Suspenderán el pago a 4.588 titulares del plan Potenciar Trabajo
El Gobierno les quitó el plan Potenciar trabajo a más de 4500 empleados públicos, dentro de los cuales hay 1.145 tucumanos.
Tras una investigación del fiscal Guillermo Marijuan, entrecruzaron los datos y arrojaron incompatibilidades. Los beneficiarios del programa creado para personas en situación de vulnerabilidad, además cobraban sueldos estatales de 14 provincias.
En razón de esta situación, el Ministerio de Capital Humano suspendió el pago del programa “Potenciar trabajo” a más de 4500 titulares que son empleados públicos de 14 provincias.
La decisión fue tomada tras una investigación llevada a cabo por el fiscal Guillermo Marijuan. Luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del Potenciar trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias, 4588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan creado para personas en situación de vulnerabilidad.
Las 14 provincias investigadas son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.
En la provincia de Tucumán fueron detectadas 1.145 personas que siendo empleados estatales percibían este beneficio nacional.
De esta manera, la ministra Sandra Pettovello decidió conducirse por un carril distinto al de la ex ministra Victoria Tolosa Paz que fue imputada junto a Pérsico por el fiscal Marijuan en al menos dos causas anteriores, por no dar de baja a los beneficiarios que cobraban ese plan social por fuera de las normas establecidas, por ejemplo, las 160 mil personas que viajaron al exterior en aviones privados, yates, autos y aerolíneas.
La funcionaria de Javier Milei también ordenó una “auditoría de cero” para saber dónde está parada, ya que la información que dejaron en la Secretaría de Economía Social, que estaba a cargo del dirigente del Movimiento Evita es, como mínima, muy escasa, y poco confiable.
El detalle de la causa corresponde a solo 10 provincias y significa una erogación del Estado de $7.800.000.000 anuales.
En su investigación preliminar el fiscal los acusa de “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública”.
También apunta contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que “sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.
Potenciar Trabajo
El programa tiene como objetivo “promover la inclusión social de las personas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica”, según lo establece las resolución que creó en 2020 el Potenciar Trabajo, y sus modificatorias 1625/2021 y 1868/2021 del entonces Ministerio de Desarrollo Social.
La normativa destaca que una de las incompatibilidades para recibir el plan es “la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales conforme lo contemplado”.
A su vez, se puntualiza como incompatible “el ingreso y la permanencia en el Programa para aquellas personas que realicen alguna prestación social y/o de empleo en el estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales cuyas tareas suplante la actividad propia de los empleados de los mismos”.
