Ya son siete los detenidos en la causa por una megaestafa inmobiliaria
Se dispuso la prisión preventiva en contra de otros tres acusados (dos hombres y una mujer) de integrar una asociación ilícita.
Este sábado 10 de octubre se realizó la audiencia correspondiente al control de las detenciones, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción. El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego Alejo López Ávila, quien fue representado por la auxiliar de fiscal Emely Rafael.
La auxiliar de fiscal procedió a describir los hechos y la calificación legal en contra de los imputados, dos hombres de 23 y 48 años y una mujer de 34, por los delitos de asociación ilícita y estafas reiteradas, solicitando como medidas de coerción de máxima intensidad la prisión preventiva por 32 días (hasta el 10 de noviembre), ante la existencia de los riesgos procesales y para avanzar en la investigación.
El juez interviniente resolvió hacer lugar al pedido de medidas privativas de la libertad solicitado por parte del representante de la acusación pública por los plazos requeridos durante la audiencia.
La organización
De acuerdo a la acusación, el principal acusado, en su condición de ideólogo, organizador y jefe de una estructura criminal de carácter familiar y societario, operando bajo la fachada comercial de la empresa “Contru Servicios” y otras denominaciones de fantasía, dirigió desde 2021, una continuada maniobra destinada a la comisión de defraudación y estafas reiteradas.
En el despliegue de dicha actividad delictiva, actuó valiéndose de un estricto reparto de roles, contando con la participación indispensable de sus socios, quienes aportaban la logística para simular actividad y estructura corporativa, así como de un engranaje financiero conformado por familiares y allegados.
Según la teoría del caso, en sus inicios, bajo directo control del líder de la organización, ofreció y celebró falsos contratos de locación de obra destinados a la construcción de viviendas bajo la atractiva modalidad «llave en mano», e intervino en la venta fraudulenta de lotes que no les pertenecían, recibiendo a cambio millonarias sumas de dinero en efectivo, vehículo y propiedades, llevando adelante estas captaciones patrimoniales con pleno conocimientos que los fondos y bienes recibidos no serían destinados al complimiento de las obligaciones pactadas.
Posteriormente, la organización fue ampliando su operatoria criminal hacia otras modalidades defraudatorias, comenzando el grupo a adquirir bienes muebles de alto valor y cantidades masivas de materiales de construcción, simulando una falsa solvencia. El verdadero propósito de esta maniobra era apoderarse de dicha mercadería de manera ilícita, para luego comercializarla en el mercado en beneficio propio.
Además, aparentando gran solvencia económica, y bajo la excusa de necesitar liquidez para financiar los falsos proyectos inmobiliarios, solicitaban a las victimas reiteradas entregas de millonarias sumas de dinero y a cambio entregaban decenas de cheques de pago diferido.
Para mantener ese engaño y retroalimentar el sistema, los primeros instrumentos eran abonados a su vencimiento, generando una falsa confianza que inducía a las víctimas a inyectar más capital.
Finalmente, en el momento planificado, cortaban la cadena de pago, los cheques comenzaban a ser devueltos sistemáticamente por falta de fondos o cuentas cerradas, y consumaban un desfalco colosal, intentando luego encubrirlo ofreciendo garantías ficticias.
Como consecuencia directa de su accionar, las obras fueron abandonadas, las transacciones inmobiliarias resultaron ser estelionato, los proveedores perdieron su mercadería y el circuito financiero resultó ser un desfalco colosal, sin que ninguno de los miembros brindase solución alguna.
