Se cumplieron dos décadas del inicio de las excavaciones en Pozo de Vargas

Este 24 de abril años se cumplieron dos décadas del inicio de las excavaciones en el sitio de la memoria, en Tucumán, en donde se arrojaron a víctimas de la última dictadura cívico militar. La fosa más grande de Latinoamérica, hasta el momento.

Es imposible disociar la historia de lo que pretendió ser una tumba colectiva, en donde hasta ahora se han identificado a 116 víctimas, con la puesta en marcha del Operativo Independencia en Tucumán que comenzó un año antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Fue un macabro laboratorio en donde el general de brigada Acdel Vilas, primero, y luego el general Antonio Bussi, aplicaron las más horrorosas modalidades de secuestro, torturas, desaparición de detenidos y violación sistemática de los derechos humanos. Por estos hechos, Bussi fue a juicio y luego fue condenado a prisión perpetua en 2010 por crímenes de lesa humanidad.

Mucho antes de moverse una pala de tierra en el predio, ubicado en el departamento Tafí Viejo, en el límite sur con San Miguel de Tucumán, la oralidad jugó un rol importante. En base a los testimonios de Pedro Mercado, Santos Molina y Juan Carlos Díaz, de dos personas que militaron en los años 70 y de un vecino, que coincidían en sus relatos sobre la posible existencia de un pozo en donde arrojaban cuerpos por las noches, la Justicia Federal abrió una investigación por una denuncia presentada el 28 de febrero de 2002, a la que se sumaron otras siete de familiares querellantes. Comenzó así a caer el muro de silencio que se extendió hasta muchos años después del regreso de la democracia en 1983.

Tucumán tiene otoños amables y la mañana soleada de ese 24 de abril no sería la excepción. Junto con el juez federal N° 2 Felipe Terán, ya fallecido, ingresaron al terreno peritos arqueólogos de lo que fue el Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán (estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNT), policías de la Federal y bomberos de la Policía provincial. Mientras tanto, familiares de víctimas observaban el inicio de los trabajos desde una distancia preestablecida, detrás de un alambrado.

“Estuve ese día, nos explotaba el corazón de esperanza porque había llegado lo largamente esperado. Me quedó grabada para siempre una frase de unos de los policías que estaba cavando con una pala. Me miró y visiblemente conmovido me dijo ‘yo también tengo un familiar’. Bajó la mirada y siguió cavando”, contó a EldiarioAr Josefina Molina, hija del ex vicegobernador de la provincia Dardo Molina, quien fuera secuestrado en 1976 y sus restos identificados en el pozo en 2014.

Entre esos primeros miembros del grupo interdisciplinario que luego se dividiría y formaría el actual Colectivo de Arqueología Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT) estaba el arqueólogo Víctor Ataliva. “¿Cómo recuerdo ese día? Como un día más de trabajo, como el día más importante de mi trayectoria profesional”. El investigador señala que la tarea iniciada hace 20 años tiene varias derivaciones y destaca cuatro. Que más de un centenar de personas ahora saben de manera fehaciente qué pasó con sus familiares por medio de las identificaciones; que fue el inicio de la arqueología forense en Tucumán, de la mano de profesionales de la universidad pública; que la Justicia Federal comenzó a contar con recursos profesionales locales altamente calificados para un abordaje de contextos forenses; y por último, el predio donde se encuentra el Pozo de Vargas se conformó como un territorio de memoria.

Esos primeros pasos no fueron fáciles porque el juez Terán había delimitado un corralito con cintas que marcaban el lugar de la supuesta existencia del pozo. Los peritos, que en esos días sólo eran observadores y guías, dejando la tarea de cavado para policías y bomberos, sólo daban instrucciones y luego de dos semanas no encontraron nada. Una mañana, recuerda la arqueóloga María Gloria Colaneri, también del grupo inicial, un jovencito que manejaba un tractor que colaboraba con el desmalezamiento señaló que por fuera de las cintas observaba una diferencia en el suelo, una depresión apenas perceptible. “Eso mínimo fue de mucha ayuda porque estábamos trabajando con pocas pistas y debíamos convencer al juez que había que ampliar la superficie de trabajo. Lo pedimos y se autorizó”, rememoró.

EldiarioAr logró dar con ese joven al que mencionó la investigadora. Es Fabricio Segovia, que aún vive en una finca pegada a la de los Vargas, en donde puso su propia verdulería para mantener a su propia familia. “Conozco el lugar porque me crié ahí. Vi cuando comenzaron a recorrer el terreno que era puro yuyos altos. Una mañana se acercó el juez Terán junto a su secretario para pedirle a mi padre si podía colaborar con el tractor y la desmalezadora. Yo era chango. Mi papá me mandó y me relacioné con los peritos. Después de varios días, quizás porque yo veía desde más altura, les señalé un lugar que me pareció distinto. Y justo ahí estaba el pozo”, relató mientras acomodaba unos cajones con mangos.

