El Súper Niño llega a Tucumán: un especialista de la UNT advierte lo que se viene y plantea posibles soluciones
Tucumán enfrenta una temporada de lluvias que podría estar marcada por tormentas intensas, concentradas en períodos cortos y con mayor capacidad para provocar inundaciones. Aunque las precipitaciones acumuladas no necesariamente superarán los registros históricos, los episodios extremos se repiten con mayor frecuencia y encuentran a una provincia cada vez más vulnerable por el crecimiento urbano sobre antiguos cauces y zonas naturales de escurrimiento.
Así lo advirtió el ingeniero Leandro Díaz, director del Laboratorio de Construcciones Hidráulicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (Facet) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
El especialista explicó que el principal cambio observado no está necesariamente relacionado con la cantidad total de agua que cae, sino con la frecuencia de los fenómenos meteorológicos de gran intensidad.
“Si bien quizás en el milimetraje no llueva más de lo que llovió alguna vez en el pasado, ocurre más seguido”, señaló.
La advertencia cobra especial importancia ante el inicio del período de precipitaciones que se extiende desde octubre hasta marzo, cuando Tucumán suele registrar sus mayores acumulados de lluvia.
Según Díaz, durante los primeros meses de esta temporada el volumen total de precipitaciones podría mantenerse dentro de los parámetros normales. Sin embargo, esa circunstancia no descarta tormentas localizadas capaces de descargar grandes cantidades de agua en muy poco tiempo.
El ingeniero vinculó este escenario con las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, cuya fase cálida se caracteriza por un aumento anormal de la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial.
Ese calentamiento modifica la circulación atmosférica y puede alterar los patrones de precipitaciones y temperaturas en diferentes regiones del planeta.
En el escenario descrito como un “Súper Niño”, las condiciones podrían favorecer episodios meteorológicos de elevada intensidad.
A ese fenómeno se suma el calentamiento de la atmósfera, que incrementa la energía disponible para el desarrollo de tormentas y puede favorecer precipitaciones muy fuertes en sectores geográficos reducidos.
Díaz explicó que las características naturales de Tucumán también contribuyen a intensificar estos episodios.
Las montañas ubicadas al oeste y al norte de la provincia actúan como una barrera para los vientos cargados de humedad que ingresan desde el sureste.
Cuando esas masas de aire encuentran las elevaciones, pueden producirse precipitaciones intensas y de corta duración, especialmente en las zonas de piedemonte.
Esta combinación de factores meteorológicos y geográficos representa un desafío para los sistemas de drenaje de las ciudades, que deben evacuar grandes volúmenes de agua en períodos muy breves.
El director del laboratorio de la UNT distinguió dos mecanismos principales que provocan inundaciones en Tucumán.
El primero corresponde a las inundaciones pluviales, que se producen cuando la intensidad de la lluvia supera la capacidad de evacuación del sistema de desagües urbanos.
En condiciones normales, el agua que cae sobre techos, veredas y calles circula hacia las cunetas, que funcionan como los primeros conductos de escurrimiento.
Posteriormente, ingresa a través de los imbornales o bocas de tormenta hacia desagües subterráneos o canales abiertos.
En San Miguel de Tucumán, parte de ese sistema está integrado por los canales Cintura Norte y Cintura Sur, que conducen el agua hacia el río Salí.
Sin embargo, cuando las precipitaciones son demasiado intensas, la infraestructura no consigue transportar todo el caudal recibido y comienzan a producirse anegamientos.
“¿Por qué se inunda la ciudad? Porque la intensidad de la precipitación es mayor que la capacidad que tiene este sistema para evacuar las aguas”, explicó Díaz.
El segundo mecanismo corresponde a las inundaciones por desborde, que ocurren cuando un río supera su capacidad de conducción y el agua abandona el cauce para avanzar sobre terrenos cercanos.
En localidades como La Madrid, ambos procesos pueden presentarse simultáneamente y agravar las consecuencias de las crecidas.
No obstante, el especialista sostuvo que las lluvias no son el único factor que explica el aumento del riesgo hídrico.
El crecimiento de las ciudades y la ocupación de terrenos que históricamente permitían el paso o la acumulación temporal del agua incrementaron considerablemente la vulnerabilidad de la población.
Díaz explicó que el riesgo de inundación surge de la combinación de dos componentes: la amenaza natural, representada por las precipitaciones y crecidas, y la vulnerabilidad de las personas, viviendas e infraestructura expuestas.
En Tucumán, esa vulnerabilidad aumentó a medida que se construyeron barrios y urbanizaciones sobre antiguos recorridos del agua.
Como ejemplo, recordó que el actual Parque 9 de Julio formaba parte de una zona pantanosa vinculada con los desbordes del río Salí.
Antes de la regulación del río mediante el dique El Cadillal, esos terrenos funcionaban como espacios naturales de expansión del agua, que posteriormente se liberaba de manera gradual.
La desaparición o modificación de áreas con esa función redujo la capacidad natural del territorio para amortiguar las crecidas.
A este proceso se agregó la impermeabilización del suelo mediante pavimentos, construcciones y superficies cubiertas.
Donde antes el agua podía infiltrarse, ahora escurre rápidamente hacia las calles y los sistemas de desagüe, incrementando el volumen que debe ser evacuado.
El ingeniero también alertó sobre la presencia de viviendas en sectores que deberían permanecer libres de construcciones.
“Tenemos viviendas que están inclusive en el cauce mayor del río Salí”, advirtió.
Además, mencionó ocupaciones irregulares en las franjas correspondientes al Camino de Sirga, especialmente junto al canal Cintura Norte y en determinados tramos del canal Sur.
