Se le descontará el día a los estatales que adhieran al paro general del miércoles 24

Los trabajadores estatales dependientes de Nación que adhieran al paro general del próximo miércoles 24 de enero llevado a cabo por la Confederación General de los Trabajadores (CGT), movimientos sociales y del sector político opositor no cobrarán dicho día en su sueldo

Así lo confirmó hace instantes el vocero presidencial Manuel Adorni en su típica conferencia de prensa diaria: a inicios de la semana, el funcionario había adelantado que la gestión de Javier Milei analizaba la medida, la cual ya fue definida.

«Para el paro del día 24 de enero se ha tomado la decisión de descontar el día a los empleados estatales que vayan», anunció Adorni. Y consideró: «El salario es una contraprestación, y quién no trabaja es razonable que no cobre».

Tras esto, criticó la decisión de las centrales gremiales de parar la semana próxima: «Seguimos esperando los argumentos del porqué del paro, que no nos terminan de quedar claro».

«Aquí no existe razón para el paro, al menos las explicaciones que han dado son casi infantiles. En cuanto a términos estrictamente jurídicos, llegado el caso, habrá novedades», sumó consultado sobre la legalidad del paro.

En esta línea, Adorni recordó también la apertura de la línea de teléfono 134 que abrió el Gobierno para denunciar de forma anónima y gratuita posibles extorsiones o amenazas que obliguen a un individuo a parar.

Los gremios vs. el Gobierno: se profundizan las diferencias
La semana pasada, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ya había adelantado que el Gobierno analiza no pagarle a los estatales nacionales que adhieran. Además, dijo que «ojalá» los empresarios hagan lo mismo.

«Ojalá que los empresarios tomen decisiones, descuenten los días de paro. En el Estado lo vamos a hacer», dijo la titular de Seguridad, quién deberá encargarse el próximo miércoles 24 de aplicar su «protocolo anti-piquetes» ante la masiva manifestación de la CGT.

Frente a este esquema, Aguiar sostuvo que «el protocolo de Bullrich no es más que un síntoma de debilidad del Gobierno» y advirtió al Gobierno que, frente a las medidas económicas anunciadas junto al DNU y la Ley ómnibus, «la calle va a estar muy complicada».

En un contexto en el que el que el Gobierno intenta acelerar el tratamiento de la Ley ómnibus en el Congreso con la expectativa de que Diputados la apruebe con modificaciones a fines de esta semana, los gremios y organizaciones sociales incluso analizan adelantar el paro general.

En diálogo con El Cronista, fuentes de ATE no descartaron un adelantamiento del paro o que «en su defecto, se pueda resolver otra medida durante los próximos días si se adelanta el tratamiento en Diputados».

Otros referentes de la CGT se expresaron en igual sentido: aún si la fecha del paro no se moviera, el Congreso Confederal mandató a la Comisión Directiva de la principal central sindical para que tome las decisiones correspondientes al paro o, incluso, otras medidas consecuentes con ese plan de lucha votado.

A este escenario se suma la tensión por los pagos que la cartera de Bullrich exige a los distintos gremios para cubrir los operativos de seguridad llevados a cabo por el ministerio frente a las protestas de diciembre.

Tanto ATE como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y la CGT rechazaron el pago de estas «multas» que gira Seguridad por casi $ 100 millones en algunos casos: «Cese en su absurdo, irrazonable e ilegal intento de enriquecerse sin causa. Sus resoluciones son todas nulas», manifestó Aguiar a través de sus redes sociales.