Una pelea entre La Cámpora y el mileismo que amenaza con un escándalo en Buenos Aires
En Hurlingham, el intendente camporista Damián Selci impulsa un proyecto cuyo objetivo final es deshacerse del juez de faltas mileista y coordinador de LLA local. Este miércoles se trata el proyecto.
Una de las peleas más directas entre el pensamiento de La Cámpora y de La Libertad Avanza se está dando en Hurlingham, distrito que gobierna Damián Selci– ahijado político de Martín Rodríguez, el diputado provincial de estrecha relación con Máximo Kirchner. En este partido se pretende anular el funcionamiento de los juzgados de faltas locales, uno de los cuales está a cargo del coordinador de La Libertad Avanza del municipio, Rafael Di Francesco.
Ni la Ley Orgánica ni el Decreto Ley 8751/77 impide que un funcionario de esa categoría tenga una militancia política. No es lo ideal, pero está habilitado para hacerlo. Di Francesco es peronista y militó toda su carrera en Morón con el ex senador provincial Horacio Román, un histórico de la región. Cuando se creó el municipio de Hurlingham, con una porción del viejo Morón, en 1994, “el tano” fue designado a cargo del único juzgado de faltas municipal.
Con buena y mala relación con los sucesivos intendentes, Di Francesco convivió con Juan José Alvarez, Luis Acuña y Juan Zabaleta, quien impulsó la creación de un nuevo juzgado, el Nro. 2, a cargo de Xavier López, para contrapesar el poder del juzgado único. El funcionario en cuestión, además, fue candidato a intendente de Roberto Lavagna en 2019 y uno de los creadores del partido Rojo Punzó, luego transformado en Unión Celeste y Blanco, fundamental para el armado definitivo de La Libertad Avanza en las elecciones de 2023.
Selci cree que es inviable la continuidad de Di Francesco pero, para disimular el despido, presentó un proyecto de ordenanza en la que impulsa un reordenamiento del área con la creación de un organismo administrativo que ejecute las faltas y contravenciones municipales, el que quedará a cargo directo del intendente. Esto no es caprichoso ya que el decreto ley 8751 así lo permite, siempre y cuando- y eso es lo que está en discusión en este caso- no existiera ningún juzgado en funciones.
Como la remoción del juez debe realizarla el concejo deliberante, el intendente no puede enviar un proyecto para la revocación de Di Francesco ya que no tiene los votos necesarios para hacerlo. Para peor, impulsa el proyecto de eliminación de los dos juzgados cuando aún está pendiente la asunción de la concejal Micaela Navill. El oficialismo camporista no quiere que ella asuma aduciendo que, por cuestiones de género, ese lugar le corresponde a un varón. Cabe señalar que Navill responde políticamente al ex intendente Juan Zabaleta.