Colaneri lo confirma. “Con ese dato comenzó la tarea en otro lugar, descubrimos el canal de desagüe y luego el pozo. Con cero infraestructura, mucho nuevo por hacer y aprender pero con voluntad y compromiso, continuamos y no paramos más. Empecé en la causa pensando que como profesional debía ser útil, que nuestra ciencia debía serlo, pero con los años nos fuimos involucrando en las historias y comenzó a formar parte de nuestras propias vidas”, confesó.

Dos años para hallar los primeros restos
Recién dos años más tarde, entre 2004 y 2005, hallaron los investigadores los primeros fragmentos de restos óseos humanos y la narración oral de vecinos y militantes dejó de ser una hipótesis. El viejo pozo, a metros de las vías del tren, construido a fines del siglo XIX para proveer de agua a las antiguas locomotoras a vapor, había sido usado para ocultar los cuerpos de detenidos desaparecidos y luego se tapó con toneladas de materiales. La mayoría de las evidencias óseas se encontraron a partir de los 28 metros y hasta los 32, sobre una profundidad de 40 metros.

Fue entonces que los peritos tucumanos estrecharon el vínculo con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que se encarga de la identificación de los restos que se envían a su Laboratorio de Genética Forense que está en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA). Esa relación se mantiene desde entonces, destacó el tucumano Ruy Zurita. Informó que durante la pandemia tuvieron reuniones por Zoom con su director Luis Fondebrider, quien dejó ese cargo en mayo del año pasado para conducir la Unidad Forense del Comité Internacional de la Cruz Roja. “Según él, con el material que ya tienen la cifra de 116 identificaciones en el Pozo de Vargas podría elevarse a 150. Por eso es importante contar con más apoyo y que el Estado sostenga una política para estas tareas de búsqueda, sino se producen altibajos que desmoralizan por la falta de pago y de recursos para seguir trabajando. Este 24 de abril no hay mucho para celebrar, si se analiza desde ahí”, destacó Zurita.

Hoy el pozo se encuentra en plena urbanidad, en la esquina de avenida Francisco de Aguirre y Camino del Perú, un punto tripartito entre los municipios de Tafí Viejo, San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, que es uno de los accesos principales al barrio Lomas de Tafí, de 5.000 casas en donde viven 30.000 tucumanos, el emprendimiento habitacional que fue concebido como una unidad y se construyó entre los gobiernos de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Es incesante la circulación de vehículos por el acceso al predio pero quizás muchos desconozcan que pasan a metros del enterramiento de víctimas de la dictadura más grande de Latinoamérica.

“Se debería señalizar mejor, las nuevas generaciones deben saber qué pasó allí. Falta mucho por hacer, el Estado debería tener políticas más claras y efectivas con estos sitios pero confío en que con el paso del tiempo la sociedad le dará su verdadero valor al trabajo que se hace allí y reconocerá la tarea de las y los investigadores, quienes merecen todo mi respeto por hacer lo suyo contra viento y marea”, expresó a EldiarioAr el destacado músico tucumano Juan Falú, cuyo hermano Luis fue secuestrado durante la dictadura y su cuerpo identificado en el pozo en 2016.

El perito Zurita coincide con la reflexión de Falú. “Después de 20 años me sigue impactando y mucho la negación que hace la sociedad tucumana de lo que pasó en el Pozo de Vargas. Es muy fuerte. Para tratar de entender, de encontrar alguna explicación, hace unos años empecé a realizar entrevistas a todo aquel que pudiera tener alguna relación con el pozo, en particular, o haya sido familiar de alguna víctima, aunque no esté relacionado con este lugar. Creo que ya llegué a las 200. El objetivo es analizar el contexto y quizás desde ahí aproximarme a algunas razones”.

Más enfático sobre lo que se puede y debería hacer es el intendente de Tafí Viejo Javier Noguera. “Es el hallazgo macabro más fuerte de Tucumán y del país por la cantidad de víctimas. Y gran parte de ellos eran vecinos taficeños, en particular, trabajadores de los Talleres Ferroviarios. Es un legado doloroso y tengo una obligación moral para destacar a ese lugar. Por eso, para mantener vivo el reclamo de memoria, verdad y justicia, impulsamos desde el municipio una agenda anual vinculada con los Derechos Humanos. Aspiramos a que el pozo se jerarquice, se institucionalice como sitio de memoria y que pueda ser visitado por estudiantes de escuelas, colegios y de todo aquel que se interese. Debe ser un punto de divulgación para hacer memoria, sobre todo en Tucumán, en donde aún hay sectores negacionistas sobre la actuación de la Fuerzas Armadas durante la dictadura”.

El primer paso fue dado el 3 de diciembre de 2015 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cuando se realizó el acto de señalización como Sitio de la Memoria del Pozo de Vargas. Siete días más tarde asumiría como presidente de la Nación Mauricio Macri y todos los presupuestos y políticas sobre derechos humanos fueron enflaquecidos y sub ejecutados. Las tareas de los investigadores también se vieron afectadas debido a que dejaron de percibir los fondos. Nunca fue simple el financiamiento, pues la gestión de honorarios, presupuestos para máquinas, herramientas e infraestructura está sujeta a un complejo sistema del que forman parte el Juzgado Federal de Tucumán que está a cargo de la investigación y el Consejo de la Magistratura, de donde surgen las partidas.

