Masso participó del XV Concejo Provincial de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, junto a su par de Salud, Luis Medina Ruiz, encabezaron la decimoquinta apertura de sesión del Consejo, de la que además formó parte el Dr. Federico Moyekens, Juez Penal de Menores, con quien trabajaron articuladamente sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil, que recientemente entró en vigencia, diagramando una labor mancomunada para contar con herramientas efectivas y operativas de manera interinstitucional entre los diferentes poderes del Estado.
La jornada se realizó en el Salón Bicentenario de Casa de Gobierno, y estuvieron también presentes Graciela Sare, a cargo de la SENAyF y presidenta del Consejo; Gilda Zurita, quien encabeza la DINAyF y oficia como Secretaria del espacio; la consejera y secretaria de Articulación Territorial y Desarrollo Local, Elisa Josefina Zarate; la subdirectora de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, Andrea Salinas Saguir; junto a representantes de diferentes ministerios: Marcelo Montoya (Salud), María Gabriela Gallardo (Educación), Gladys Carpio Valero (Seguridad), María Eva Ruiz (Interior), Andrea Colina (Economía), entre otros.
Referentes del Ministerio de Desarrollo Social – Tucumán destacaron la importancia del trabajo colectivo para una correcta interpretación e implementación de la reciente Ley 27.801, que comenzó a regir el 5 de septiembre de 2026 y reduce la edad de imputabilidad de una persona para ser juzgada por un delito de 16 a 14 años. De este modo, y teniendo en cuenta los desafíos que esto representa, el Estado Provincial busca poner a punto dispositivos específicos y fortalecer su red institucional, reafirmando el compromiso con la protección integral de este sensible grupo.
En esta línea, desde el Gobierno de Tucumán que encabeza Osvaldo Jaldo, indicaron que el régimen busca garantizar una respuesta especializada frente al quebrantamiento de las normas, respetando las garantías del debido proceso y los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño, promoviendo además la educación, la resocialización y la integración del adolescente, en conjunto con la protección efectiva de sus derechos y el de las víctimas.