Según su evaluación, algunas de esas edificaciones nunca debieron ser autorizadas debido a los riesgos que representan para sus ocupantes y para el funcionamiento del sistema hídrico.
Otro aspecto señalado por Díaz está relacionado con la geología de la provincia.
Numerosas poblaciones tucumanas se desarrollaron sobre abanicos de sedimentos acumulados durante siglos por el agua que desciende de las montañas, conocidos como lechos de deyección.
También existen asentamientos sobre paleocauces, es decir, antiguos recorridos de ríos y arroyos que dejaron de transportar agua de manera permanente, pero que pueden volver a activarse durante precipitaciones extraordinarias.
“Estos cauces tienen una tendencia a volver por sus viejos lugares y hoy están ocupados”, explicó.
El problema se agrava porque las pendientes pronunciadas de las zonas montañosas favorecen el desplazamiento rápido del agua.
Esa velocidad incrementa su capacidad de arrastre y destrucción, mientras que la cercanía entre las áreas donde se originan las crecidas y las poblaciones expuestas reduce el tiempo disponible para adoptar medidas preventivas.
En el caso particular de La Madrid, Díaz sostuvo que determinadas intervenciones realizadas sobre zonas de bañados, entre ellas sectores vinculados con el río San Francisco, modificaron el comportamiento natural del agua.
Según el especialista, algunas de esas transformaciones no fueron adecuadamente controladas o evaluadas y provocaron aportes adicionales de caudal, lo que contribuye a que las inundaciones sean más frecuentes y prolongadas.
Frente a este panorama, consideró necesario modificar la manera en que se planifican y ejecutan las políticas de prevención.
Si bien valoró las tareas de limpieza y recuperación de cauces que realiza el Gobierno provincial, advirtió que esos trabajos no deberían limitarse a intervenciones extraordinarias antes o después de las tormentas.
“Esta prevención-mantenimiento debe hacerse todos los años”, afirmó.
En ese sentido, propuso establecer una partida presupuestaria anual específica que permita desarrollar programas continuos de conservación y recuperación de canales y cauces.
El objetivo sería intervenir de manera sistemática sobre toda la infraestructura hídrica provincial mediante ciclos de mantenimiento de dos o tres años.
Sin embargo, Díaz identificó una dificultad todavía más profunda: la ausencia de una institución encargada de coordinar la planificación hídrica a gran escala.
“No hay un organismo que tenga a su cargo la planificación a gran escala”, cuestionó.
A su criterio, Tucumán necesita una estructura capaz de anticipar distintos escenarios climáticos, desde temporadas dominadas por lluvias extraordinarias hasta períodos prolongados de sequía.
También señaló que las responsabilidades relacionadas con el manejo del agua se encuentran distribuidas entre organismos que dependen de distintas áreas del Estado.
Esa fragmentación administrativa dificulta el trabajo conjunto de profesionales que cuentan con conocimientos técnicos, pero que muchas veces no pueden coordinar sus tareas por obstáculos burocráticos.
“Técnicos bien formados en un organismo y en otro a veces no trabajan conjuntamente porque tienen dependencias distintas y hay una burocracia que no deja que trabajen juntos”, sostuvo.
El especialista consideró que los organismos estatales deben disponer de recursos humanos y tecnológicos suficientes para controlar el cumplimiento de las normas y ejecutar las políticas públicas.
En cambio, señaló que la universidad debe concentrarse en la investigación científica y en la formación de profesionales, mientras que las decisiones de gestión corresponden a las autoridades gubernamentales.
Díaz también advirtió que ninguna obra hidráulica puede garantizar la eliminación absoluta de las inundaciones.
La función de estas intervenciones consiste principalmente en disminuir sus consecuencias, reduciendo tanto la altura que alcanza el agua en los sectores urbanos como el tiempo que permanece acumulada.
Por esa razón, planteó la necesidad de complementar la infraestructura con medidas de ordenamiento territorial.
Entre sus propuestas mencionó la restricción de construcciones en zonas expuestas a inundaciones y la implementación de normas urbanísticas que establezcan límites a la superficie impermeabilizada de cada terreno.
También destacó una exigencia vigente para los nuevos emprendimientos urbanísticos: que el caudal máximo de agua que escurre después de realizar una construcción no supere al que se registraba previamente.
La finalidad de esa disposición es impedir que una urbanización traslade sus problemas de drenaje hacia otros barrios ubicados aguas abajo.
El ingeniero consideró que ese criterio podría extenderse a las viviendas particulares mediante sistemas de retención temporal del agua de lluvia.
Estas instalaciones permitirían almacenar parte de las precipitaciones y liberarlas gradualmente, evitando que todo el volumen llegue simultáneamente a las cunetas y desagües.
De esa manera, sería posible disminuir la presión sobre la infraestructura existente y reducir la necesidad de ejecutar obras de dimensiones extraordinarias.
El especialista también reclamó la elaboración de mapas de riesgo hídrico para cada ciudad y urbanización de Tucumán.
Esos estudios permitirían identificar los sectores más expuestos, establecer restricciones para construir y definir las condiciones que deberían cumplir los nuevos desarrollos inmobiliarios.
Para Díaz, la provincia necesita avanzar hacia un modelo de prevención que combine mantenimiento permanente, planificación territorial, coordinación institucional y obras hidráulicas adecuadas.
La advertencia adquiere especial relevancia ante el comienzo de una nueva temporada de lluvias, en la que podrían registrarse tormentas muy intensas aunque los acumulados generales no superen los valores habituales.
El desafío, según el diagnóstico del especialista de la UNT, no consiste solamente en construir más canales y desagües, sino también en evitar que el crecimiento urbano continúe ocupando los espacios naturales por donde históricamente circuló el agua.
