Detuvieron a los dueños de una concesionaria de Yerba Buena acusados de millonarias estafas con autos

La Justicia investiga un número importante de maniobras que habrían dejado más de una decena de víctimas y millonarios perjuicios económicos. Hubo allanamientos, detenciones y secuestro de documentación.

La Justicia provincial ordenó la detención de los responsables de una concesionaria de autos de Yerba Buena acusados de haber desplegado una serie de maniobras fraudulentas en operaciones de compra y venta de vehículos que habrían dejado múltiples víctimas y perjuicios económicos millonarios.

La medida fue dispuesta por el juez Guillermo José Di Lella, del Centro Judicial Capital, a partir de un pedido de la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N°2, que solicitó allanamientos, detenciones y el secuestro de elementos vinculados a la causa.

La investigación involucra a Matías José Díaz Vier, Anabel García y Javier Alejandro Goitea, vinculados a la concesionaria DG Cars (o DG Automotores), con domicilio en avenida Solano Vera 945 de Yerba Buena, señalada como el eje de una serie de operaciones comerciales que, según la fiscalía, habrían sido utilizadas para cometer estafas.

En la resolución judicial, a la que Tendencia de Noticias tuvo acceso, se señala que el pedido fiscal se basa en un legajo principal que acumuló múltiples denuncias con un patrón de conducta similar, lo que permitiría advertir un “modus operandi repetido de los investigados”.

Una serie de denuncias acumuladas

El expediente detalla que el legajo principal S-104861/2025 reúne al menos diez actuaciones vinculadas entre sí, en las que diferentes víctimas denunciaron maniobras similares.

Uno de los casos citados por el tribunal corresponde a una mujer que adquirió una Ford Ranger mediante un crédito prendario por $11.520.000 gestionado en la agencia, dinero que fue desembolsado junto con otra suma en efectivo. Sin embargo, según consta en la causa, el vehículo nunca fue entregado.

De acuerdo con la presentación fiscal citada por el juez, la situación derivó incluso en una exigencia adicional de dinero. En la resolución se indica que “la agencia se negó a entregar el vehículo, derivando en una extorsión de $4.000.000 por parte de un tercero”.

Otro de los legajos incorporados a la investigación describe la denuncia de un hombre que entregó su Volkswagen Nivus libre de deuda a cambio de un Toyota Yaris que estaba prendado y en ejecución por una entidad bancaria.

Según surge del expediente, cuando la víctima reclamó por la situación, habría recibido amenazas. El documento judicial menciona que Díaz Vier lo habría intimidado telefónica y presencialmente.

También se investiga el caso de un cliente que buscaba comprar un Ford Fiesta y transfirió $3 millones en concepto de seña a una cuenta bancaria vinculada a una de las imputadas, sin que la operación se concretara posteriormente.

Según la investigación, todos los implicados en esta causa penal habrían operado a nombre de varias empresas vinculadas entre sí: DG Cars, DG Automotores, Credigroup S.A.S., Consulting Group S.A.S y Credicar.  

Allanamientos y detenciones

A partir del análisis de las denuncias y de la evidencia reunida por la fiscalía, el juez consideró que existían elementos suficientes para autorizar las medidas solicitadas.

En ese contexto, dispuso allanamientos en domicilios vinculados a los imputados, junto con las detenciones y el secuestro de documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa.

El juez autorizó que los procedimientos se realizaran de manera simultánea, al considerar que existía riesgo de que los sospechosos ocultaran bienes o documentación relevante para la investigación.

El objetivo de estas medidas es reconstruir las operaciones comerciales realizadas por la concesionaria, determinar el destino del dinero recibido y establecer si existieron más víctimas.

Los investigadores concentraron la búsqueda en la existencia de vehículos presuntamente involucrados en las maniobras, documentación comercial y soportes digitales.

Entre los elementos secuestrados figuran contratos de compraventa y consignación, formularios 08, títulos de propiedad, comprobantes de pago, agendas de clientes y registros contables, además de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que podrían contener información sobre las operaciones realizadas.

También se dispuso el secuestro de dinero en efectivo cuyo origen no pudiera justificarse y de rodados que aparecen mencionados en las denuncias, en un intento por reconstruir el circuito de las transacciones investigadas.

El magistrado ordenó la detención de Matías José Díaz Vier, Anabel García y Javier Alejandro Goitea, y dispuso su procesamiento por el presunto delito de estafa, previsto en el artículo 172 del Código Penal Argentino. El mismo establece que “será reprimido con prisión de un mes a seis años el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación”.

Díaz Vier es señalado en las denuncias como uno de los responsables de la operatoria de la concesionaria y como quien habría intervenido directamente en varias de las negociaciones con clientes. En algunos de los legajos acumulados se menciona que fue quien habría recibido vehículos en consignación, dinero en efectivo o transferencias bancarias, además de haber mantenido contacto directo con algunas de las víctimas cuando reclamaban por incumplimientos en las operaciones.

En tanto, Anabel García aparece vinculada a la estructura administrativa o comercial de la firma y en algunos casos como titular o receptora de cuentas bancarias a las que se habrían transferido pagos vinculados a operaciones de compraventa de vehículos investigadas en la causa.

Por su parte, Goitea es apuntado como partícipe de algunas de las operaciones comerciales y, en uno de los hechos denunciados, como la persona que habría concretado la venta de un vehículo perteneciente a una de las víctimas a un tercero, presuntamente utilizando datos falsos o documentación irregular.

En la carátula del expediente también aparece mencionado Pedro García, aunque su situación procesal no surge con el mismo grado de detalle en las resoluciones que ordenaron los allanamientos y las detenciones, por lo que su rol dentro de la investigación deberá definirse a medida que avance el proceso.

La postura de la defensa

Desde la defensa de los imputados, el abogado Patricio Char cuestionó la calificación penal de los hechos y planteó que el conflicto debería analizarse en el ámbito comercial. “En una Argentina golpeada por la crisis económica, donde empresas, comercios y hasta entidades financieras atraviesan enormes dificultades, no podemos confundir una estafa con un incumplimiento contractual”, sostuvo el defensor.

En esa línea, el letrado afirmó que para que exista delito debe acreditarse una maniobra fraudulenta deliberada. “El derecho penal exige dolo y una maniobra fraudulenta concreta, no simplemente la imposibilidad de afrontar obligaciones económicas en un contexto crítico como el actual”, remarcó Char.

Cómo sigue la causa

La causa fue caratulada provisoriamente como estafa, delito previsto en el artículo 172 del Código Penal.

La investigación está a cargo del fiscal Fernando Blanno, quien dispuso la apertura formal del proceso penal y una serie de medidas investigativas para determinar el alcance total de las maniobras denunciadas.

Los investigadores no descartan que puedan aparecer nuevas víctimas, ya que varias de las operaciones analizadas se extendieron durante meses y bajo distintas modalidades comerciales.

La pesquisa busca establecer además el monto total del perjuicio económico generado por las operaciones atribuidas a los imputados y determinar si existieron otros posibles partícipes en las maniobras.