Los radicales Sánchez y Nievas instan al gobernador a recibir a los vecinos damnificados en El Mollar
Los vecinos defendieron su situación legal, «no somos usurpadores ni estafadores, la documentación que tenemos nos pone en el lugar de compradores de buena fé». En una reunión con parlamentarios radicales, expusieron su postura y pidieron una instancia de conciliación. Mientras tanto, el legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse respondió al conflicto.
En el día de ayer, el diputado nacional Roberto Sánchez y la legisladora provincial Raquel Evangelina Nievas, se reunieron en la ciudad de Concepción y escucharon a los vecinos damnificados en la causa usurpación de tierras en la localidad de El Mollar.
Los vecinos, que tienen un plaza hasta el proximo viernes, deben desalojar las viviendas y tras esta situación buscan ser escuchados por alguna autoridad política, asegurando que compraron de buena fe.
Los parlamentarios radicales, ante el pedido de los vecinos, solicitan informes a dependencias nacionales y a las autoridades provinciales.
La legisladora Nievas destacó la necesidad de abrir un espacio de diálogo y conciliación con el gobierno provincial. «Los vecinos quieren recuperar su condición de compradores de buena fe. Han seguido procesos legales y administrativos correctos, y necesitan ser informados de manera adecuada. No pueden enterarse de decisiones judiciales a través de los medios», sostuvo. Además, cuestionó la falta de transparencia en el proceso de identificación de áreas protegidas, «He solicitado un informe a la Fiscalía, otro a la Secretaría de Gobierno y a Catastro.»
Mientras tanto, Sánchez manifestó su preocupación por la situación de los afectados y cuestionó el accionar del gobierno provincial. «Vemos claramente que el gobierno no ha actuado bien. Para solucionar el problema, lo que hicieron fue disolver algunas instituciones y destituir a funcionarios sin dar explicaciones», declaró. También indicó que junto con Nievas están solicitando información en distintas áreas del gobierno nacional para esclarecer el proceso histórico de los terrenos en disputa.
Una de las vecinas afectadas, Lucía Moreira, del loteo Gaucho Castro, rechazó la calificación de usurpadores y aseguró que los terrenos fueron adquiridos legalmente. «Hicimos todo de buena fe, nos asesoramos en distintas reparticiones y pagamos los impuestos correspondientes. Sin embargo, ahora nos castigan y desconocen nuestra documentación», afirmó. Según Moreira, la desaparición de registros y modificaciones en la cartografía de los terrenos han generado incertidumbre entre los propietarios.
