Suman 6 los imputados por amenazas de bombas a colegios

El Ministerio Público Fiscal avanza con las investigaciones y tiene en la mira a alumnos, padres y representantes de los colegios. Prisión preventiva y embargos millonarios, las estrategias elegidas para disciplinar a quienes perturban el orden público.

Agosto fue un mes agitado, signado por la viralización de una nociva tendencia que mantiene en vilo a toda la comunidad educativa y que genera gastos innecesarios de recursos del Estado, a la vez que provoca enojo, estrés, pánico y malestar generalizado en la sociedad. Si bien los primeros casos se dieron en marzo, las denuncias falsas por presuntos explosivos en establecimientos educativos encontraron su momento álgido en agosto, llegando a registrarse hasta 17 amenazas en un solo día.

En respuesta a la ola delictiva, el Ministerio Público Fiscal (MPF) abrió un centenar de expedientes para dar curso a las investigaciones en busca de los responsables, las que finalmente comenzaron a dar sus frutos a mediados de este mes. En 5 audiencias celebradas en la última semana y media, 6 personas resultaron imputadas por el delito de intimidación pública, para quienes se dictaron diferentes medidas de coerción, que van desde prisión preventiva hasta embargos por 3 millones de pesos.  

La primera de las audiencias se realizó el pasado 23 de agosto, en la que fue imputada una mujer de 36 años por amenazas que corresponden a la Escuela Técnica N°3, donde debieron ser evacuados 600 alumnos y 20 profesores, hecho ocurrido el 18 de mayo. La titular de la fiscalía de Delitos Complejos, Mariana Rivadeneria, logró arribar a la presunta autora, madre de un alumno del establecimiento, a través de un rastreo de la línea telefónica utilizada para perpretar la amenaza. Mientras avanza la causa, la encartada deberá fijar domicilio y someterse al proceso, no cometiendo actos que puedan interpretarse como un intento por entorpecer la investigación y dándose cita cada semana ante el MPF, por el término de 3 meses.

Este miércoles 30 de agosto, se realizó la segunda audiencia de formulación de cargos en contra de otra madre de un alumno, en este caso del colegio San José de Calasanz, por el mismo delito, cometido también el pasado 18 de mayo. En este caso, la justicia ordenó que las medidas -mismas que recibió la anterior imputada- se extiendan por el plazo de 6 meses. A la encartada también se le prohibió la salida de la provincia mientras dure la investigación.

Las otras 3 audiencias se realizaron este jueves y en las mismas fueron acusados formalmente por el delito de intimidación pública 4 personas: una joven de 18 años, alumna de la Escuela Juan Luis Nougués; la madre de un alumno del Colegio Nacional; y otras dos personas vinculadas al Colegio San Francisco, una de ellas identificada como la representante legal de la institución.

En el primero de estos casos, la justicia decidió dictar prisión preventiva por el término de 2 meses (fue trasladada a la unidad penitenciaria 4) y ordenó el embargo de bienes por un monto de 3 millones de pesos. Según informaron desde el MPF, la joven mujer envió mensajes al Whastapp de una docente en dos ocasiones (a las 00:57 y a las 9:00 del lunes 7 de agosto), advirtiendo sobra la presencia de explosivos en varios lugares del establecimiento. Al día siguiente, y para intentar librarse de culpas -siempre según la fiscal-, denunció como robado el aparato que se habría utilizado para la amenaza. 

«El peligro procesal está dado porque se falseó un dato pidiendo la suspensión de la línea y el acto posterior (por parte de la defensa técnica) de adjuntar un teléfono distinto del que provinieron las amenazas”, afirmó Rivadeneira para justificar el pedido de prisión preventiva para la estudiante y un embargo de $3.000.000 (por el término de seis meses –que demandará la investigación-).

Para la mujer a quien Rivadeneira imputó por una amenaza de bomba en el Colegio Nacional, hecho que también se registró el 7 de agosto, también se dictó la prisión preventiva por dos meses y la inhibición de bienes.

En el caso en el que se investiga a los responsables de las amenazas que provocaron la evacuación del Colegio San Francisco el pasado 1 de agosto, la fiscal identificó a una mujer de 60 años, que sería la representante legal de la institución, y a un hombre de 46 años, como lo autores de los correos intimidatorios, rastreando el IP desde donde partieron y que coinciden con los domicilios de los imputados. En función de este dato, el juez interviniente ordenó la prisión preventiva por 29 días y un embargo por 3 millones de pesos para cada uno.

Según detalla la acusación, para el envío de los mail utilizaron, de manera conjunta y coordinada entre ambos previo acuerdo de voluntades, conexiones a internet que fueron rastreadas hasta dos empresas, una cuya titular es la mujer (desde el IP asociado al domicilio ubicado en barrio Lomas de Tafí, Tafi Viejo) y otra que es propiedad del otro encartado (ubicado en calle Bolívar al 1500, en la capital).