Se definió la fecha del juicio oral contra Alperovich por abuso sexual contra su sobrina
Entre los más de 80 testigos que fueron convocados a declarar estará el gobernador tucumano, Juan Manzur. Los hechos de los que se acusa al exmandatario provincial habrían ocurridos entre 2017 y 2019.
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El juicio oral contra el ex gobernador y senador José Alperovich por presunto abuso y violación contra una sobrina y ex colaboradora comenzará el 5 de febrero de 2024. Así lo resolvió este miércoles el Tribunal Oral número 29, que convocó a una lista de 81 testigos, entre ellos el actual mandatario tucumano Juan Manzur, para declaren en la causa.
El juez Juan Ramos Padilla también ordenó una serie de medidas como parte de la “instrucción suplementaria” previa a la iniciación del juicio. El legislador -actualmente en uso de licencia- está acusado de abusar sexualmente de su sobrina entre 2017 y 2019, en hechos que presuntamente habrían sucedido en sus oficinas en Tucumán y en la Ciudad de Buenos Aires.
Entre ellos, habrían sido tres sucesos de abuso sexual, dos en grado de tentativa, y seis de violencia sexual agravada por haber sido con acceso carnal. El expediente se inició en 2019, cuando la joven lo denunció, aunque Alperovich fue citado a declarar recién en 2022, cuando negó la responsabilidad en esos hechos.
Según la imputación, el ex gobernador habría cometido esos delitos “mediando abuso de poder y autoridad; todo lo cual por sus circunstancias, y tiempo de duración le ocasionaron a la víctima un sometimiento sexual ultrajante”.
Alperovich había pedido ser juzgado por un jurado popular, invocando una norma que rige en la Ciudad de Buenos Aires. Esto fue rechazado por el juez de primera instancia, Osvaldo Rappa, la Cámara del Crimen y posteriormente por Ramos Padilla, ya que “la ley cuya aplicación se requiere no fue creada para los tribunales nacionales con asiento en la Capital Federal”.
Entre las medidas solicitadas por el magistrado, están las anotaciones de la perito psicológica Mónica Herrán que intervino en el caso, y el rechazo del pedido de la defensa para hacer una nueva evaluación psicológica a la víctima.
Si en el juicio se lo encuentra culpable, el exmandatario podría recibir una pena de hasta quince años de prisión.
En principio, la causa se tramitó en dos jurisdicciones, pero la Corte Suprema de Justicia resolvió que todos los hechos debían investigarse en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35 de la Ciudad de Buenos Aires tras un dictamen del procurador General interino, Eduardo Casal.
Así, Rappa investigó con los aportes los fiscales Mariela Labozzetta, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) y Santiago Vismara, que pidieron «evaluar» los distintos factores del caso con perspectiva de género.
Los fiscales detallaron que los primeros abusos cometidos por el exgobernador ocurrieron a mediados de diciembre de 2017 y que persistieron hasta diciembre de 2018. Vismara y Labozzetta subrayaron el estado de cautividad que padecía la víctima y que estaba condicionada por la subordinación económica, social, psicológica, legal y política, así como la fuerza física.
“Los métodos para obtener el control de la víctima consisten en infligir el trauma psicológico de forma sistemática y repetitiva. Son técnicas organizadas de debilitamiento y desconexión. Estos métodos están pensados para causar terror e indefensión y destruir el sentido del yo de la víctima en relación con los demás», indicaron los funcionarios judiciales.
«El efecto de esta técnica es convencer a la víctima de que el abusador es omnipotente, que resistirse es inútil y que su vida depende de que se gane indulgencia a través de la sumisión absoluta”, manifestaron.