Tras el gobierno de Macri y electo presidente Alberto Fernández, la situación no mejoró. Por imperio de la pandemia las tareas en el predio disminuyeron pero no se abandonaron y se resintió todo el sistema de pago de honorarios a los peritos. Así, en diciembre de 2021 se cumplieron dos años en los que los investigadores no cobraron ni un mes de trabajo. La exposición pública de esta situación en EldiarioAr provocó la intervención directa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de referentes nacionales y provinciales de la política, lo que hizo que el Juzgado Federal avance en la gestión de las partidas.

Al día de hoy la situación comenzó a normalizarse, aunque aún no empezaron los trabajos en los últimos seis metros del pozo, que tiene una profundidad de 40. Se esperan encontrar allí pocos restos óseos pero sí valioso material de contexto, como balas con las que algunas víctimas fueron ultimadas cuando ya habían sido arrojadas allí, de acuerdo a la investigación. Los cuerpos habrían sido arrojados entre 1976 y 1978. Y antes de 1983, cuando la dictadura se retiraba, se hicieron las acciones para que desapareciera de la faz del suelo el antiguo pozo. Se destruyó su brocal y se llevaron cientos de toneladas de material para taparlo. Como el de allí era insuficiente y no había que dejar evidencias las pericias demostraron que en su interior también había ripio, extraído de canteras de ríos. Luego, el lugar fue usado para distintos cultivos.

De aquel grupo original de peritos que se inició en la excavación aún están relacionados a la causa Ruy Zurita, Víctor Ataliva, Andrés Romano y María Gloria Colaneria. El resto del equipo se completa con Alejandro Leiva, Luciano Molina, Sergio Cano, Julia Lund, Jema Guiomar, Aldo Jerónimo y Fabio Srur.

“Un descenso sin tiempo”
“No hay narrativa lógica que pueda dar cuenta de lo que es sumergirse en el Pozo de Vargas. En ese descenso que hice había 40 años, el tiempo se disolvió y aparecieron las voces hasta de ese niño que fui y se preguntaba en donde estaba su padre. Fue un viaje hacia los caminos de la memoria, sin anclajes temporales, en donde lo único tangible fueron sus restos”.

La reflexión es de Ernesto Espeche, mendocino, docente, periodista, investigador, militante por los derechos humanos y ex concejal de la capital de Mendoza. Los restos de su papá Carlos Espeche, médico y que militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), fueron identificados en noviembre de 2014. La notificación le llegó desde el Equipo Argentino de Antropología Forense. Su padre había sido designado por su partido para trasladarse a Tucumán en los inicios de 1975.

“Sabemos que llegó pero en abril se perdió el rastro y mi madre, Mercedes Salvadora Eva Vega, ‘Mecha’, comenzó a recibir información falsa sobre su paradero. A ella, que también militaba en el PRT, la secuestran en junio y de su destino aún no sabemos nada. Quedamos solos con mi hermano Mariano, de un año. Yo tenía dos y nos crió nuestra abuela materna”, contó a EldiarioAr.

Espeche recuerda que un mes después de la notificación del EAFF viajó a Tucumán con su compañera e hijos menores. “Apenas nos encontramos con los peritos del CAMIT nos sorprendió su delicado y paciente modo de relación, saben mucho de ciencia pero tuvieron la disponibilidad humana y pedagógica para contenernos, para actuar frente a un familiar que buscó durante décadas a su familiar. Tenía la necesidad de recorrer ese predio y de bajar hasta el lugar en donde estuvo el cuerpo de mi padre. Y lo mejor fue hacerlo con ellos”, recordó.

Desde el hallazgo de los restos, cuenta, aparecieron personas que lo ayudaron a reconstruir la historia de su padre, sus últimos días y horas en el pedemonte tucumano, en Santa Lucía, en donde fue abatido durante una emboscada del Ejército. “Se presentó ante mí un montón de territorio, de memoria invisible que desconocía y de esos pequeños pedacitos de historia nació en 2020 mi libro, mi ficción, ‘Treinta y nueve metros”, cuyo título es una obvia vinculación con el pozo“. Editado por Paradiso Ediciones, la novela obtuvo destacadas críticas.

Mientras se han previsto actividades durante este año para recordar los inicios de las excavaciones y avanza a paso de tortuga un proyecto en la Legislatura de Tucumán para que se expropie el predio, los hermanos Alfredo y Rodolfo Vargas, propietarios del terreno de 14 hectáreas, insistieron ante la Justicia que se aclare y se ponga fin a la brevedad la causa. ¿Su interés? Poder destinar el lugar para sembrar soja o darle otro destino ante su alto valor inmobiliario.

Fuente:/eldiarioar.com