Vuelven las audiencias para juzgar a los nueve policías en el proceso por el homicidio de Luis Espinoza

El subcomisario Héctor Montenegro sacó la cabeza desde el patrullero donde llevaba el cuerpo sin vida de Luis Espinoza y le dijo a su madre Gladys Herrera: «Señora no se preocupe, ya lo soltamos».

La capciosa respuesta se refería al otro hijo que había sido golpeado por sus subalternos, Juan. “Nunca me imaginé que tenía a Luis en el baúl sino me hubiera tirado adelante del auto para no dejarlos pasar, aunque me mataran a mí”, contó la mujer en su testimonio durante el juicio oral y público que comenzó el 24 de octubre y que se reanudará en febrero. Ella recorrió los hospitales y volvió a la comisaría donde le negaron haber detenido a Luis. “Todos son culpables, sabían y no dijeron nada”, agregó. “Él era el sostén de mi casa y también de mi salud. A diario me levanto a las 5 para viajar a Concepción al centro de diálisis. Luis me asistía, me esperaba con la comida preparada. Él nos mantenía, se iba a Río Negro a trabajar en la cosecha, hacía changas, criaba chanchos y gallinas”, relató sobre su hijo, que tenía 31 años.

Era la hora de la siesta, el viernes 15 de mayo de 2020 cuando los hermanos Luis Armando y Juan Antonio Espinoza salieron a caballo para volver a Villa Chicligasta y se cruzaron con un operativo policial con el presunto objetivo de dispersar a los asistentes de una carrera cuadrera (clandestina). Sin orden judicial y en el supuesto cumplimiento del ASPO por la pandemia, Montenegro había convocado a nueve policías de civil y en autos particulares. Al llegar comenzaron a disparar, Juan cayó de su caballo y cuando los policías comenzaron a golpearlo Luis fue en su ayuda. Se lo llevaron a un monte y se escucharon disparos. La familia Espinoza recurrió esa misma noche a la comisaría de Monteagudo, donde le aseguraron que no sabían nada. Ante la falta de respuesta, familiares y vecinos cortaron la ruta 157 y comenzaron una búsqueda con sus propios medios. Espinoza estuvo una semana desaparecido.

El proceso que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de Tucumán –integrado por los jueces federales Carlos Jiménez Montilla, Abelardo Jorge Basbús, Enrique Lilljedahl y Juan Carlos Reynaga– tiene en el banquillo de los acusados a José Alberto Morales, Gerardo González Rojas, Myriam Rosalba González, Claudio Zelaya, Carlos Romano, José María Paz, Rene Ardiles, Rubén Montenegro y Víctor Manuel Salinas, por los delitos de “homicidio agravado en concurso premeditado de dos o más personas, por haberse cometido mediante abuso de la función por parte de miembros de las fuerzas policiales y por el empleo de arma de fuego; y de privación abusiva de la libertad agravada por haberse cometido mediante violencia o amenazas” contra Luis Armando Espinoza. Los nueve policías tucumanos también están siendo juzgados por la “privación abusiva de la libertad agravada por haberse cometido mediante violencia o amenazas” de las que fue víctima Juan Antonio Espinoza. Junto a ellos están en juicio los civiles Héctor Villavicencio, vigía comunal, y Gonzalo Alvaro González también por el homicidio y la privación de la libertad de Luis.

Carlos Garmendia, abogado de la familia junto a Cinthia Campos, en diálogo con Página/12 aclaró que no están juzgando una desaparición forzada, porque a Luis “lo mataron en el lugar y luego ocultaron su cuerpo”. Siete días después del crimen, la fiscalía y la policía judicial tucumana encontraron el cuerpo de Espinoza en alta montaña, en medio de precipicios y vegetación tupida, a pocos metros de Alpachiri del lado tucumano y del departamento catamarqueño de Andalgalá, por la ruta 65. Bomberos voluntarios tuvieron que colgarse con arneses, entre una densa niebla, hasta que, en una de las barrancas, a 150 metros de profundidad, hallaron el cadáver envuelto en nylon negro con una bolsa blanca en la cabeza.

