Cambios en el Código Procesal Penal y la designación de Facundo Maggio, los ejes que generaron roces en la Legislatura

Los cruces entre la oposición y el oficialismo estuvieron al orden del día en la sesión extraordinaria de este jueves. Estos fueron los ejes más polémicos:

• Facundo Maggio

El gobernador Juan Manzur había enviado cinco pliegos para cubrir las vacantes en el Poder Judicial que recibieron el aval de la Legislatura: Sandra Alicia González como jueza de Primera Instancia de Trabajo, Carlos Santiago Caramuti en el Tribunal de Impugnación, César Gabriel como magistrado de Trabajo (los tres en el Centro Judicial de la Capital), Carlos Mariano Delgado como Defensor Oficial Penal de la II Nominación de Concepción. Y el nombramiento más controvertible fue el de Facundo Maggio como juez del Tribunal de Impugnación de la Capital.

Maggio intervino en causas “muy sensibles”, según el legislador radical José María Canelada: las valijas y la denuncia por abuso sexual contra el ex gobernador José Alperovich. “Es el sobrino político de Edmundo Jiménez, el armador de la Justicia de la impunidad: primero con Alperovich, ahora con Manzur. Como pulpo ha puesto un tentáculo en cada área sensible del fuero penal incluso en la morgue penal. (..) Hoy se eligió un juez de la impunidad”. Junto a Canelada también rechazaron su pliego los legisladores Federico Masso (Libres del Sur) y Ricardo Ascárate (UCR).

• Las reformas del Código Procesal Penal

El tiempo fue breve para un análisis exhaustivo del proyecto que busca corregir más de 50 artículos y crear 15 cargos de jueces. En ese punto coincide tanto el oficialismo como la oposición. Sin embargo, para el primero no es motivo suficiente para retrasar su sanción que comenzará a regir desde septiembre en el Centro Judicial de la Capital (ya funcionaba en Concepción).

“Ese código nuevo se discutió durante años para poder llegar a un acuerdo y de pronto dos horas antes el oficialismo nos presenta un proyecto sin ningún fundamento, sólo con un argumento, que es una falacia de autoridad porque nos dice ‘la Corte nos pide’. La Corte puede equivocarse o puedo no estar de acuerdo con ella”, sostuvo Canelada.

Nadima Pecci, de Fuerza Republicana, dijo que no niegan la necesidad de los cambios, pero deben seguirse los mecanismos institucionales para alcanzar el acuerdo de la Legislatura. “No somos una escribanía de Casa de Gobierno, no podemos ser tampoco la secretaría del Poder Judicial”, lanzó.

Ambas fuerzas solicitaron que el proyecto sea devuelto a la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales para ser estudiado y debatido en profundidad, pero fue rechazado por la mayoría de la Cámara.

El oficialismo coincidió con algunos planteos de la oposición. Gerónimo Vargas Aignasse señaló que no están haciendo una defensa irreductible del proyecto de reforma: “Lo que ha dicho la oposición también lo dijimos, pero lo hemos entendido. No es momento de poner freno a lo que nos viene bien. No hay capricho, hay una situación extraordinaria”.

No obstante Ricardo Bussi manifestó que le habían llegado mensajes de WhatsApp de jueces pidiendo copias del proyecto de ley. “No es justo lo que se está reclamando. Permítannos estudiar el tema. Dicen que es urgente, pero estamos sesionando cada 15 días. Me hace sospechar que a ojos cerrados aprobemos un código de procedimiento penal”, dijo. De nuevo se pidió reconsiderar el regreso de la reforma a la comisión correspondiente, pero fue negado sin alcanzar los dos tercios a favor. “Esa picardía le cuesta caro a la provincia”, refutó Bussi.

No hay doble intenciones, aseguró el legislador oficialista Roque Álvarez y aseveró que esa ley será reformada con otra ley. “Es cierto lo que dice Canelada, esta ley se remonta a dos o tres composiciones anteriores. Maduró a fuego lento y seguirá madurando a fuego lento. El apuro es porque faltan 24 días para aplicar el nuevo código”.

También fueron admitidas modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial y la creación de la Oficina de Gestión de Audiencias Civiles y Comerciales (OGACC).

A pesar de los cruces entre bloques y fuerzas, contaron con el visto bueno por unanimidad los proyectos para declarar con carácter simbólico el “paraje Histórico de Tucumán” a la localidad de Encrucijada (departamento de Burruyacú) en homenaje a Bernabé Aráoz, y la regulación en la instalación y utilización de videocámaras en lugares públicos y privados impulsado por Sara Alperovich. La legisladora de Hacemos Tucumán sugirió ampliaciones que fueron aceptadas parcialmente por Vargas Aignasse como presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia. Con aplausos al terminar la votación, se declaró la expropiación de un inmueble para la construcción de una Terminal de Ómnibus en San Pedro de Colalao.

Con un único voto disidente, la ley de contravenciones policiales fue adaptada para permitir la regulación de las fake news. Se incluirá una pena de hasta 10 días de arresto a quienes difundieren, divulgaren y propagaren noticias parcial o totalmente falsas y una sanción al valor de un Salario Mínimo, Vital y Móvil. “Votaré en contra porque no creo en modificar la ley de contravenciones policiales, que debería ser derogada. La vamos a vestir de rosa y vamos a decir que es linda. La seguirá aplicando el juez de policía. Estamos dando facultades ampliadas a un policía. ¿Quién dice que es verdad parcial o total de una verdad?”, advirtió Ricardo Ascárate (UCR).