Empleada legislativa fue procesada por estafas millonarias con la venta de viviendas sociales del IPV
Una empleada de la Legislatura provincial identificada como María Alejandra Arrieta fue procesada y dictada con arresto domiciliario tras ser acusada de perpetrar múltiples estafas reiteradas mediante la falsa venta de casas y terrenos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). El perjuicio económico estimado supera los 14 millones de pesos.
La investigación se inició a raíz de las denuncias radicadas por al menos cuatro víctimas, cuyos casos fueron reunidos por el fiscal Diego López Ávila, titular de la Unidad Fiscal correspondiente.
El modus operandi de los engaños
De acuerdo con el expediente judicial, la imputada se valía de su condición de trabajadora estatal y falsamente aseguraba poseer contactos políticos, influencias gremiales y llegada directa a las autoridades del IPV para convencer a los damnificados, personas trabajadoras que desde hace años buscaban acceder al sueño de la casa propia.
El detalle de los cuatro hechos investigados comprende:
Primer caso: A fines de 2022, ofreció la supuesta adjudicación de una vivienda en la localidad de San Andrés a cambio de más de 3 millones de pesos. Ante la falta de entrega, dilató la situación con falsas excusas.
Segundo caso: En noviembre de 2023, bajo la fachada de ser abogada y gestora vinculada a un gremio, solicitó dinero para adelantar trámites por un inmueble en Manantial Sur, el cual nunca se concretó.
Tercer caso: En abril de este año, prometió gestionar la recuperación legal de una vivienda social también en Manantial Sur, percibiendo montos millonarios sin cumplir con lo pactado.
Cuarto caso: Recientemente, en agosto, captó a otra víctima improvisando contacto durante un viaje en vehículo de aplicación, haciéndose pasar por abogada y representante gremial para cobrar adelantos por la compra de un terreno y gestiones administrativas.