Los hechos

Cuando se reanude el juicio serán citados un centenar más de testigos. Declararon ya todos los familiares y sus vecinos. La querella y la fiscalía coinciden en que la búsqueda oficial fue de una persona perdida, y que los mismos policías que lo asesinaron fueron quienes encubrieron en un principio. Luego del corte de ruta y de que el hecho tomó estado público, sobre todo por los relatos de la periodista Mariana Romero, la fiscalía se activó y detuvo al grupo de uniformados. A partir de ahí se quebraron los policías Ardiles y Zelaya, y dijeron dónde habían tirado el cuerpo.

Juan Espinoza relató que ese 15 de mayo había ido a Monteagudo con Luis a cobrar al correo una pensión en efectivo, unos 15 mil pesos, y luego fue a comer un guiso con su hija Micaela en Melcho. “Alrededor de las cuatro cuando volvía a casa, pasando la escuela, Luis y yo íbamos a caballo y nos encontramos con policías haciendo disparos, me empezaron a pegar entre cinco, escucho a mi hermano decirles que dejaran de pegarme”, relató en su declaración. “Me dejaron bajo la sombra de un chañar, y luego esposado en una zanja, le pregunté a Villavicencio por qué nos hacían eso y me dijo ‘vos no me conocés’, y se acomodó el barbijo, mientras que a mi hija le decían que no grabara, para ese momento mi hermano ya estaba muerto”, agregó. Cerca de las 21 salieron a buscar a Luis junto a los vecinos, vieron sangre y se dieron cuenta que la policía se lo había llevado. Interrogado por el fiscal Pablo Camuña, aclaró que se cayó de su caballo por los disparos iniciales y que luego de la golpiza perdió el conocimiento.

“Quedó establecido cuál fue el arma que lo mató, marca Jericho, la usaba Morales. El diseño del encubrimiento fue obra del subcomisario Montenegro, jefe de la comisaría de Monteagudo. La autopsia determinó que Luis murió en menos de un minuto desangrado porque la bala le rompió una arteria”, explicó el abogado Garmendia.

Obediencia Debida

Durante las audiencias, el defensor de Morales dijo que el asesinato se produjo porque ahí había una carrera cuadrera ilegal. “Como si eso justificara el asesinato por la espalda. Intentaron hacerle decir a los testigos de que hubo un tiroteo, pero todas las vainas fueron disparadas por los policías. Otro sector de la defensa atribuye amenazas del jefe Montenegro, y que los demás obraron por obediencia debida”, indicó el letrado. En uno de los allanamientos en la comisaría se secuestraron los cables similares a los que usaron para atar y prepara el cuerpo de Luis antes de tirarlo al barranco.

El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal Camuña, la auxiliar fiscal Lucía Doz Costa y un equipo compuesto por Cynthia Ovejero y Verónica Mibelli. En calidad de observadora está Carolina Rodríguez, de la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El caso se trata en el fuero federal luego de que en marzo de 2022 la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal hiciera lugar al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal para resolver el conflicto de competencia suscitado con el fuero provincial.

Desde el primer momento, la familia marcó la responsabilidad política del ex ministro de Seguridad provincial Claudio Maley, también responsable de otros hechos de brutalidad policial durante la pandemia y defensor del accionar policial en casos como el del niño Facundo Ferreira. Maley fue respaldado en ese momento por el gobernador Juan Manzur. Sin embargo, la acusación penal no llegó hasta ellos.

“Le pido señor juez que haga justicia por mi hermano. Dejaron a seis hijos sin su padre, dejaron a una madre que sufre intensamente todos los días la muerte de su hijo. Luis era el único que podía estar ahí para mi mamá. Todos los demás hermanos vivimos lejos”, expresó Claudia del Carmen Espinoza, la hermana de Luis Espinoza, mientras lloraba desconsoladamente frente al juez Basbús.