Intendentes opositores presentarán las bases de una nueva ley de coparticipación
Apuntan a dos cambios sustanciales: que se coparticipe ingresos brutos y que se determinen los índices de distribución de acuerdo a la información oficial suministrada por los censos.
“Necesitamos un instrumento que nos permita hacer la transición desde el Pacto Social al nuevo régimen de coparticipación. Se tiene que fijar una pauta objetiva y transitoria de la relación entre la Provincia y los municipios”, introduce Sebastián Salazar, ex intendente de Bella Vista. “Porque en este momento, todo es unilateral. Desde el minuto cero de 2024, la distribución debe ser equitativa y justa”, agrega el legislador Manuel Courel.
Los intendentes de Yerba Buena, Concepción y Bella Vista -Pablo Macchiarola, Alejandro Molinuevo y Ana Paula Quiles- recibirán este viernes un espaldarazo político de los diputados radicales Mariano Campero y Roberto Sánchez y de los legisladores de ese espacio: Courel, Silvia Elías de Pérez, Pepe Saleme, José Cano, Agustín Romano Norri, Raquel Nievas; y del referente del PRO José Macome. Estarán también Salazar y el concejal capitalino José María Canelada.
Pero más allá de la foto de respaldo, en el encuentro conversarán sobre este nuevo instrumento transitorio al que hace mención Salazar y presentarán, fundamentalmente, las bases de una nueva ley de coparticipación, cuyo borrador apunta a dos cambios sustanciales con respecto al mecanismo actual: primero, que se coparticipe ingresos brutos u otros impuestos que lo reemplacen.
Una segunda modificación importante que contiene este nuevo proyecto radical es que se determinen los índices de distribución de acuerdo a la información oficial suministrada por los censos. Esto implicará que los índices se modifiquen a partir del 1 de enero de cada año posterior a la realización de un censo. Actualmente, se toma un coeficiente vigente desde 1991.
El modo en que la Provincia distribuye los fondos a los municipios que se encuentran dentro del Convenio Consensuado de Fondos Unificados (antes conocido como “Pacto Social”, Ley 8.829; hoy Ley de Coparticipación 6.316) quedó en el centro de la polémica cuando en septiembre Campero y Salazar denunciaron que el Gobierno hace un reparto discriminatorio de la masa coparticipable -reintegrable y no reintegrable-.
“Consideramos inconstitucionales las leyes de coparticipación y del Pacto Fiscal. Creemos que lesionan las autonomías municipales porque permiten al Gobierno manejarse con discrecionalidad. Con esto, buscamos que cada municipio reciba lo que le corresponde”, prosigue Campero.
