establece que los choferes solo pueden llevar a pasajeros que se contacten por medio de las aplicaciones para celulares y no tienen permitido levantar clientes por la calle.

Por otro lado, remarca que las empresas digitales son “solidariamente responsables” con los prestadores del servicio y deben tributar impuestos locales y tener oficina comercial en Mendoza.

Todos los propietarios de autos que pretendan prestar el servicio privado de transporte deben solicitar su inscripción en las Empresas de Redes de Transporte (ERT), acreditando el pago de la tasa de inscripción y fiscalización correspondiente, la documentación reglamentaria del vehículo con el que se pretenda la prestación del servicio, la documentación que acredite la identidad del conductor y la licencia nacional de conducir para profesionales, inscripción en AFIP y ATM (impuestos provinciales) y seguro del automotor para transportar pasajeros.

Po su parte, los vehículos habilitados deben someterse a las revisiones técnicas periódicas de la unidad y mantener en todo momento la higiene del vehículo, sin embargo, no hay exigencias en cuanto al tipo de vehículo, confort ni la antigüedad, como si lo establecía la ley tucumana.

Otra diferencia importante es que la reglamentación mendocina no prohíbe el pago en efectivo -como si lo hacía la tucumana-, pero obliga a todos los choferes a recibir el pago electrónico.