La lista Celeste y Blanca denuncia que se busca excluir hasta tres mesas para alterar el resultado. Una cautelar dictada el 19 de octubre suspendió el escrutinio definitivo hasta
resolver sus impugnaciones y dispuso un veedor judicial y el resguardo de las urnas.
La elección del Sindicato de Camioneros de Tucumán continúa atravesada por una disputa sobre el
escrutinio.
El sector que encabeza César Torres reclama que se respete el recuento que, según los
datos surgidos de la misma acta de cierre de comisios, le otorga 1.405 votos frente a los 1.352 de la lista Verde de Luis Barrionuevo, una ventaja de 53 votos.
Desde la Celeste y Blanca denuncian que se busca excluir hasta tres mesas mediante una maniobra
destinada a cambiar el resultado de la elección. Para ese espacio, dejar esos votos fuera del escrutinio impediría reconocer la decisión de los trabajadores que participaron de los comicios y respaldaron el
regreso de Torres a la Secretaría General.
El cuestionamiento también alcanza a la imparcialidad de la Junta Electoral, elegida por el misno Barrionuevo. La lista Celeste y Blanca comprobó que su
presidente es sobrino directo de Barrionuevo, uno de los candidatos a secretario general, y considera que ese
vínculo compromete las garantías del proceso, estas pruebas ya fueron presentadas en la justicia y constituyen un escándalo sin precedentes.
En ese marco, la Celeste y Blanca sostiene que la judicialización tiene como objetivo preservar los
votos emitidos y garantizar que el resultado refleje la voluntad de los trabajadores. Su planteo es que la
disputa se resuelva mediante un escrutinio transparente, con garantías para todas las listas y sin excluir votos para alterar la decisión de las urnas.
El 19 de octubre, la Justicia hizo lugar a una medida cautelar solicitada por César Gustavo Torres y
Gustavo Marcelo Caro. En el expediente 2121/26, ordenó suspender el escrutinio definitivo previsto
para ese día hasta que la Junta Electoral resolviera las impugnaciones de la Celeste y Blanca contra la
Resolución 35/2026. Una vez resueltas, la Junta debía notificar fehacientemente la fecha, la hora y el
lugar del recuento definitivo y de la proclamación de autoridades.
La resolución también dispuso la designación de un veedor judicial para supervisar las urnas y el recuento, la continuidad de la custodia policial y la preservación de las imágenes de las cámaras de
seguridad del sindicato. Con el escrutinio definitivo suspendido y bajo supervisión judicial, la Junta Electoral deberá resolver las impugnaciones de la Celeste y Blanca, que denuncia un intento de excluir
hasta tres mesas para cambiar el resultado y exige que se respete la voluntad expresada por los
trabajadores en las urnas «ELLOS PUSIERON LAS REGLAS, ELLOS CUSTODIARON Y TRASLADARON LAS URNAS, ELLOS FIRMARON LAS ACTAS DEL CONTEO DE CADA UNA DE ELLAS Y AHORA PRETENDEN EXCLUIRLAS PARA DAR DE GANADOR A QUIEN NUNCA GANÓ UNA ELECCION EN SU VIDA» CONCLUYÓ TORRES.
Fuente: Sucesos Tucumanos
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